Opinión Domingo, 29 de marzo de 2020 | Edición impresa

Una pandemia para la economía - Por Néstor Sampirisi

Por Néstor Sampirisi - nsampirisil@losandes.com.ar

“Si esto sigue una semana más, me fundo”, la frase, al borde de la desesperación, la dijo un vecino con el que nos cruzamos el lunes, yendo al almacén del barrio.

Hace un par de años, un fin de semana, lo vimos instalarse con una parrilla en la puerta de su casa para asar pollos y venderlos. Andaba con problemas de empleo y con el “parripollo” buscaba una alternativa para vivir. Al poquito tiempo ya tenía clientes habituales y muchos que pasaban por el lugar se paraban para comprarle. Pasaron algunos meses y se instaló en la cochera de la casa, equipada con parrillas, horno de rotisería y había ampliado la carta. Ya no sólo asaba pollos, ahora ofrecía empanadas, lomitos a la parrilla, pizzas, bondiola de cerdo y, si se lo pedías, hasta te hacía un asado. Con mucho esfuerzo había prosperado. Un laburante.

Por eso, la frase, me quedó retumbando. En los últimos meses la crisis también le había pegado, los clientes ya no eran tantos y la plata ahora alcanzaba apenas para cubrir las necesidades de su casa. Pero la seguía peleando: amplió los días de atención, publica promos en las redes sociales y empezó a ofrecer delivery. Hasta que llegó el coronavirus.

Desde que se impuso la cuarentena la clientela se esfumó. “No vendo casi nada” me dijo hace un par de días, cuando fui a comprarle empanadas. Lo noté lógicamente preocupado. “Si extienden la cuarentena no se qué voy a hacer” me dijo, acodado en el mostrador. Ya había leído que el Gobierno nacional pensaba mantener el aislamiento casi hasta mediados de abril. También que se había anunciado el ingreso familiar de emergencia de 10 mil pesos para los denominados “trabajadores de la economía informal” y las clases más bajas de monotributistas. “Sería una ayuda, pero lo que necesito es seguir trabajando” se sinceró.

Mi vecino es uno de los cerca de 4 millones de trabajadores informales que existen en nuestro país. La pandemia de coronavirus todavía no muestra su peor cara en materia sanitaria, pero ya desnudó el drama de la economía informal que arrastra la Argentina desde hace décadas. Según estimaciones oficiales, 40% de los trabajadores argentinos está “en negro”.

Allí están los que hacen changas; buena parte de cuentapropistas como los gasistas, electricistas, albañiles, plomeros; los que se las rebuscan con la venta callejera, los que tienen trabajos temporarios, los que se ponen un kiosco o una verdulería en alguna habitación de su casa.

El sociólogo Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, traza su radiografía de esta realidad: “El 32% de los hogares urbanos en la Argentina no tiene ninguna relación con salarios formales privados, dos tercios de ellos reciben alguna asignación, por lo que 10% de los hogares no recibe nada. Están fuera hasta de los programas sociales y son pobres, sectores vulnerables. Cualquier transferencia de recursos tradicional deja afuera a esos hogares, que son de 1,2 a 1,5 millón de acuerdo a si estimamos hogares rurales o no”.

No obstante, es una parte del problema. Las persianas bajas de prácticamente la totalidad de los negocios, los carteles de “hotel cerrado”, las sillas arriba de las mesas en bares y restoranes, las obras públicas y privadas frenadas son postales de una parálisis que tendrá efectos que aún no se pueden cuantificar. Según estimaciones de consultoras privadas la pérdida diaria por la cuarentena es de 1.000 millones de pesos en Mendoza.

Otro tanto sucede en los consultorios, estudios y emprendimientos de profesionales independientes que debieron cancelar turnos y, en algunos casos, brindar servicios on line. En este caso, los más golpeados son los jóvenes, los que recién se echan a andar en carreras que les demandaron por lo menos cinco años de estudio. Muchos se quedan sin ingresos durante todo este lapso.

El Gobierno nacional ha tomado nota de parte de esta problemática. Se estudia asistir a las empresas chicas y medianas mediante créditos a una tasa que rondaría 25% anual. El monto total de la asistencia sería de unos 320 mil millones de pesos. El plan incluye una recalificación que el Banco Central ya ordenó a las entidades bancarias. De ese modo, las empresas que tenían riesgo 3 y no podían acceder a créditos del sistema financiero serán calificadas con riesgo 1 para que puedan hacerlo.

Pero, ¿cómo hará un Estado con déficit en sus cuentas, una enorme deuda externa y sin acceso al crédito internacional para rescatar de la quiebra una economía que no crece desde hace casi diez años? Se habla de un posible giro del FMI por 2.500 millones de dólares. Pero, por ahora hay una sola respuesta: emitiendo dinero. ¿Y qué hacemos con la inflación? Aún los economistas más ortodoxos admiten que eso deberá quedar para después.

Esta suerte de economía de guerra puede durar dos o tres meses. Primero, se deberán asegurar los recursos para asistir la emergencia sanitaria; la producción, distribución y provisión de alimentos; y el funcionamiento de los servicios básicos (luz, gas, agua potable, etc.). Después, o en paralelo, que no se corte la cadena de pagos de la economía y las empresas puedan pagar los sueldos. Quienes conocen de administración aseguran que las empresas mejor gestionadas tienen previsionadas una o dos nóminas salariales. Es decir, podrían pagar los sueldos aunque no les entre un peso durante un par de meses. En la realidad argentina esto se parece más a una ficción.

Hace unos días el economista Carlos Melconian lo sintetizó a su modo: “El Estado argentino, tan acostumbrado a poner plata a los que no trabajan, esta vez tendrá que ponerla para la gente que trabaja”. ¿Se podrá?