El caso Milagro Sala y la Corte Suprema de Justicia

Según la visión del mandatario, Sala debiera estar en libertad porque “el delito más grave” que cometió sería “administración fraudulenta”, cuya pena máxima es de seis años.
Según la visión del mandatario, Sala debiera estar en libertad porque “el delito más grave” que cometió sería “administración fraudulenta”, cuya pena máxima es de seis años.

Los ataques del oficialismo a la Justicia se apoyan en la teoría del lawfare: ciertos líderes políticos son acusados judicialmente para defenestrarlos; no serían delincuentes, sino presos políticos.

El presidente Alberto Fernández criticó a la Corte Suprema de Justicia en una entrevista radial. Su punto de partida fue el caso de Milagro Sala, condenada en varias causas.

Según su visión, debiera estar en libertad porque “el delito más grave” que cometió sería “administración fraudulenta”, cuya pena máxima es de seis años.

Pero en una instancia del proceso que no precisó se agregó la figura de asociación ilícita.

En marzo de 2020, la causa llegó a la Corte Suprema, que todavía no emitió su fallo.

La conclusión presidencial fue que “algo está funcionando mal” si la Corte tarda dos años en expedirse sobre la detención de una persona, pero en menos tiempo resuelve el pedido de dos jueces que recurrieron al instrumento del per saltum para sortear instancias previas.

Se refería a los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

A mediados de 2020, el Gobierno pidió que se revisaran los traslados de jueces federales definidos por Mauricio Macri argumentando que eran inconstitucionales.

Entre ellos, los dos nombrados, que habían procesado a Cristina Kirchner en casos de corrupción.

La Corte falló que los jueces trasladados debían volver a sus antiguos cargos una vez que se realizaran los concursos correspondientes para designar a sus reemplazantes.

El fallo no satisfizo al Gobierno.

En cuanto a Sala, recordemos que fue condenada en varias causas: a dos años de cárcel de cumplimiento efectivo bajo arresto domiciliario por amenazar a policías; a cuatro años de cárcel por lesiones graves contra un dirigente social; a tres años por un escrache violento al entonces senador jujeño Gerardo Morales (hoy gobernador); y a 13 años por asociación ilícita, defraudación al Estado y extorsión en la causa “pibes villeros”, por haber desviado unos 60 millones de pesos destinados a la construcción de viviendas sociales.

En febrero del año pasado, la Corte rechazó un pedido de queja presentado por Sala, con la expectativa de que se anulara una de estas condenas.

En realidad, en el discurso del oficialismo, las supuestas diferencias que hace la Justicia al abordar las causas que involucran a una dirigente social y a unos jueces sirven como argumento a favor de la teoría del lawfare: ciertos líderes políticos son acusados judicialmente para defenestrarlos; no serían delincuentes, sino presos políticos.

Ese razonamiento busca decir que un posible fallo condenatorio de Cristina Fernández sería otro ejemplo de lawfare.

El problema es que así, desde la cima del Poder Ejecutivo, se deslegitima a la máxima autoridad del Poder Judicial y se pone en duda el funcionamiento de toda su estructura.

Un planteo a todas luces inadmisible que, una vez más, el oficialismo pondrá en escena en las calles de Buenos Aires el próximo 1° de febrero, con una marcha contra la Corte.

Será la repetición de la que se realizó en enero del año pasado bajo la consigna “La Corte es el basurero de la democracia”.

El oficialismo debe entender que por su responsabilidad institucional no le corresponde estimular acciones y discursos de este tipo, que no hacen más que herir a la República y a generar más y más divisiones.

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