Avanza a paso firme un sistema para evaluar las inversiones públicas

En la mesa de Infraestructura del Consejo Económico, Ambiental y Social de Mendoza (CEAS) gana fuerza un proyecto para establecer un “Sistema de Evaluación a las Inversiones Públicas”. El plan, que persigue una mayor trasparencia en la elección de las obras y un mejor uso de los fondos públicos, llegaría a la legislatura para transitar el camino de ley.

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El objetivo –por medio de un organismo autárquico- es dotar de las herramientas necesarias para optimizar los costos económicos, sociales y ambientales en los proyectos que intervendrá el Estado. Es decir, evaluar de manera objetiva la relación entre gastos y beneficios para dotar a la sociedad de obras más convenientes. El contador Mario Comellas, representante de la comisión de Infraestructura del CEAS, señaló que están trabajando para que Mendoza sea una provincia modelo, siguiendo la experiencia de otros países y de los antecedentes internacionales en la gestión de las obras públicas,

El proyecto de “Sistemas de evaluaciones de inversiones públicas” fue sugerido por el economista Gustavo Reyes y el contador Juan Antonio Zapata. “Desde hace mucho tiempo en Mendoza se evalúan los costos, pero no los beneficios de las obras públicas. El beneficio no se cuantifica desde el punto de vista social. En el mundo esto se hace y desde hace mucho tiempo. En Chile, por ejemplo, se realiza desde los ‘70, también en Perú y en otros países latinoamericanos”, explicó Reyes.

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El principio es muy simple: es equiparar algunos modelos de gestión del sector privado con el público. “Así como una empresa no gastaría su dinero sin analizar previamente cuál sería el beneficio, el Estado no puede gastar si no evalúa el beneficio social y si éste es mayor al gasto”, agregó Reyes. “Para que este control funcione bien, quien evalúe las inversiones públicas tiene que ser un organismo independiente del control político. Buscamos avanzar más de lo que ha avanzado el gobierno en esta materia”, agregó.

En la mesa de planificación

Se avanzó en el tablero y el Estado, de acuerdo con el decreto 609/21 publicado en mayo, reglamentó el Sistema de Inversión Pública. En otras palabras, para que un proyecto pueda ser incluido en el Presupuesto provincial 2022, debe ser presentado y evaluado con anterioridad por la Dirección de Inversión Pública. Desde el CEAS se propone la creación de un organismo autárquico, en el que participen universidades y otras entidades colegiadas, cuyo titular surja de un concurso internacional con un mandato estipulado en cinco años.

“El organismo de evaluación no decidiría sobre los proyectos que se deben realizar. Solamente calcularía cuáles serían sus rentabilidades (sociales) e informaría sobre las mismas al gobierno. Con esta información, tanto el Poder Ejecutivo como la Legislatura decidirían sobre cuáles obras públicas deben realizarse dados los fondos disponibles”, puntualizó Gustavo Reyes.

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Desde el CEAS se planifica cómo poder generar las condiciones de independencia tanto para el organismo evaluador como de su director. En el caso del titular, éste surgiría de un concurso abierto, internacional; un jurado independiente elegiría una terna y el poder político decidiría por uno de los candidatos. Ejercería su función durante un plazo de cinco años y tendría la posibilidad de una reelección que sería aprobada por la Legislatura. También la Legislatura podría remover al director.

En el caso del organismo, su presupuesto y organigrama de trabajo dependerían en forma directa del Gobernador. Como organismo colegiado se presentaría ante la Legislatura en caso de ser necesario para dar explicaciones. “Una vez hecha la evaluación económica, social y ambiental de los proyectos, (la postura del organismo) serviría como aval para ir a buscar financiamiento”, comentó Comelles.

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Por último, entre las sugerencias que ha realizado el CEAS para ampliar el alcance del Decreto 609/21, se incluye un programa de seguimiento de las inversiones realizadas por el Estado, como también incorporar a evaluación las inversiones que los municipios consideren como más relevantes. “Priorizar las obras más rentables desde el punto de vista social es una forma diferente de pensar el Estado. El trabajo de este organismo permitirá crear un archivo de proyectos de obra pública que quedará a disposición del gobernador, y este definirá sus prioridades”, concluyó Comelles.