Recelo en la industria vitivinícola por la intervención de Vicentin

La intervención del grupo Vicentin cayó como un baldazo de agua fría en la industria vitivinícola. Es que la empresa que la Nación se encamina a estatizar, tiene participación con activos en la industria: dos mosteras, una en Lavalle (ex Cartellone) y otra en San Juan, y una bodega en Perdriel, Luján de Cuyo. En conjunto, según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura, estas compañías ocupan el tercer puesto en exportaciones de jugo de uva concentrado y en un futuro podrían ser caja de resonancia para intentar generar algún tipo de intervención en el mercado de uvas con destino a mosto.

El entramado societario de este mega grupo de alimentos incluye unas 20 empresas en las que tendría diversos tipos de participación societaria en conjunto con Vicentin Family Group, una sociedad con base en Uruguay. Entre ellas, se encuentran la mostera Juviar, ubicada en Lavalle, más conocida como la ex Cartellone, en donde existe una asociación con el grupo alemán Döhler. La participación accionaria de la empresa intervenida sería de 3%. En Enav, la mostera ubicada en San Juan, la participación llegaría a 5%. El mismo porcentaje aplica para bodega Sottano, de Luján. Estos datos surgen de un informe realizado por Claudio Lozano, miembro del directorio del Banco Nación, principal acreedor individual de Vicentin.

Si bien la participación parece pequeña, fuentes de presidencia aseguran que el Gobierno se tomará los 60 días dispuestos en la intevención para ver hasta dónde irá el proceso expropiatorio. El objetivo sería investigar si hay acciones vinculadas o participación indirecta en todas las operaciones, entre las que se encuentran las de Cuyo.

De hecho, Lozano sostuvo a Los Andes que es necesario investigar quiénes son los dueños de Vicentin Family Group. “Hay que meterse con la estructura del grupo y los manejos que hizo entre sus sociedades, teniendo en cuenta que durante 2018 y 2019 esta empresa vivió un proceso de offshorización, muy importante”.

En el Ejecutivo nacional estiman que, a pesar de que el decreto presidencial se circunscribe sólo a Vicentin SAIC, por los dichos del presidente Alberto Fernández, la idea es ir sobre todo el grupo empresario.

Posible intervención estatal

El fantasma de la bodega o de la mostera estatal, comenzó a dar vueltas por el sector. Es que si bien el proceso está en ciernes, tiene muchos blancos que llenar. Efectivamente, el vino y el mosto no son el principal activo de la empresa ni el objetivo político de la intervención, pero la industria mira con recelo el proceso que comenzó el lunes.

El sector que podría estar más amenazado, podría ser el jugo concentrado de uva. Sin embargo, aún siendo el tercer exportador de mosto, muchos descreen que una intervención activa en el mercado por parte del Estado pueda generar precios de referencia. “Al final los precios decantan. Hay que salir a vender, el negocio está consolidado y los compradores quieren respaldo”, sostiene un referente del sector.

Recordemos que al tener la vitivinicultura una diversificación obligatoria (mosto, exportaciones, pasas de uva), la industria del jugo concentrado de uva termina teniendo un papel preponderante en la vendimia, principalmente en la formación del precio de la uva básica. Al ser pocas las empresas, los precios de referencia siempre tienden a la baja y de hecho, todos los años el gobierno sale con un operativo de compra de uva con destino a mosto, con el objetivo de equilibrar la balanza y tratar de traccionar los precios de las uvas básicas.

Desde la Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto, Fernando Morales manifestó que es muy pronto para especular con las consecuencias que lo anunciado por el Presidente puede tener. Es que, en primer lugar, no se conoce efectivamente cuál va a ser la “letra chica” del proyecto de ley que establecería la expropiación. Por otra parte, la empresa ya adelantó en un comunicado que iniciará acciones legales para proteger sus derechos. Además, ayer las mosteras en manos del grupo Vicentin operaban con normalidad. De ahí que Morales prefirió esperar a ver qué ocurre en los próximos días para analizar qué impacto podría tener en la industria.

Eduardo Sancho, presidente de Fecovita, jugador importante en las exportaciones de mostos, se mostró expectante ante la situación que plantea el gobierno nacional, y señaló que en principio, no es bueno que el Estado estatice una empresa. Y agregó: “todos conocemos los números, y con el volumen que manejan estas compañías en el mercado vitivinícola, ser una empresa testigo no va a funcionar en estas condiciones”.

Por su parte, Martín Hinojosa, presidente del INV, consideró que la medida adoptada fue acertada. “Hay que defender la soberanía alimentaria, como lo hacen otros países desarrollados. No se puede opinar sobre qué puede pasar en la industria vitivinícola, porque este es un proceso que recién comienza”, señaló.

El negocio del vino y el mosto

En 2016, la firma santafesina, que ya elaboraba vinos en otros establecimientos mendocinos, compró la bodega Sottano, con capacidad para producir más de medio millón de litros y con unas 20 hectáreas de cabernet y malbec. Se informó que se iba a preservar la marca y las líneas por separado, en lo que fue el primer desembarco fuerte en Cuyo.

Al año siguiente, Vicentin se quedó con Viñas Argentinas S.A., una empresa que pertenecía a Cartellone y contaba con una bodega con una capacidad de 110 millones de litros, dos mosteras (una en Lavalle y otra en San Juan) y una finca en Costa de Araujo, de más de 1.500 has. productivas.