Política Martes, 14 de mayo de 2019

Luis Romero es el nuevo defensor de los presos en Mendoza

Lo aprobó el Senado por 22 votos a favor y 7 en contra. Era el candidato de Cornejo y reemplaza a Fabricio Imparado.

Por Javier Hernández jhernandez@losandes.com.ar

El Senado aprobó esta mañana, en sesión de acuerdo y con 22 votos a favor de un total de 29, la designación de Luis Romero como el nuevo el Procurador de las Personas Privadas de Libertad.

Romero, que llegó a esta instancia tras la audiencia pública de la semana pasada, era el postulante del gobernador Alfredo Cornejo y ocupa hasta ahora, la Dirección de Promoción del Liberado. Romero reemplazará a Fabricio Imparado, quien inauguró el cargo en 2011 y contaba para mantenerse en el cargo con el apoyo de cierto sector del peronismo y de organismos de Derechos Humanos para que fuese reelegido.

 

La Comisión Asesora que fue encargada de los exámenes para postulaciones eligió una terna con los mejores resultados y en primer lugar figuraba Imparado, en segundo María Mercedes Duberti (integrante de la ONG Xumek) y tercero quedó el abogado ungido por Cornejo, Romero, que finalmente fue elegido por el Gobernador y votado por el Senado como el nuevo Procurador.

Los dos principales cuestionamientos que pesaban sobre Romero y que se escucharon durante la audiencia pública apuntaban a que es funcionario del Ejecutivo y que, además, no encabezaba la orden de mérito. Sin embargo, cuando Imparado llegó al cargo las condiciones eran similares: era director del Organismo Técnico Criminológico y finalizó segundo en la terna. Pero además, el orden de mérito no impide al Gobernador optar por el segundo o incluso el tercer postulante al cargo si así lo consiera oportuno, ya que está entre sus facultades está precisamente la de elegir al ternado que mejor crea para el cargo.

La Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, creada por ley en 2011, es precidida por el procurador de las Personas Privadas de Libertad y tiene como meta, velar por el cumplimiento de los derechos de las personas detenidas, por condiciones de alojamiento dignas para los presos y que tengan acceso a otros derechos como son la educación y el trabajo.