La Corte uruguaya dictaminó cerrar causas de la dictadura

La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró ayer inconstitucional una ley de 2011 que había determinado que los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985) eran imprescriptibles, lo que genera incertidumbre sobre las investigaciones en curso de estos crímenes.

La ley ahora cuestionada fue aprobada en octubre de 2011 por el oficialista Frente Amplio (izquierda) con la meta de derogar de hecho una norma de 1986 que frenó durante años los juicios a militares por violaciones de los derechos humanos, y cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.

"Lo que la Corte hace es declarar inaplicables dos artículos en un caso concreto. Ahora los jueces dirán de qué modo esa declaración de la Corte incide en cada proceso", explicó Raúl Oxandarabat, vocero de la Corte.

Los artículos cuestionados declaraban los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985 "crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales" y afirmaban que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad" para su juzgamiento.

La Corte justificó su decisión en que la cuestionada ley viola el principio de no retroactividad establecido en la Constitución.

Tras la difusión de la decisión judicial, el gobernante Frente Amplio, la central sindical Pit-Cnt y la agrupación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocaron a una concentración en silencio para el próximo lunes, "por verdad y justicia".

La dictadura militar uruguaya dejó como saldo 180 desaparecidos confirmados, según las autoridades locales, la mayoría desaparecidos en Argentina.

La decisión de la Corte se produce una semana después de que el máximo órgano judicial trasladara a la órbita civil a una jueza penal a cargo de decenas de casos de violaciones de derechos humanos en la dictadura, decisión que despertó controversias y manifestaciones contra la independencia del Poder Judicial en Uruguay.

La jueza Mariana Mota tenía a su cargo más de 40 causas de delitos de lesa humanidad.

Macarena Gelman -nieta del poeta argentino Juan Gelman- robada en 1976 de bebé durante el cautiverio de su madre argentina en Uruguay y que recuperó su identidad en el año 2000, dijo que ambas decisiones le generan "la duda sobre la independencia en general" de la Corte, en declaraciones a canal 10 (ver aparte).

Gelman fue quien llevó su caso ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, que condenó a Uruguay en 2011, y señaló que ahora llevará la decisión de la Suprema Corte ante ese tribunal.

En tanto, el Movimiento de Participación Popular rechazó la sentencia, acusando a la Corte de ser "responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay" y dijo que recorrerá los "caminos legales conducentes a determinar la responsabilidad de la Corte en las decisiones adoptadas".

"La Cámara de Diputados puede pedirle al Senado un juicio político", sostuvo a su turno la senadora de esa fuerza política Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica.