Extienden las medidas dispuestas para evitar cortes de luz por falta de pago

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE), decidió extender la resolución por la que se suspenden los cortes del servicio eléctrico por falta de pago hasta el 31 de diciembre de este año, pero el beneficio alcanza a los usuarios del servicio en condiciones económicas vulnerables. Es decir que alrededor de un 20% de los usuarios del sistema

La decisión del ente regulador parte del decreto de necesidad y urgencia 311/2020 indica que “no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios”, a los usuarios que se encuentren en mora por tres facturas consecutivas o alternas, “con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020”.

Sin embargo, no se trata de una excepción general, sino que alcanza a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo, los inscriptos en el Monotributo Social, jubilados y pensionados, monotributistas que no perciban el doble del salario mínimo, electrodependientes y empleadas de casas particulares.

De igual manera, se encuentran alcanzadas las micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajo, instituciones de saludo o entidades de bien público que distribuyan alimentos en el marco de la emergencia y que se hayan visto afectadas por la crisis. Y, además, incluye a quienes “su capacidad de pago resulte sensiblemente afectada por la situación de emergencia sanitaria y las consecuencias que de ella se deriven”.

Al igual que al inicio de la pandemia, desde Edemsa recordaron que la suspensión de cortes rige para los sectores más vulnerables. De manera que los usuarios con capacidad de pago, no comprendidos en el decreto, deben abonar por los canales tradicionales.

La empresa mantiene niveles de cumplimiento en el orden del 42% desde el inicio de la pandemia, lo que implica un 58% de pérdida, y aunque están enviando recordatorios por la mora, las prestadoras en general decidieron evitar los cortos, como una forma de contribuir con la sociedad en medio de la pandemia.

Planes de pago y facilidades

La Resolución del EPRE, además de prorrogar los efectos del Decreto nacional, instruye a las distribuidoras “a realizar los mayores esfuerzos para normalizar las facturaciones adeudadas por parte de los usuarios, a partir de las correspondientes notificaciones y suscripciones de los planes de pagos correspondientes, previo a la suspensión o corte del servicio que eventualmente pudiera corresponder”.

Por otro lado, para los usuarios que sí fueron alcanzados por la resolución prevé: “Las distribuidoras eléctricas provinciales, no podrán disponer la suspensión o corte del servicio a los suministros de los usuarios enumerados en el siguiente artículo, en caso de mora o falta de pago de hasta tres (3) facturas consecutivas o alternadas, en el caso de facturación bimestral, y de hasta seis (6) facturas consecutivas o alternadas, en el caso de facturación mensual, con vencimiento a partir del 1º de marzo de 2.020, por el término de 180 días corridos desde la fecha de publicación del Decreto PEN N° 311/2.020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso”.

Dicho plazo venció el 21 de setiembre de este año, y el día 19 del mismo mes se incluyó una nueva modificación para extender la medida antes de su vencimiento, y hasta fin de año.

Incrementos pendientes

En cuanto a la tarifa, la secretaria de Energía de la Nación confirmó que la política de congelamiento de tarifas para los servicios de luz y gas llega a su fin a partir de enero, y prevén incrementos que acompañen a la inflación del próximo año, proyectada en un 29%.

Así, de acuerdo con el secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, “el decreto (que congeló las tarifas) no volverá a extenderse una vez que venza, el próximo 17 de diciembre, pero sí, las tarifas se mantendrán congeladas hasta el 31 de diciembre”.

En tanto que, en Mendoza, además, el próximo 11 de diciembre, se discutirán los incrementos que las prestadoras solicitaron para el Valor Agregado de Distribución de la energía eléctrica (VAD), por medio de una audiencia pública que se realizará de manera remota, y con transmisión online. Producto de la pandemia, este año no hubo incrementos, y las distribuidoras acusan retrasos en el VAD que van del 70% y 90%.

Es que la tarifa se compone en un 50% del costo de la energía, y en alrededor de un 25% por el Valor Agregado de Distribución, que es lo que cobran las empresas que proveen el servicio, el resto responde a impuestos. Entonces, el incremento que solicitarían sería del 70% (aproximadamente), sobre el 25% de la factura que recibe el usuario.

Junto con la adecuación del componente provincial dentro de la tarifa, se discutirán tres propuestas que parte de la Secretaría de Servicios Públicos: “asignación a obras de multas por calidad de servicio con destino a usuarios”; “tarifa social”: incremento del cargo CCCE (Contribución para la Compensación de Costos eléctricos) del 5% al 7,5% para cubrir el beneficio, excluyendo al riego agrícola; e “ingresos no percibidos”.

Este último tiene que ver con una moratoria, con facilidades de pago, y tasas de interés inferiores a las de mercado para que las eléctricas regularicen sus obligaciones con Cammesa, la compañía administradora del mercado eléctrico nacional.

Telecomuncaciones, con precios congelados

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) ratificó el 28 de agosto, tres días antes de que venciera el congelamiento para los servicios que comprenden internet, telefonía y/o TV, los mismos valores implementados en julio hasta el 31 de diciembre.

De esta manera, y a partir de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 690/20 se suspendieron de manera excepcional, por el Covid-19, cualquier aumento o modificación de precios, y se suspendieron incrementos que ya habían sido anunciados por los licenciatarios TIC (las empresas prestadoras de internet, telefonía o televisión por cable o satélite).

Las tres mayores operadoras de telefonía móvil habían anunciado a sus clientes que los precios de sus planes aumentarían entre el 10% y el 11% en promedio a partir del 31 de agosto, y ese incremento, más los que pudieran generarse hasta enero, quedó pendiente.