Tamara Pettinato pidió ser sobreseída de la causa del escándalo de los ingresos a Olivos en plena cuarentena

El nombre de Tamara Pettinato fue uno de los que figuró en los ingresos a Olivos en plena cuarentena estricta. Cuando se desató el escándalo, la periodista no negó su paso por la quinta presidencial, pero no dio detalles ni contó el por qué de su visita. Sin embargo, en las últimas horas pidió ser sobreseída de la causa con un extenso escrito.

Tamara Pettinato rompió el silencio sobre su visita a Olivos en plena cuarentena: “Fui por un tema personal...”

La hija de Roberto Pettinato fue la primera de las personas investigadas en hacer una presentación espontánea y se justificó al exponer que por ser periodista se encontraba exceptuada para circular. Además, resaltó que no participó de una fiesta sino que mantuvo una charla íntima con el presidente Alberto Fernández.

“Vengo a efectuar este descargo por escrito y a aportar prueba que acreditará la inexistencia de comisión delictiva alguna en lo que fuera mi ingreso a la Quinta Presidencial Olivos en fecha 14 de junio de 2020”, expresó en su descargo de 22 páginas, el que le presentó espontáneamente al juez Sebastián Casanello y el fiscal Ramiro González.

Y resaltó: “Cualquier accionar denunciado como causante de una posible contravención a la normas emitidas por el Poder Ejecutivo Nacional (DNU 297/20 y concordantes) me fue absolutamente ajenos por los motivos de hecho y derecho que en el presente escrito se manifiestan”.

“Se podrá verificar que mi presencia en la residencia presidencial ha obedecido a estrictas cuestiones de índole laboral, no pudiendo corroborarse ninguna conducta ilícita tal como habré de relevar”, dijo Tamara Pettinato en el escrito al que accedió Clarín.

La periodista adjuntó las autorizaciones que le permitieron circular en junio del 2020 y explicó que mantuvo un off the record con el Presidente “para hablar de la pandemia, de las medidas de gobierno, para los programas para los que está trabajando”, explicaron desde su entorno.

Aunque hasta el momento no hay imputados y el fiscal deberá determinar si hubo una violación a la normativa impuesta en aquel entonces, más específicamente el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que el presidente Alberto Fernández que impedía cualquier tipo de reunión social, a excepción de las personas consideradas personal esencial.