Tras el anuncio, Latam abre un plan de retiros voluntarios

El holding Latam Airlines anunció ayer que cesa sus operaciones en el país, tanto de pasajeros como de carga, por tiempo indeterminado; pidió al Gobierno abrir un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) e iniciará un plan de retiros voluntarios.

Por el anuncio se interpretó que Latam disuelve su filial argentina y se va del país. Desde la compañía respondieron a Los Andes: “Comunicamos un cese de operaciones”. E indicaron que la situación de los 1.715 empleados se resolverá en negociación con el ministerio de Trabajo.

“Eso se va a dirimir en el ministerio a raíz del pedido de PPC”, dijeron voceros de la firma que empezó a operar en Argentina el 8 de junio de 2005. El PPC es, en teoría, un mecanismo para “prevenir despidos tempranos”. Pero, en los hechos, se usa para reducir estructuras.

Los sindicatos y el Gobierno interpretaron la decisión como una respuesta a la negativa del pedido de la compañía para avanzar en un recorte de un 50% de los salarios y recibir subsidios, más allá del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP).

Al igual que el resto de las compañías de cabotaje, Latam Argentina tiene sus trece aviones en tierra desde el 20 de marzo. Y, según fuentes oficiales, es una de las firmas que más estaba pidiendo reabrir operaciones entre distritos con pocos casos de Covid-19.

En concreto, la empresa precisó que dejará de volar desde y hacia Buenos Aires, Iguazú, Bariloche, Salta, Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, El Calafate y Ushuaia.

Pero pretende mantener las rutas con las que une ciudades argentinas con otros países, transportando pasajeros con empleados y aviones de otras filiales, como las que tienen base en Chile, Brasil, Perú y Ecuador.

En 2019 había avanzado ya en ese sentido cuando el Gobierno de Mauricio Macri aprobó el interchange, que permitió al grupo el uso compartido de flota desde Chile, un país con trabajadores con menos resistencia sindical y leyes laborales más flexibles.

Ayer, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) analizaron la situación. La decisión de la empresa tomó por sorpresa al Gobierno.

El PPC llegó a Trabajo a las 14:30, poco después de que la compañía hizo el anuncio a los medios, con un comunicado en el que no puso fechas ni habló de despidos ni de cómo sería la liquidación de la filial argentina.

Para Pablo Biró, secretario general de APLA, el holding “solo está buscando ajustar el costo laboral”. Según dijo, lo quiere hacer por la profunda crisis que generó la pandemia, pero “violando la ley”.

Los cinco sindicatos (APA, APLA, APTA, UALA y UPSA) acordaron con Aerolíneas Argentinas la suspensión de operarios con reducción salarial del 25%, en el marco del artículo 223 Bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Latam buscaba que la baja fuera del 50%.

El 26 de mayo, Trabajo intimó a la empresa a pagar el 100% de los salarios de abril, dado que había abonado sólo la mitad. Ese mismo día, el holding anunció un concurso de acreedores en Estados Unidos, bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de ese país.

Ayer retumbaron en la Casa Rosada expresiones de Rafael Nevares, gerente de Relaciones Laborales de la firma, quien se sinceró a fines de abril en una videoconferencia con empleados: “Si debo salvar a la compañía y cagarme en alguna norma, lo voy a hacer”.

Rosario Altgelt, CEO de la filial local, envió una carta a los trabajadores: “Antes de avanzar con esta dolorosa decisión, hemos evaluado todos los escenarios y alternativas de continuidad posibles”.

Altgelt dijo que la firma tuvo siempre el desafío de “conseguir sustentabilidad” en el país. Es que, desde 2011, perdió 439,4 millones de dólares, registrando ganancias solo en 2015. Y la crisis por la pandemia fue el golpe letal.

La directiva dijo que propuso nuevas dinámicas en materia de productividad, competitividad y eficiencia. “Sin embargo, cada iniciativa fue resistida”, se quejó. Es que la empresa siempre tuvo una relación muy tensa con el sindicalismo del sector, uno de los más combativos.

Altgelt añadió en su carta que “las consecuentes disoluciones de vínculos laborales que se produzcan a partir de este proceso serán tratadas en el ámbito del Ministerio de Trabajo, según los términos y tiempos definidos en este marco.

En su despedida, Altgelt dijo que la compañía iniciará “un nuevo Programa de Retiro Voluntario”, cuyas condiciones se informarán en los próximos días. En su comunicado, la firma dijo que tomó la decisión por el impacto que tuvo la filial local de la pandemia Covid-19 y por la “dificultad de generar los múltiples acuerdos necesarios para enfrentar la situación actual”.

Eso, agregó, “contribuye a configurar un escenario en extremo complejo, en el que no están dadas las condiciones para viabilizar y sostener a largo plazo las operaciones de la filial” argentina.

Según los balances de la firma, la filial local perdió 336,5 millones de dólares entre 2016 y 2019. Esto lo contrarrestó con otras filiales: en el mismo período, el grupo mostró ganancias por 596,8 millones de dólares.