La espera por la mejora de barrios populares

La Cámara de Diputados aprobó la creación de un comité provincial para la integración socio urbana de los barrios populares de Mendoza. En total y según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) de junio pasado, en Mendoza existen unos 317 conglomerados de este tipo.Son barrios muy precarios, en los cuales sus ocupantes, unas 200 mil personas, aproximadamente, viven mal, con baja disponibilidad de servicios básicos.

La intención es que esas radicaciones o asentamientos reciban sustanciales mejoras y se integren a la trama urbana de los distritos. Urge empezar con las obras de transformación de todos estos lugares, radicados en el Gran Mendoza, pero existentes en el resto del territorio.

La aprobación en Diputados del proyecto de creación del comité para la integración de estas barriadas pasó al Senado, donde se aguarda que también sea convalidado en un tiempo perentorio.De esta forma, la provincia adheriría a lo dispuesto por la Ley Nacional 27.453 y modificatorias.

La iniciativa sostiene en el articulado que “el comité será un órgano participativo de gestión y coordinación conjunta para el debate, diseño, planificación, control e implementación de políticas públicas en materia habitacional e integración social y urbana de los barrios populares”.

El comité, “actuará, vinculado funcionalmente con los poderes Legislativo y Ejecutivo, en este último caso a través del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública y el Instituto Provincial de la Vivienda”.

Casas sustentables, a favor del ambiente

Poner en marcha mejoras estructurales en sitios que en general conforman barriadas marginales, contribuirá a elevar la calidad de vida de mendocinos y mendocinas obligados ahora a residir en medio de muchas estrecheces. Estamos hablando de por lo menos 20.000 familias, que son las que ocupan estos terrenos, privados de elementales prestaciones.

Es fundamental que la comisión cumpla, en el momento en que se oficialice, con un cometido de máxima utilidad, y no se convierta en un ámbito de demora y dispersión de responsabilidades, como suele pasar con este tipo de organismos.

Por ello, interesa definir la responsabilidad propia de la comisión y la de los demás actores que concurren en la producción del hábitat social.

Para ese cometido, en la integración del mecanismo a crearse podría considerarse la presencia de representantes de universidades, mutuales, cooperativas y uniones vecinales. También sería útil la presencia del IPV, los municipios, la Defensoría del Pueblo de Mendoza, las mesas de enlace y los movimientos populares.

El instituto que se creará tendría que tener, asimismo, como función propia y exclusiva, el seguimiento y control de acciones en favor de la integración socio urbana de las villas y asentamientos de Mendoza inscriptos en Renabap. Reservándose el monitoreo de la vigencia e implementación de políticas públicas provinciales de hábitat y vivienda para los sectores de menores ingresos; disponibilidad y flujo de recursos financieros; gestión de transferencia de terrenos y regularización dominial de inmuebles ocupados; formulación y avance de proyectos de urbanización y vivienda, y cumplimiento de las acciones de responsabilidad de las áreas ejecutivas oficiales (IPV, municipios) y de las entidades solidarias de base comunitaria con mandato otorgado por los vecinos residentes.

También podrían considerarse experiencias de anteriores políticas y programas de Mendoza de mejoramiento de barrios populares (Ayuda Mutua, PEVI, Hábitat Básico, municipios y Desarrollo Comunitario, Mendoza sin Villas).

Tampoco debe faltar la capacitación de dirigentes barriales en la constitución de mesas de trabajo en cada barrio, formación de entidades solidarias y ejecución de proyectos urbanísticos y de vivienda.