Lobesia: Nación aseguró recursos para San Juan, pero aún no para Mendoza

A solo un mes del inicio de la campaña de erradicación de Lobesia Botrana (polilla de la vid), Mendoza desconoce si recibirá o no recursos por parte de la Nación. Es diferente el caso para el gobierno sanjuanino, que ya obtuvo la confirmación por parte del Gobierno Nacional.

Según informó el Diario de Cuyo, Carlos Lehmacher, coordinador regional del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), comunicó que va a girar $ 117 millones a la provincia vecina. También se incluiría una partida de $ 273 millones para Mendoza, pero por el momento no hay confirmación oficial.

Alejandro Molero, presidente de la Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria de Mendoza (Iscamen), explicó que nuestra provincia necesita reunir $ 590 millones para garantizar una “campaña de mínima”, lo que permitiría evitar que la polilla de la vid se siga reproduciendo. Lo ideal, sin embargo, sería llegar a concretar una “campaña de media”, que abriría la posibilidad de erradicar la plaga de algunas zonas productivas de manera definitiva. Para esto, necesitaría un presupuesto total de $ 650 millones.

Recursos por ley

En noviembre de 2016 fue sancionada la Ley 27.227, a través de la cual se estableció que el Senasa debía proveer los difusores de feromonas (o su equivalente en plata) a los productores vitivinícolas afectados por la Lobesia Botrana durante cuatro temporadas. La normativa nunca fue reglamentada, pero aun así, el Gobierno comenzó a financiar parte de la campaña.

Eso sí, el aporte del Estado Nacional fue disminuyendo año a año, lo que obligó al Gobierno Provincial a buscar alternativas para completar el presupuesto necesario. Por eso, a partir de la temporada 2018-2019 el financiamiento de la campaña se dividió en tres partes: el aporte de la Nación, un aporte del Gobierno de Mendoza y una cooperación por parte de los productores de más de diez hectáreas, que fueron gravados con la Contribución Obligatoria Especial (COE) de $ 1.500 por hectárea.

Sin confirmación

Para la campaña 2020-2021 ninguna de las tres “patas” del financiamiento está definida. Si bien las conversaciones con el Gobierno Nacional están bastante avanzadas, aun no hay nada confirmado y los tiempos apremian. “Tuvimos cuatro reuniones virtuales con autoridades del Senasa, donde hemos ido diagramando cómo sería la campaña y con qué herramientas trabajaremos. El financiamiento fue parte de las charlas”, comentó Molero.

“Los funcionarios del Senasa nos comunicaron que participaron de reuniones en el Ministerio de Agricultura de la Nación, en las que decidieron que financiarán todas las campañas respaldadas por leyes nacionales. En ese contexto, la campaña contra la Lobesia quedaría contemplada”, continuó el presidente de Iscamen.

Hasta ese punto el escenario parece favorable, pero el Gobierno Provincial enfrenta dos problemas. Por un lado, Agricultura no ha oficializado el aporte para Mendoza y por otro, se habla informalmente de un monto que resultaría insuficiente para la provincia.

En enero, el Ministro de Economía de Mendoza, Enrique Vaquié, envió una carta al Ministro de Agricultura de la Nación, Luis Baterra, solicitando que destine una partida de $ 400 millones para atender los gastos que demanda el programa de erradicación de la polilla de la vid en la provincia. Ese monto, más el aporte del Gobierno Provincial y la contribución de los productores, alcanzaría para, al menos, llegar a la campaña de mínima intensidad. Sin embargo, ha trascendido que el ministerio de Basterra otorgaría una partida de $ 390 millones, a repartir entre San Juan y Mendoza.

De esta forma, se puede anticipar casi con seguridad que el Gobierno Provincial deberá destinar un presupuesto considerable al financiamiento de la campaña de erradicación de la polilla de la vid. Para Molero, se trata de una tarea extremadamente complicada en el marco de la pandemia y la caída de recaudación de impuestos provinciales.

Tampoco los productores están holgados para hacer el aporte correspondiente a la Contribución Obligatoria Especial, que volverá a aplicarse este año por decreto. Si bien el impuesto se limita a los productores más grandes, es de público conocimiento que los precios de las uvas han subido mucho menos que la inflación en los últimos años, lo que ha comprometido la supervivencia de muchos actores del sector, al punto que muchos productores se han visto imposibilitados de realizar las labores culturales en los viñedos. En caso de lograr un cumplimiento óptimo, el Gobierno podría recaudar entre $ 120 y $ 150 millones por esa vía.

No hay más tiempo

El presidente del Iscamen celebró la predisposición por parte del Ministerio de Agricultura de la Nación para acompañar a la provincia en la campaña de erradicación, pero advirtió que casi no queda margen para esperar la confirmación. “A más tardar la semana que viene tenemos que lanzar el proceso licitatorio para conseguir los insumos. Los difusores se deben distribuir a fines de agosto para que se empiecen a colocar en la primera semana de setiembre”, explicó.

“Estamos ajustado con los plazos. Necesitamos 22 días para completar el período licitatorio. Ya tenemos los pliegos armados, pero necesitamos definiciones psra saber con qué presupuesto contamos y qué tipo de trabajo podremos desarrollar. Si hacemos una campaña de sostenimiento (de mínima), tenemos posibilidades de que se expanda la plaga. Si hacemos una campaña fuerte y logramos mantener el sur libre un año más, podemos pedir el ‘zona libre de lobesia’ para esa zona y apuntar a lograr la erradicación en el Valle de Uco”, apuntó el funcionario.

“Sin acompañamiento de parte de la Nación perderíamos millones de pesos que hemos invertido en las últimas temporadas y sufriríamos una fuerte marcha atrás en la campaña. En este momento ningún productor sufre de pérdidas económicas por causas de la Lobesia. Sin la campaña 2020-2021, las pérdidas económicas serían un hecho”, lamentó.

De acuerdo a estudios realizados por el Iscamen, cada pareja de Lobesia dejan una descendencia de 18 millones de insectos. Así fue como Mendoza pasó de tener 50 hectáreas infectadas en 2009 a casi 150 mil en 2015, cuando comenzó a gestarse la primera campaña de erradicación. Un solo año sin acción adecuada, advierten, significaría volver al principio.