AFIP suspendió el inicio de juicios de ejecución fiscal a micro y pequeñas empresas

AFIP suspendió el inicio de juicios de ejecución fiscal a micro y pequeñas empresas
Foto: José Gutiérrez / Los Andes

La medida incluye a aquellos contribuyentes que desarrollan actividades afectadas en forma crítica y rige hasta el 30 de noviembre

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspendió hasta el 30 de noviembre, inclusive, el inicio de los juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares. Los beneficios alcanzan exclusivamente a las micro y pequeñas empresas, así como a aquellos contribuyentes que desarrollan actividades afectadas en forma crítica.

La Resolución General N°5052 del organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont mantiene habilitada la posibilidad de realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas cautelares sobre las personas alcanzadas por el Aporte solidario y extraordinario, que no cumplieron con sus obligaciones. La normativa también contempla la posibilidad de avanzar con reclamos referidos al Impuesto sobre los Bienes Personales.

La medida de la AFIP ofrece un instrumento adicional para que las micro y pequeñas empresas así como las firmas que desarrollan actividades críticas puedan amortiguar los efectos económicos de la pandemia sobre los contribuyentes.

La resolución de la AFIP, publicada hoy en el Boletín Oficial, suspende para el universo de empresas beneficiadas la traba de embargos sobre fondos y/o valores de cualquier naturaleza, depositados en entidades financieras o sobre cuentas a cobrar. Los beneficios estarán vigentes hasta fines de noviembre.

Como contraparte, en lo que va del año, el organismo notificó a unos 40.000 contribuyentes que fueron identificados como potenciales empleadores, por cruce de información y por los montos elevados de facturación, para que regularicen la situación de trabajadores.

Las notificaciones forman parte de una campaña de inducción para que empleadores de distintos sectores cumplan con la normativa laboral y regularicen a trabajadores. Las evaluaciones se realizan sobre actividades consideradas de mayor riesgo, es decir aquellos sectores que presentan elevados niveles de informalidad, como servicios de comercio, intermediación financiera, industria y construcción. También se trabaja sobre empresas con elevados niveles de facturación que no registran trabajadores.

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