Acabar con el trabajo infantil

Se sigue trabajando en la provincia para disminuir los casos de trabajo infantil, lo que es todas luces violatorio de la ley y los derechos de los niños. Un proyecto legislativo de una diputada intenta aportar acciones para neutralizar el flagelo.

El trabajo infantil no se ha desalentado totalmente, el panorama resultará difícil ante el agravamiento de la necesidad de las familias carenciadas / Archivo
El trabajo infantil no se ha desalentado totalmente, el panorama resultará difícil ante el agravamiento de la necesidad de las familias carenciadas / Archivo

El trabajo infantil no se ha desalentado totalmente en nuestra provincia pero la sociedad espera, ansía que, cuando salgamos de esta acuciante crisis sanitaria en la que estamos encerrados, ese problema haya entrado en retroceso tendiendo hacia su total erradicación.

Sin embargo, el panorama resultará difícil en las circunstancias que se supone se plantearán ante el agravamiento de la necesidad general de las familias carenciadas, empobrecidas.

Hay que hacer los mayores esfuerzos en la dirección de la posible eliminación del flagelo en nuestra comunidad. Es el sentimiento de muchas personas, funcionarios o no, y de legisladores que trabajan sobre este aspecto de la realidad.

En lo que respecta a las últimas estadísticas, se puede citar que de julio de 2018 a igual mes de 2019, se detectaron 62 casos. La mayoría de los chicos se encontraban ocupados en labores de cosecha, en hornos de ladrillos, cartoneo y basurales.

Según la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (Copreti), más de la mitad de los menores se encontraban trabajando en el Este, principalmente en San Martín en la zona límite con Lavalle y Maipú.

La otra zona con gran cantidad de casos es el Valle de Uco, principalmente Tunuyán, y también en el área de Ugarteche.

Las dos grandes actividades de trabajo infantil son la cosecha -en la vid o de ajo- y en los hornos de barro. Las edades encontradas fueron entre 5 y 12 años.

Uno de los problemas actuales es que algunas acciones no se pueden tomar de manera eficiente por las dificultades de abordaje de las situaciones y las complicaciones de los efectores públicos para detectar e interrumpir estas penosas realidades.  

Se busca que haya corresponsabilidades definidas y más claridad a la hora de hacer la derivación de los episodios y la forma de efectuar las denuncias correspondientes ante la Justicia.

Por ello, la diputada Marcela Fernández (UCR) presentó un proyecto de ley en la Cámara baja con el fin de “establecer un protocolo de acción, tener estadísticas más reales y visibilizar la situación en Mendoza”.

El énfasis se pone principalmente en la labor de tres organismos: la Subsecretaría de Salud, que tendrá que detectar afecciones respiratorias, motrices, cutáneas y otras causas que reflejen un posible trabajo infantil para lograr la detección y la asistencia de las situaciones cumpliendo con el abordaje del art.14 de la Ley 9.139.

Igualmente, y según la iniciativa legislativa que estamos comentando, la Subsecretaría de Trabajo tendrá responsabilidades, ya que -según el proyecto de ley- será su obligación publicar las estadísticas de trabajo infantil y adolescente.

A la Dirección General de Escuelas se le conferirá, en este marco, la misión de establecer indicadores que reflejen el posible trabajo infantil para lograr la detección y el abordaje primario de niños, niñas y adolescentes y realizar la denuncia correspondiente.

Tal vez haya mucha expectativa, pero deberíamos tener una cierta cuota de optimismo y, pese a todas las objeciones formuladas y los malos tiempos que corren, que el próximo día contra este flagelo, el 12 de junio de 2021, nos encuentre mejor parados en este aspecto de la realidad.

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