Sociedad Miércoles, 22 de mayo de 2019 | Edición impresa

Polémica por el cierre de los hospitales psiquiátricos

Por ley se establece el fin de los hospitales monovalentes para 2020. La especialidad y pacientes se trasladarán a los hospitales generales.

Por Ignacio de la Rosa - idelarosa@losandes.com.ar

La ley nacional de Salud Mental (26.657) fue promulgada en 2010 y, entre tantas otras cosas, establece el fin de los hospitales monovalentes (especializados exclusivamente en psiquiatría); fijando incluso el  2020 como plazo para esta transformación. En su lugar, establece la incorporación de esta especialidad en los hospitales generales -o polivalentes-, por lo que fija que se destine presupuesto necesario para la adaptación de dichos establecimientos; y contemplar la incorporación de psiquiatras y profesionales del área.

La proximidad del plazo fijado y -lo que consideran- la falta de inversión y adaptación en hospitales generales para la asistencia de personas con estas patologías preocupa a los miembros de la Asociación de  Psiquiatras Argentinos; quienes durante las últimas horas se refirieron a las complicaciones y riesgos que acarreará el cierre previsto. Incluso, acusaron que -por medio de un decreto-, se está “precarizando” la figura del psiquiatra al buscar igualarla con la de otros profesionales sin especialización en el rubro.

 

No obstante, desde el Ministerio de Salud indicaron que no se cerrarán los dos hospitales especializados de la provincia -El Sauce y Carlos Pereyra-; al tiempo que aclararon que se están incorporando profesionales en salud mental en los efectores tradicionales y haciendo capacitaciones para los médicos de atención primaria.

El médico psiquiatra Manuel Vilapriño es vicepresidente de la Asociación de Psiquiatras Argentina; y fue quien manifestó a Los Andes la preocupación de estos profesionales ante ciertos aspectos de la implementación de la ley, sobre todo teniendo en cuenta el panorama mendocino. “La Ley de Salud Mental fue pensada en función de los derechos del paciente y de las personas en general. Está bueno lo que promueve; pero el problema es de fondo, y tiene que ver con lo que maquilla. La nueva ley tiene un espíritu con fuerte fundamentación ideológica y cargada de ignorancia. Entonces urge modificar algunas situaciones que están llevando a que muchos pacientes no puedan cumplir sus derechos, como el poder acceder a los tratamientos”, indicó Vilapriño, quien fue director del hospital Pereyra entre 2012 y 2015.

 

El especialista se detuvo en una de las bases de la norma 26.657 y que tiene que ver con el cierre de todos los hospitales monovalentes. “Eso se ha decidido pensando en los viejos manicomios, que ya no existen. La mayoría son hospitales con alta especialización en psiquiatría. Ante el cierre de estos hospitales, la ley fija que se trate a los pacientes psiquiátricos en hospitales generales. Y el problema es que no están preparados”, sostuvo Vilapriño; quien destacó que en Mendoza hay pocas camas para estas personas en los hospitales generales, y que hay determinadas patologías que requieren un tratamiento específico.

“Cuando fui director del Pereyra, íbamos mejorando y se iban incorporando más servicios generales al hospital, no era solamente de internación. No tenía nada de los ‘viejos manicomios’. Se cambió la forma de trabajo, y las internaciones se volvieron agudas; de no más de 10 ó 15 días. Se pudo lograr y es algo que se puede lograr en estos hospitales”, se explayó, y aclaró que en ese momento el efector recibió un premio nacional a la calidad.

 

Acusó que hubo poca acción y previsión en los últimos 10 años, teniendo en cuenta que el plazo para la desaparición de los monovalentes se cumple el año próximo. “No se ha hecho la inversión necesaria, no se ha hecho en ‘casas de medio camino’ (establecimientos a donde se deriva a pacientes compensados que no precisan internación), ni en servicios de rehabilitación o intermedios; mucho menos se ha fortalecido la atención primaria”, advirtió. Y denunció que se está generando una desprotección del paciente. “Son personas que están tan estigmatizadas -ellas y sus familias- que no salen a quejarse”.

El subsecretario de Salud de la Provincia, Oscar Sagás fue contundente. Primero, al reforzar que la Ley de Salud Mental -a la que Mendoza no ha adherido, aunque viene trabajando en la misma línea independientemente de ello- pone al paciente como un sujeto de derecho y que concibe a la salud como algo integral. También aclaró que desde hace años se está trabajando en revertir la estigmatización.

“Hay más de 40 camas en los hospitales generales destinadas al equipo de salud mental. Y todos los hospitales y centros de salud de cabecera cuentan con equipos multidisciplinarios para el abordaje de estas personas, que incluyen psicólogos, psiquiatras y trabajadores sociales”, indicó el funcionario. 

Sagás destacó que ni siquiera se ha pensado en el cierre de los hospitales Pereyra y El Sauce en Mendoza a corto plazo. “Sería una irresponsabilidad decir que van a cerrar mañana o el año que viene”. 
 

 

Profesionales

Para Vilapriño, el espíritu de la ley es complicado y consideró que -en el fondo- no se está favoreciendo a los tratamientos efectivos, y que la norma demuestra una “mirada punitiva” sobre la psiquiatría.

“La resolución 7.015/19 iguala y precariza la figura del psiquiatra, sustituyéndola por otros profesionales. Los centros de salud no tienen psiquiatras ni equipos interdisciplinarios; y no se puede poner a un médico clínico a hacer el trabajo de un psiquiatra”, indicó.

Sobre esta preocupación, Sagás indicó que se está tomando en los efectores de salud generales a profesionales y residentes de El Sauce y del Pereyra, y que se está capacitando a quienes están a cargo de la atención primaria para la detección temprana de personas que necesiten ser derivadas a psiquiatras. “No se va a reemplazar al psiquiatra por el clínico”, manifestó.