martes 11 de agosto de 2020

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Editorial

Políticos y jueces contra la prensa independiente

El periodista no está exento de su responsabilidad como cualquier ciudadano frente a cualquier delito cometido, pero suponer que obtener información confidencial es en sí mismo algo ilegal constituye una aberración institucional

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Pese a todas las promesas que antes de asumir, e incluso después, el presidente Alberto Fernández expresó en cuanto a su compromiso con la defensa irrestricta de la libertad de expresión y su correlato en la libertad de prensa, vienen siendo demasiadas las evidencias de que, por acción u omisión, las ha olvidado.

Bajo la excusa de la investigación de una trama de complicidades entre los servicios de inteligencia y el poder político durante el gobierno macrista, Federico Villena, un juez de más que manifiesta parcialidad hacia los sectores más extremistas del actual oficialismo, intentó emprenderla contra determinados periodistas acusándolos de obtener información de espías que aprovechando sus accesos a los informes de las organizaciones de inteligencia, los utilizaban como divulgadores de sus tramoyas. Incluso se intentaba sostener la hipótesis, para implicarlos judicialmente aún más, de que los periodistas al obtener de ellos ciertos datos, eran partes de dichos servicios de espionaje.

Fue tanto la arbitrariedad demostrada por el juez Villena que desde la Cámara correspondiente se decidió su separación en estos casos tan resonantes y tan complejos. Sin embargo, el apoyo monumental que desde el poder político oficialista y desde el periodismo afín al mismo, se efectuó hacia estas delirantes acusaciones, hace suponer que detrás del juez se  expresa toda una corriente política que busca limitar y hasta acabar con la libertad de prensa en la Argentina, profundizando lo que ya se intentó durante la última presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Más allá de la intimidación y hasta de las amenazas de prisión hacia comunicadores que solo cumplen su deber de informar desde una lógica independiente del poder político, lo que se busca es un avance conceptual muy grave sobre la libertad de prensa:_la de que los periodistas deban revelar sus fuentes de información a la justicia, acabando con una de las garantías básicas para ejercer con libertad dicha profesión. Vale decir, la de declarar como delito el mantener en secreto las fuentes  de donde el periodismo obtiene los elementos con los cuales informar al público sobre la realidad y la verdad.

De ocurrir una barbaridad semejante el poder político y sus jueces adictos condicionarían de un modo tremendo a la prensa, que es lo que en realidad se viene buscando desde hace mucho tiempo:_un periodismo servil, domesticado, que deje de ser un control del poder para formar parte del mismo, de modo subordinado.

El periodista no está exento de su responsabilidad como cualquier ciudadano frente a cualquier delito cometido, pero suponer que obtener información confidencial es en sí mismo algo ilegal constituye una aberración institucional. De avanzar por este camino se haría retroceder la república y la democracia a la prehistoria.