Opinión Sábado, 22 de febrero de 2020 | Edición impresa

Por encima de la ley - Por Roberto Azaretto

Para reformar en serio la justicia debe tenerse en cuenta la situación de la justicia federal en las provincias.

Por Roberto Azaretto - Miembro de número de la Academia Argentina de la Historia y del Instituto Argentino de Historia militar

Uno de los grandes aportes del liberalismo al mejoramiento social fue el principio de la igualdad ante la ley. Esto significa que no interesa si se nace en cuna encumbrada o humilde, si se es rico o pobre, si tenemos piel blanca u oscura, si somos académicos o apenas podemos firmar. Ante la Ley eso no importa.

Lo hemos visto en España cuando el yerno y la hija del anterior rey de España y cuñado y hermana del actual fueron al banquillo de los acusados y fueron condenados, lo que muestra un avance en ese terreno incluso en las monarquías.

En cambio en nuestro país es evidente en las actitudes de la vicepresidenta de la Nación y en sus cortesanos una actitud ya mostrada cuando fue titular del Poder Ejecutivo, de creerse por encima de la Ley.

En estos días se agregó otra nueva muestra con la denuncia presentada, ¡oh casualidad!, en el juzgado federal de Río Gallegos, denunciando a organismos como la Oficina Anticorrupción, a la Afip y a la Unidad de Investigaciones Financieras por las denuncias contra ella y su familia. 

Denuncia a organismos del Estado por haber cumplido con su deber.

Para ser claros y precisos, la sola presunción de un delito obliga a un funcionario público a efectuar la denuncia penal pertinente; en caso contrario ese funcionario incurre en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Recorrer las obras de las presas de Santa Cruz, aparte del disparate de construirlas por el alto costo por megavatio que se genere, con dos acusados de corrupción, es otra demostración de su desprecio a la ley y ratifica la crisis de la justicia.

O sea, dicho desprecio por las instituciones es palpable cuando vemos sus preferencias para promover en puestos importantes a personas sin otro mérito que sus vinculaciones con los gobernadores feudales y del atraso como los de Formosa y Santa Cruz. 
Y se confirma todavía más con los escasos fiscales y jueces, que simplemente se atrevieron a cumplir con su deber, más allá de ciertas discusiones académicas sobre el alcance de las prisiones preventivas.

La idea de la impunidad y de estar encima de la ley se encuentra muy instalada. 

Una de las obsesiones de los gobernadores son las negociaciones a fin de asegurarse un juez federal propio, en sus provincias. 

Este es un problema opacado por la vidriera nacional de los jueces de Comodoro Py. Pero si queremos reformar en serio la justicia debe tenerse en cuenta la situación de la justicia federal en las provincias, ya que la mayor parte lograron ser nombrados en concursos truchos y con el único mérito de ser patrocinados por el gobernador de su provincia.

Por eso, se impone una reforma radical del Consejo de la Magistratura, eliminando la presencia de legisladores del mismo. 

El rol del Congreso está en la Comisión de Acuerdos. Pero ninguna reforma será legítima si no logra despejar las sospechas fundadas de amplios sectores de que sólo se busca exculpar corruptos, sean políticos o empresarios.

Hoy es un problema nuestro, pero también de gran parte del mundo. Los acontecimientos políticos en los Estados Unidos muestran claramente que el problema actual es el de un presidente que se cree por encima de la Ley, como se ha demostrado en numerosos hechos y en sus propias palabras.

Por eso queda claro que la lucha por la libertad, la igualad y el derecho es permanente y nunca hay que dar por sentado el triunfo de esos ideales que lograron un mundo mejor y los que pueden lograr aún más en el largo camino emprendido por la humanidad desde el principio de los tiempos.