Opinión Sábado, 17 de agosto de 2019 | Edición impresa

Una relectura política de San Martín - Por Beatriz Bragoni

Por Beatriz Bragoni - Historiadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Cuyo. Especial para Los Andes.

San Martín llegó a Mendoza en septiembre de 1814. Hizo un descanso en la posta del Retamo, y desde allí presentó sus pliegos al cabildo para asumir el cargo de Gobernador de Cuyo, Ninguna celebración acompañó su ingreso a la ciudad. Por el contrario, el clima que la invadía era inquietante por las noticias arribadas desde Chile que anunciaban el colapso inminente del gobierno patriota ante la agresión realista que había ganado el apoyo de algunos caciques indígenas del sur.

En ese sombrío contexto, San Martín tomó conocimiento de los miles de chilenos que treparon los Andes para buscar refugio en las Provincias Libres del Plata. El litigio era mayor porque se trataba de una emigración política dividida por lo que mientras dispuso asistir a los “desgraciados que habían perdido su Patria”, tomó decisiones infranqueables para esmerilar el capital político y militar de los hermanos Carrera en beneficio de O’Higgins con quien trabó una sólida amistad. Una vez despejado el conflicto, San Martín volcó esfuerzos para gobernar la jurisdicción, y ponerla al servicio de la organización del ejército que imaginaba. El “gobierno de amigos sólidos”, como lo llamó, contó con el apoyo de los cabildos e incluyó un elenco de actores que había tomado partido por la revolución desde 1810. Los oficiales y jefes del ejército regular y de las milicias locales movilizadas, los comandantes de frontera y una tupida red de referentes territoriales, constituían eslabones cruciales al igual que los clérigos que habían sostenido a través de sermones e influyentes relaciones comunitarias, el “sagrado sistema de la libertad”. Las ciudades de San Juan y San Luis replicaron de manera casi exacta el esquema de poder ensayado en la capital.

Tal construcción política gravitó en el arbitraje de la crisis que tumbó el gobierno de Alvear en 1815, y en la defensa del sistema de unión bajo la firme convicción que el gobierno central debía convocar a un congreso general con el fin de declarar la independencia, y abandonar el fastidioso status de “insurgente” que facilitaría la estrategia militar que preveía cruzar el macizo andino, y descargar la fuerza militar en una sola batalla tras la cordillera. El enorme desafío que suponía atravesarla representaba la contracara de otro mayor en cuanto la revolución rioplatense era la única sobreviviente de la ola contrarrevolucionaria que había sepultado los emprendimientos patrióticos en el continente, y restaurado el orden legitimista en Europa.

El éxito de Chacabuco, y el posterior triunfo de Maipú coronó de gloria y prestigio el trayecto de quien ya era identificado como héroe o Libertador del Sur. Pero la independencia de Chile no había puesto término a la guerra en el sur y exigía de renovados esfuerzos del ejército y su jefe que postergaron la campaña al Perú. Al otro lado de los Andes, la situación tampoco era favorable a raíz de la extrema fragilidad de un gobierno exhausto en recursos, y preñado de rivalidades internas. Entretanto, en 1819, la inactividad del ejército en Chile había exigido su traslado a las provincias de Cuyo dando lugar a tensiones que gravitaron en el plano político. Más precisamente, la aceptación y jura de la constitución aristocrática y centralista sancionada por el Congreso, las preferencias monárquicas del Libertador, y la persistente presión fiscal, pusieron en jaque las bases de su liderazgo, y el vínculo político entre San Martín y el gobierno central. Ese proceso de redefiniciones políticas lo condujo a desconocer la orden de aplicar la fuerza militar al servicio de la guerra que las Provincias Unidas llevaban a cabo contra Artigas y el arco de líderes federales (que incluía al chileno Carrera), presentar su renuncia y volver a repasar los Andes, junto a oficiales y tropas. Una decisión que no fue correlativa a la emprendida por jefes y sargentos del batallón de Cazadores acantonado en San Juan, que lideraron una rebelión a favor de la federación, y contribuyó al desplome del régimen revolucionario, y de la gobernación cuyana creada en 1813.

La expedición militar al Perú, y la gestión gubernamental que encabezó como Protector de la Libertad de Lima y de las intendencias de las costas que se volcaron a la independencia entre fines de 1820 y el 28 de julio de 1821, no atemperó ese drama de origen en tanto el liderazgo del Ejército de los Andes había dependido de la opinión de jefes y oficiales, rubricada en la famosa “Acta de Rancagua”, por lo que no tenía ningún centro de autoridad independiente, ni sustento material suficiente para mantener la cohesión y el orden en los cuerpos del ejército.

A ese dilema habría de sumarse otro igualmente importante que hacía pie en el debate sobre las formas de organización política frente al “estado social de los pueblos americanos”. En torno a ello, San Martín no había ahorrado comentarios e influencias políticas para instalar ingenierías institucionales centralizadas (no federales), que incluían formatos monárquicos sujetos al imperio de constituciones que limitaran el poder, y garantizaran la libertad civil. Ambos dilemas lo condujeron a entrevistarse con Bolívar en el invierno de 1822, a solas y sin testigos, de la cual extrajo el convencimiento que su tiempo político en América había concluido. Porque si bien compartía con Libertador del Norte un compromiso inclaudicable con la independencia, sus concepciones sobre las formas de gestionar el poder independiente no eran idénticas. Para San Martín, la soberanía de los pueblos debía ser aceptada e integrada en monarquías constitucionales a cuya cabeza debía figurar un príncipe europeo, al ser entendido como garantía de estabilidad, y como freno a la disputa por la sucesión. Bolívar, en cambio, sopesaba la inconveniencia de la monarquía en virtud de que la guerra había puesto en agenda la fuerza de los localismos que hacía inevitable la adopción del republicanismo, bajo un formato centralizado que llegaría a prever la presidencia vitalicia.

La partida de San Martín de Lima imantó perplejidades en su círculo íntimo, y entre los jefes y oficiales que habían acompañado su peregrinaje sudamericano. La caída de Lima en manos de los realistas sumaría un eslabón adicional al desgranamiento del ejército, y a la opinión adversa sobre su desempeño político y militar. En 1824 una porción de guerreros que habían cosechado los éxitos de Chacabuco y Maipú, experimentaron el sabor de la gloria que siguió a los triunfos militares que consolidaron la independencia en América del Sur. A esa altura, San Martín había emprendido el regreso al Viejo Mundo desde donde observaría el atribulado trayecto político de los Estados de América que había contribuido a fundar. Esa mirada trasatlántica ensayada desde la atalaya de la monarquía juliana es la que permite entender mejor una cosmovisión política que antepuso el orden a la libertad, y sus preferencias por la monarquía constitucional y ante su ausencia, en sistemas políticos centralizados afines al encabezado por Rosas.