Cuando la Justicia le pone freno al dirigismo político

La jueza Capuchetti y el fiscal Taiano
La jueza Capuchetti y el fiscal Taiano

Desde todo punto de vista el frustrado ataque a la Vicepresidenta es repudiable, lamentable. No obstante merece serios reparos que los intereses políticos o personales de quienes ejercen la función pública pretendan forzar el rumbo de la acción judicial.

Saliendo al cruce de una nueva embestida de la vicepresidenta de la Nación contra la Justicia, el camarista federal Leopoldo Bruglia rechazó la recusación de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que investiga las causas del frustrado atentado contra la doctora Cristina Kirchner la noche del 1 de setiembre último frente a su domicilio en el barrio de Recoleta en la Capital Federal.

Bruglia, uno de los magistrados a los que el kirchnerismo pretende remover a toda costa, decidió la confirmación de la jueza, que se había apartado del caso hasta que se resolviese el planteo en su contra.

Consideró que, con la recusación, la defensa de la Vicepresidenta no logró poner en evidencia la falta de imparcialidad que fue denunciada contra la magistrada.

Es sabido que un gran desafío político que desvela al kirchnerismo consiste en desarticular las causas por corrupción que involucran a Cristina Kirchner en su condición de ex presidenta de la Nación, como también a muchos de sus ex colaboradores y allegados.

No se descarta que en los próximos días se expida el tribunal que analiza el pedido de condena elaborado por la fiscalía en el denominado caso Vialidad.

El avance sobre la justicia independiente, es pertinente recordarlo, se puso en marcha durante los mandatos presidenciales de Cristina Kirchner con un rótulo de democratización, pero ya con la correspondiente estrategia de contar con una dotación de magistrados afines en lo ideológico e influenciables en cuanto a la resolución de causas comprometedoras.

En ese contexto, el intento de asesinato ocurrido hace casi tres meses le da motivos al oficialismo para insistir con el argumento de que los procesos que se ventilan en la Justicia son parte de una conspiración política, judicial y mediática.

Y que, por lo tanto, no se les puede atribuir a los extraños sujetos acusados del intento de ataque de ser los autores intelectuales y financistas de la operación, sino a supuestas mentes criminales seguramente provenientes de la oposición.

Por otra parte, la Cámara Federal que rehabilitó a la jueza del caso sí tuvo en consideración un planteo de la defensa de la vicepresidenta de la Nación.

En efecto, dispuso que la jueza María Eugenia Capuchetti profundice la investigación de lo que los abogados de Cristina Fernández de Kirchner consideraron “la pista Milman”.

Se trata del diputado Gerardo Milman, de Pro, al que le atribuyen haber dicho en una confitería una frase comprometedora con relación al atentado con el que intentaron matar a la principal referente del espacio gobernante.

Esta parte de la trama cuenta con argumentos poco fehacientes a juzgar por las inverosímiles declaraciones del supuesto testigo.

Pese a ello es muy importante que el tribunal que consideró la situación de la jueza del caso le pida a ésta que agote todas las instancias posibles para determinar si los argumentos en contra del mencionado legislador tienen algún tipo de sostenibilidad.

Desde todo punto de vista el frustrado ataque a la Vicepresidenta es repudiable, lamentable.

La violencia siempre es un grave desafío para la vida democrática, que debe sustentarse en el disenso y la tolerancia.

En ese marco merece serios reparos que los intereses políticos o personales de quienes ejercen la función pública pretendan forzar el rumbo de la acción judicial.

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