jueves 26 de noviembre de 2020

Imagen ilustrativa / Archivo
Economía

Con retrasos en los ajustes, las tarifas continuarán frizadas en 2020

Los prestadores de servicios de agua, luz y gas señalan un desajuste en los costos. Desde el gobierno nacional advierten que desde enero habrá subas “en línea con la inflación”.

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Los servicios públicos de agua, luz y gas tienen en Mendoza retrasos tarifarios de hasta un 70%. El ministro de Energía de la nación, Darío Martínez confirmó que a partir de diciembre, se avanzará sobre un “esquema de transición de tarifas” que incluirá los servicios domiciliarios de luz y gas. Esperan generar un sistema de transición para aquellos usuarios que tienen capacidad de pago y pueden asumir el nuevo costo de facturación que estará en la “línea de la inflación”. En la provincia, en tanto, el secretario de servicios públicos Natalio Mema aseguró que no habrá aumentos durante 2020.

“La decisión que ha tomado el gobernador Rodolfo Suárez, es no trasladar al usuario el aumento del costo de la energía y eso se mantendrá durante todo el año. Se va a realizar una audiencia pública, que corresponde por el semestre, pero durante este año no va a trasladar el costo a la factura. Tenemos que cumplir con todos los pasos legales para tener planificación y evitar conflictos por incumplimiento de contrato”, sostuvo Mema. A la espera del presupuesto nacional, para conocer el monto que se destinará al subsidio el valor agregado de distribución (VAD); en la provincia se aumentará un 50% los subsidios a la tarifa eléctrica.

¿Qué sucede con la luz?

El sector advierte una situación crítica porque debido el atraso tarifario las distribuidoras acumulan deudas millonarias con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), las empresas deben más de $100.000 millones. Al mes de agosto los subsidios energéticos superaron los $250.000 millones, lo que marca un 66% de incremento respecto a los $150.000 millones destinados a ese fin en agosto de 2019.

En Mendoza, voces del sector han señalado en reiteradas oportunidades que la tarifa eléctrica tiene un retraso del 70% en el Valor agregado de distribución (VAD) y que correspondía una actualización tarifaria en el mes de febrero pero no se realizó. El valor del servicio se compone de un 50% correspondiente al costo de la energía, un 25% a la distribución y el 25% restante corresponde a impuestos.

Las distribuidoras solicitaron un incremento del 70%, por sobre el 25% de las facturas (costo de distribución), lo que representaría para el usuario una suba del 17,5%. Para José Álvarez, titular de la Cooperativa Eléctrica Alto Verde y dirigente de la Federación de Cooperativas de Electricidad (FACE), “el atraso tarifario cumplió dos años, y en el caso de las zonas rurales, pueden alcanzar un 90%”.

“Desde el congelamiento tarifario establecido por necesidad y atendible dada la situación excepcional impuesta por la pandemia ha habido un deslizamiento del costo de la mano de obra en función de los acuerdos alcanzados con las organizaciones sindicales del sector del orden del 20% que fueron trasladados a las tarifas”, indicó el dirigente de FACE.

“Nuestra preocupación se centra no solo en determinar el atraso tarifario sino también en ver la factibilidad de corregir el mismo, pues está muy presente en nuestra memoria la corrección desproporcionada que se intentó hacer el año pasado y llevo los índices de incobrabilidad a extremos incompatibles con una gestión que se ve reflejada más allá de la pandemia y el congelamiento tarifario en las cuentas de Cammesa, donde los atrasos de pagó por parte de los distribuidores son sustanciales y se piensan corregir mediante la asignación de fondos previstas en el artículo 87 de la ley de presupuesto 2021”, puntualizó el presidente de Alto Verde.

En Mendoza, hay una suba pendiente que fue la autorizada tras a audiencia pública de febrero para adecuar el Valor Agregado de Distribución (VAD) del servicio eléctrico. Se ajustó un 14% promedio para los Usuarios Residenciales que no se aplicó porque el gobernador Suárez congeló la tarifa de la luz por 180 días, medida que se extenderá hasta fin de año. A ello hay que sumarle ahora la posible suba del costo de energía que pondrá en marcha la nación.

