Falta de respuesta estatal ante la violencia creciente

Nadie debería permanecer indiferente ante los claros síntomas: sin prisa pero sin pausa, estamos regresando a los tiempos previos a la organización nacional, cuando en los vastos espacios sin ley cada uno velaba por sí y defendía sus intereses y propiedades con los recursos disponibles y al margen de toda ley.

Si se piensa que lo expuesto en el párrafo anterior conlleva cierta dosis de tremendismo, habría que detenerse en los datos crudos de la realidad: casi a diario, las crónicas narran episodios en los que vecinos agobiados por el crecimiento de la inseguridad apelan a sus propias fuerzas para compensar la ausencia de representantes de la ley –y de prevención– y repelen un asalto domiciliario con el saldo de algún causante herido o muerto.

Y el posterior debate, en el que la víctima pasa a la condición de victimario ante fiscales que deben explicar por qué alguien se excedió en la legítima defensa.

Para redundar, podría mencionarse la repetición de hechos en los que arrebatadores callejeros caen en manos de viandantes que los someten a la ley de la calle y a acciones que no son sino linchamientos.

Y la tácita aprobación de estas conductas por parte de una sociedad agobiada, en la que prima la sensación de desamparo.

Lo cierto es que a toda sociedad le lleva siglos constituirse como tal y comprender que no hay justicia posible si esta no se delega y ejecuta a través de un poder independiente, ante el que todos deben someterse.

En resumen, que la justicia deja de ser una acción que cada uno busca o concreta por las suyas.

Lo que tanto cuesta construir es minado y rápidamente destruido por acción u omisión de los poderes constituidos, cuando la política se distancia de la gente y deja de representarla, y las leyes se convierten en textos muertos que muchos se empeñan en esquivar, casi siempre con éxito.

Poderes que dejan de ser independientes y hacen de la indiferencia un hábito contribuyen a instalar la convicción de que no hay instancia a la que se pueda acudir.

Una Justicia que ha perdido la credibilidad es el mejor caldo de cultivo para que todos y cada uno se autoconvenzan de que cada quien debe velar por lo suyo a como dé lugar.

Ciertamente, este cuadro se repotencia por una sociedad crispada y siempre al borde del estallido, en la que se suceden los casos diarios de microviolencia, el deterioro constante de las relaciones interpersonales y el manifiesto abuso de posición de quienes apelan al número y la prepotencia para condicionar sin empacho alguno las vidas ajenas.

Todo ello posibilitado porque para que muchos incumplan, otros olviden hacer cumplir.

La muy imperfecta sociedad argentina lleva décadas tratando de decontruirse, encerrada en un círculo no precisamente virtuoso.

Y el solo detalle de que un candidato mediático esté abogando por la libre portación de armas debería llamarnos a reflexión.

Hace ya siglos que el contrato social, o sea el libre acuerdo entre todos para integrar una sociedad compartida, pudo superar el estadio aquel en que el hombre era considerado lobo del hombre. Sin embargo, son muchas las veces en que pareciera que ese contrato social está dejando de tener vigencia.