Mundo Sociedad Sábado, 13 de abril de 2019 | Edición impresa

Sustentabilidad: la minería es necesaria, pero ambientalmente riesgosa

Los recursos mineros son importantes en particular para los países en desarrollo, pero no pueden ser dejados a su arbitrio.

Por Hugo Diego Eberle - Especialista en temas ambientales

Los proyectos de minería están sujetos a reglas que los estados fijan a través de leyes específicas de acuerdo con sus intereses. Generalmente estas regulaciones comprenden normas de transparencia, gestión, operación, riesgos y controles que no se pueden soslayar si se quiere garantizar el éxito, en especial, aquellos referidos al funcionamiento, al mantenimiento de la infraestructura y a los riesgos social y ambiental, sin los cuales, no habrá ni rentabilidad ni sustentabilidad posibles.  

Veremos con ejemplos estos conceptos y como se observa la relación entre los resultados económico-financieros y ambientales y el peligroso juego en el que las corporaciones condicionan sus inversiones mineras, con ayuda política, a la vez que la falta de controles y la propia naturaleza las pone en riesgo a través de su dinámica permanente.  

En noviembre del 2015 nuestro vecino Brasil sufrió el colapso del dique de contención de residuos minerales de la Compañía Samarco en Minas Gerais (MG), conocido como “El desastre de Mariana” provocando 20 muertes y un tremendo daño ambiental que barrió un pueblo entero con 50 millones de  metros cúbicos de barro y residuos minerales contaminantes en un recorrido de 800 kilómetros por el río Doce hasta llegar al océano Atlántico, destruyendo toda la cuenca y su desembocadura en el mar.

 

Se trató de la mayor tragedia ambiental sufrida por ese país en su historia. Fueron afectadas tres millones de personas en forma directa provocando desabastecimiento de agua, destruyendo la pesca y la infraestructura ocupacional. La destrucción fue tal que a más de 3 años aún no se conoce la totalidad de los daños producidos.  

Cabe mencionar que Samarco es una minera controlada por la empresa Vale do Rio Doce (Vale), la mayor productora y exportadora mundial de mineral de hierro, la misma que compró los derechos de explotación en Malargüe de la minera Potasio Río Colorado en 2009 y que en 2013 canceló el proyecto que, como sabemos, tenía objeciones ambientales por el uso intensivo de agua del río homónimo con el fin de extraer el mineral de unos 1.000 metros de profundidad.  

Brasil tiene actualmente unas 400 construcciones similares a la siniestrada dedicadas a la minería en todo su territorio lo cual representa, en las condiciones actuales, una bomba de tiempo. Esto quedó demostrado con un segundo evento muy similar en la ciudad de Brumadinho, a fines de enero pasado, también en el estado de MG, cerca de su capital Belo Horizonte y bajo la responsabilidad de la propia Vale, en este caso humanitariamente muy grave por la cantidad de víctimas, pero de menor incidencia ambiental.

El nuevo siniestro fue producido por el colapso de una represa que liberó residuos de mineral de hierro mezclados con barro, piedras y materiales tóxicos usados para separar el mineral de la roca. Vale tiene construidas el 45% de sus represas con el sistema de tratamiento de desechos llamados húmedos de “alteamiento a montante” para contener estos residuos, elegido por ser el más barato ya que era de baja resistencia a la presión de la carga.

 

El desmoronamiento de 12,7 millones de metros cúbicos de residuos barrió con todo lo que estaba montaña abajo, incluso las oficinas administrativas de la propia compañía con el personal adentro, descargando luego en el río Paraopeba, sin que sonara ninguna alarma de aviso a las poblaciones cercanas. 

Las responsabilidades

Los mencionados sucesos no son ajenos al inmenso poder que tienen estas empresas para imponer condiciones de implantación, no solo de instalación y funcionamiento, pero también otras, como en este caso, demorar la eliminación de las 19 construcciones similares a la siniestrada en 2015 o no pagar las multas que le fueron aplicadas luego de aquel evento hasta el presente y que nadie esté preso por esto, a pesar de que está en vigencia en aquel país una ley de crímenes ambientales.    

Hoy, unos pocos ejecutivos de Vale y otros de la consultora alemana Tüv Süd, certificadora de riesgos, tienen prisión preventiva por su responsabilidad en este último evento, aunque los brasileños piensan que no quedarán mucho tiempo en esa condición.

La revista brasileña Exame, (20/3/19) hace referencia a un estudio de la ONG Justice Now Mostra que afirma que de las 100 mayores potencias económicas mundiales 69 son empresas y solo 31 son países, por lo cual es razonable pensar que en un país en el que existen estas corporaciones las decisiones políticas relativas a la minería no serán incondicionales. Porque además ellas participan financieramente de las campañas electorales (Istoé 6/2/19).

Después de la repetición de este evento con un intervalo de 3 años la población se pregunta si la Vale tendrá la decisión de evitar un tercero y esta duda proviene de la consideración general de que no hubo accidente, debido a que la empresa tenía capacidad de evaluar y mitigar los riesgos de tragedia en el que perdieron la vida 358 personas (Istoé 6/2/19).

De hecho, en la última semana de marzo pasado hubo alarma de colapso en dos construcciones similares a las siniestradas y propiedad de la misma empresa, una de ellas en la jurisdicción de Belo Horizonte y la otra en Ouro Preto, ambas en Minas Gerais.

En tanto, un dato interesante directamente relacionado con la falta o insuficiencia de control ambiental a estos emprendimientos es que el Gobierno federal solo tiene un equipo de 35 técnicos capacitados para manejar la Agencia Nacional de Minería que fiscaliza 790 diques de contención de residuos mineros existentes en Brasil. No obstante, los informes relativos a riesgos existen; solo que la mayoría son preparados por las mismas empresas (Veja 6/2/19).  

 

Tal vez el impacto social, político y ambiental generado por los desastres de Mariana y Brumadinho representen una oportunidad para el vecino país y para todos aquellos que necesitan de la minería, para repensar, corregir y hacer cumplir las políticas ambientales existentes, al mismo tiempo que la protección social de sus habitantes, en especial, aquellos estrechamente relacionados a los riesgos ambientales naturales y no naturales.

De no ser así, tal vez no valga la pena seguir hablando de un mundo sustentable.

El uso racional de los recursos  

La mayoría de los países en desarrollo que disponen de recursos minerales, necesitan explotarlos y en muchos de ellos terminan siendo la solución económica para sus pueblos, ya que les permiten mejorar su calidad de vida, al mismo tiempo que una gran ayuda para lograr el crecimiento económico y el estado de país desarrollado, siempre y cuando, haya un acompañamiento de políticas tendientes a utilizar los productos de la minería, no solo para exportar como commodities sino también como proceso de las industrias locales.Hay sobrados ejemplos de esto en el mundo.  

Sin embargo, ya no los emergentes sino el espacio global planetario está sufriendo una crisis ambiental mayúscula que necesita ser superada y esto es algo difícil de lograr sino se hacen todos los esfuerzos necesarios para estabilizar el uso y consumo de los recursos naturales.

Esto no significa que el agua, el aire, la riqueza de los subsuelos y de los suelos, o los mares deban dejar de ser usados, esto es imposible.  Lo que la ciencia ambiental está proponiendo es el uso o consumo racional de estos recursos de manera que estos no queden disminuidos ni contaminados para permitir su disponibilidad infinita. Esto es lo que se llama sustentabilidad.