Cuentas claras

En cuanto al agua y saneamientos el retraso tarifario alcanzaba al 50%, según informes de la empresa de Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam). En una audiencia pública en diciembre del año pasado, Aysam solicitó un incremento de la tarifas de 160%. El EPAS autorizó la suba, pero el Poder Ejecutivo otorgó un 130%. A partir de enero se empezó a aplicar el aumento en forma escalonada y quedó pendiente un 20% de dicho escalonamiento que debería haberse aplicado en junio de este año.

La operación de la empresa se ve afectado por la inflación y a setiembre los precios de los insumos (cloro, cañerías, válvulas y demás) tenían un valor más bajo porque están dolarizados. Recordemos que el 15 de enero de 2020 se publicó en el Boletín Oficial el Decreto N° 46 del Ministerio de Planificación, resolviendo los incrementos de tarifas para los servicios de agua y cloacas de Aysam. Estableciendo el siguiente escalonamiento: en principio un 60%, otro 20% a los 60 días, y el 20% restante final a los 120 días, pero este último no se aplicó.

Gas en aumento

El servicio de gas domiciliario en Argentina, tuvo su último incremento en abril, de 2019, y de no haber existido el congelamiento, se deberían haber dado ya tres aumentos semestrales: el primero en octubre de 2019 incrementando el servicio de $1.329 a $1.841 promedio, el segundo en abril de 2020, estableciendo un piso de $2.132; y en octubre de este año de $2.471 (+86% de abril de 2019 a octubre de este año, periodo en el que rige el congelamiento).

Enargas tomó en cuenta los valores promedio desde 2016, y calcula que un incremento con respecto a enero de ese año, sin la intervención nacional, el valor habría escalado un 2.030%.

De acuerdo con el Ente Nacional Regulador del Gas, se vieron beneficiados 8,5 millones de usuarios domiciliarios de todo el país. “La medida cobra relevancia particular ya que, entre enero 2016 y abril 2019 (última actualización semestral) la factura promedio residencial ya había registrado un aumento del 1.046%, equivalente a 1.213 pesos adicionales”, informaron.

Además sumaron que, “de acuerdo con los cuadros tarifarios vigentes entre enero 2016 y octubre 2019, la factura promedio de los usuarios residenciales (en todas las subcategorías), para un consumo mensual promedio, siempre registró un incremento superior a la inflación acumulada en cada período”. El último aumento autorizado fue la tarifa fue durante la gestión de Macri, su del 24% y se dio en forma escalonada desde abril a junio de 2019.

No obstante, el interventor del Enargas, Federico Bernal señaló que las tarifas deben llevarse “a un valor que sea compatible con la viabilidad del servicio público”, y que una vez terminado el congelamiento, se pasaría a una transición de tarifas nuevas. Según señaló el funcionario el fin del congelamiento no implicaría un incremento del 86% de forma inmediata. “Los cuadros tarifarios de Macri no van más. Hay que ver el año que viene como hacemos la transición. Las empresas tienen que tener cubierto su costo y la gente poder pagarlo”, puntualizó Bernal, en diálogo con radio El Destape.

Impulsan obras en Mendoza

El Ente Nacional Regulador del Gas informó que, a través de la Delegación Cuyo, se estableció una agenda de trabajo en conjunto con diferentes Cámaras de Comercio mendocinas para impulsar las obras que conecten a San Rafael y General Alvear con el Gasoducto Gas Andes, además de obras complementarias, como una planta de regulación y dos ramales secundarios para llegar a zonas más alejadas.

Se planifica la construcción de un gasoducto de 28 kilómetros de extensión desde Gas Andes S.A. hasta San Rafael, más la instalación de una planta de regulación de 42.000 m3/h y el tendido de dos ramales de 8.500 y 6.200 metros (14,7 km entre ambos), que permitirá la incorporación de 26.600 usuarios nuevos a la red de gas natural.

Al respecto, el Interventor del Enargas, Federico Bernal, señaló: “es estratégico que sigamos trabajando fuertemente desde las delegaciones y con la flamante Gerencia Regional de Delegaciones para proteger los derechos de los usuarios y expandir el servicio de gas por redes, persiguiendo un federalismo genuino desde el propio territorio. Tenemos la orden política del Presidente para que esto se lleve adelante y creemos fundamental avanzar para terminar de poner a la Argentina de pie”.