Atropellos políticos sindicales en las obras sociales

El decreto presidencial que impide que los afiliados que ingresen a la actividad laboral cambien de obra social por el lapso de un año es una nueva intromisión del Estado en la libertad de elección de los ciudadanos.

Desde distintos sectores apuntan a que Alberto Fernández benefició a sindicalistas con la limitación a las obras sociales. Archivo
Desde distintos sectores apuntan a que Alberto Fernández benefició a sindicalistas con la limitación a las obras sociales. Archivo

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) 438, firmado por el Presidente de la Nación, corrobora que se puede gobernar de forma autocrática aun cuando en lo formal los tres poderes propios del sistema democrático funcionen. Es decir: se puxfede eludir el necesario debate parlamentario que los grandes temas ameritan.

Entregado como ofrenda a una legión de popes sindicales, lo que ratifica alianzas necesarias en tiempos electorales, el decreto 438 impone que los afiliados que ingresen a la actividad laboral no cambien de obra social por el lapso de un año. O sea que durante ese tiempo serán cautivos del sistema de salud del gremio respectivo, sin importar si este funciona bien o mal o si sus aportes reciben la contraprestación de servicios de calidad. Esto en un contexto en que las cúpulas propietarias de no pocos gremios desfinanciaron a sus sistemas de salud, a la vez que los usan como cajas propias que nadie controla. Cajas que, de manera periódica, reciben el auxilio salvador del Estado.

Por supuesto, a nadie se le ha ocurrido recabar la opinión de los cuatro millones y medio de ciudadanos afectados por esta medida, lo que podría haber sido considerado si en el tema se inmiscuyera el Congreso de la Nación. Pero las urgencias de gremios acostumbrados a no explicar sus finanzas siempre pesan más, aun cuando en el camino los mal pensados de siempre se pregunten si este no es un nuevo avance sobre las libertades individuales por parte de un gobierno enamorado de los DNU, en un viaje sin retorno hacia una autocracia rioplatense a la que el concepto de “presidencialismo” le va quedando chico.

Esos cuatro millones y medio de personas afectadas pasan de tal manera a engrosar la lista de quienes a diario ven cómo se va cerrando el cerco sobre derechos inalienables, mediante decretos que tendrán un destino cantado: alta litigiosidad que será zanjada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Pero el componente que se repite no tiene nada de casual, dado que el blanco elegido es otra vez ese sector de la sociedad que aún puede aspirar a un empleo calificado, de ingresos medios y altos, y así elegir un sistema de salud acorde con lo que aporta. El decreto 438 le quita ese derecho, para dejarlo en manos de quienes probablemente cobren por lo que nunca les darán a los afiliados.

Esa multitud es blanco fácil. ¿Por qué? “Nunca nos votan”, responden desde los despachos oficiales, por lo que la eventual disconformidad poco cuenta. Se ratifica de esta manera que se gobierna para algunos y contra no pocos.

Antiguamente, los mineros llevaban un canario enjaulado a la profundidad de los socavones, dado que ante un escape de gas el ave perecería primero. Quizá muchos no lo hayan percibido aún, pero el canario ya está en la mina.

Convendría no olvidarlo, a la espera de algún nuevo DNU que no tardará en llegar.

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