Ajustes para unos y privilegios para otros

El verdadero ajuste que debe aplicar la dirigencia política tiene que apuntar a los nichos del Estado que conviven con un gasto superfluo, burocrático e ineficaz.
El verdadero ajuste que debe aplicar la dirigencia política tiene que apuntar a los nichos del Estado que conviven con un gasto superfluo, burocrático e ineficaz.

La discusión no debe centrarse en si es necesario restringir los egresos de un Estado que padece un déficit crónico, sino en la calidad del gasto público y en el destino de partidas millonarias.

El paulatino restablecimiento de algunas actividades de los denominados sectores críticos no despeja en forma total las dudas sobre qué sucederá con miles de emprendimientos y con los empleos en las pymes.

El Gobierno nacional rehúye usar la palabra “ajuste”, pero para las pymes y para los casi nueve millones de argentinos que dejarán de percibir la ayuda estatal y el ingreso familiar de emergencia (IFE), respectivamente, se trata, ni más ni menos, de un recorte a sus escuálidos ingresos.

Todo sucede en un contexto en que los sectores considerados críticos, como el entretenimiento, la hotelería, las manifestaciones de la cultura, el turismo, el esparcimiento y la gastronomía aún no recuperaron los niveles de prepandemia.

La administración de Alberto Fernández decidió dejar sin efecto el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que en noviembre había beneficiado a 551 mil empleados de 38.400 firmas.

Para estas, se ofrecieron dos alternativas que no cubren las expectativas de las empresas.

La conclusión del programa ATP para pymes y del IFE para los trabajadores no registrados y los monotributistas de las categorías más bajas esboza un escenario de importante incertidumbre.

El ajuste que asume el Gobierno nacional procura bajar la emisión de pesos, que se traslada a precios y, también, a la compra de dólares, todo lo cual genera inflación y dudas.

De acuerdo con proyecciones del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), casi 20 millones de argentinos son pobres.

Y este dato sería aún más grave si no hubieran existido los paliativos estatales.

La discusión no debe centrarse en si es necesario restringir los egresos de un Estado que padece un déficit crónico, sino en la calidad del gasto público y en el destino de partidas millonarias.

El gobierno de Alberto Fernández cuenta con 21 ministerios, 84 secretarías, 169 subsecretarías y decenas de organismos, entes y empresas públicas descentralizadas.

En el primer año de gestión, incluso, se crearon nuevas unidades provistas de un abultado presupuesto y de una dotación con sueldos muy por encima de la media en la actividad privada.

Este no es el único caso. Durante los últimos meses, proliferaron nuevos entes que dependen del Estado, con planteles que incrementan la burocracia y la necesidad de nuevos gravámenes para sostenerlos.

Más allá del peso que los subsidios económicos tienen en el Presupuesto nacional, como la eventual continuidad del programa ATP y del nuevo Repro II, la verdadera tarea de los administradores debe estar enfocada en reducir los gastos superfluos y la enorme cantidad de organismos que duplican y hasta triplican sus acciones en relación con las que ya realizan las provincias y los municipios.

El verdadero ajuste que debe aplicar la dirigencia política tiene que apuntar a los nichos del Estado que conviven con un gasto superfluo, burocrático e ineficaz. Una investigación más detallada podrá demostrar la gran cantidad de personal estatal que se ha incorporado en estos meses.

El Estado presente, que proclama el Presidente, no debe olvidarse de los sectores productivos surgidos de la iniciativa privada.

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