Comienzan a regir los contratos para la fruta en la provincia

El martes 1 de diciembre se desarrollará la primera de las mesas de concertación, en el marco de la ley de registro de contratos de compra-venta para la agricultura. El sector que inaugurará esta nueva metodología, que se implementó con una modificación de la normativa, aprobada en agosto, será el del durazno. El objetivo de este ámbito es que productores primarios e industriales discutan los costos de ambas partes, para acordar un precio para el producto.

A fines de 2018, se aprobó la ley 9.133, que creó un Registro Único de Contratos de Compra Venta de Productos Agrícolas. La reglamentación apuntaba a proteger al productor primario de las situaciones en que el industrial recibe el producto sin precio, para definirlo más adelante, y extiende de modo unilateral los plazos de pago.

En ese primer texto, se establecía que el Ministerio de Economía y Energía debía publicar, un mes antes del inicio de la cosecha de cada producto agrícola, un informe sobre costos de producción para los distintos modelos tecnológicos. Sin embargo, en agosto se aprobó una modificación que establece que “la autoridad de aplicación podrá convocar a los sectores interesados a tratar en conjunto, en un ámbito no estatal, aspectos de interés para las transacciones comerciales, tales como costos de producción, calidades de los productos, situación de los mercados, precios de referencia, plazos de entrega de materias primas, modalidades de pago y todo otro que resulte de interés para cada sector”.

El director de Fiscalización y Control de la provincia, José Cortez, explicó que el espíritu de esta mesa es la concertación. Esto es, reunir al sector industrial y primario para ver si se pueden poner de acuerdo en ciertas cosas.

El primer decreto reglamentario establecía la obligatoriedad de la inscripción de los contratos para la industria vitivinícola. Sin embargo, en febrero de este año un nuevo decreto la extendió, a partir de la temporada 2019-2020, a los sectores del durazno, ciruela, aceitunas, ajo y tomate, que tengan como destino la industria.

Inicialmente se había fijado un cronograma para las mesas que comenzaba el miércoles pasado, pero se decidió postergarlo porque no se consideró conveniente adelantar tanto los datos del pronóstico de cosecha que elabora el Instituto de Desarrollo Rural para los principales productos agrícolas. Esto, explicó Cortez, debido a que se pueden generar especulaciones tanto en el sector primario como el industrial.

De ahí que la primera reunión de concertación será la del durazno, el martes 1 de diciembre. Luego, le seguirán ciruela (28 de diciembre), pera y manzana (18 de enero) y aceituna (1 de marzo). La de la uva se ha pautado, de modo preliminar, para principios de febrero, aunque la fecha concreta se ajustará al momento en que el Instituto Nacional de Vitivinicultura dé a conocer el pronóstico de cosecha para esta fruta.

De estos encuentros participarán tres representantes por el gobierno provincial –uno de ellos presidirá la mesa- y otros por parte de las asociaciones de productores e industriales. Además, se extenderá la invitación a organismos técnicos –como el IDR o el INTA- y a universidades. Se trata, sin embargo, de un espacio de asistencia voluntaria.

Cortez resaltó que el Ejecutivo simplemente favorece un ámbito de diálogo y ordena la discusión, pero indicó que el temario se elaborará a pedido de los inscriptos y quienes intercambiarán puntos de vista son los integrantes de los sectores primario e industrial. “Nosotros armamos el cuadrilátero y fijamos las reglas del encuentro”, lanzó para resaltar que el gobierno no intervendrá en la negociación en sí misma, sino que será un favorecedor y mediados del debate.

José Luis Navarro, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Frutas Frescas de Mendoza (Aspeff), consideró que el encuentro puede ser interesante y que probablemente se llegue a un acuerdo razonable para ambas partes pero que, después, si cae la demanda del mercado, se apliquen “descuentos” a la materia prima o se dilaten los plazos de pago con argumentos como que el contador no pudo firmar el cheque. Desde el sector industrial manifestaron prefirieron no opinar por el momento.