Política Domingo, 26 de enero de 2020 | Edición impresa

Los pro y los contra de gobernar sin ley de presupuesto actualizada

La Legislatura no ha aprobado la pauta de gastos y el Ejecutivo debe administrar con las partidas del año pasado que están desfasadas.

Por Daniel Peralta - dperalta@losandes.com.ar

Los que transitan las oficinas de la política tienen presente que en Mendoza hay experiencia en tener que administrar la cosa pública sin ley de Presupuesto aprobada. A veces se confunden las fechas, pero en la memoria de radicales y peronistas está presente que Francisco Pérez estuvo casi 7 meses en 2014 y todo 2015 sin una pauta de gastos. Ahora parece que le toca a Rodolfo Suárez el mismo destino y no se sabe hasta cuándo se mantendrá en esa situación. 

En épocas de Pérez se hablaba de dificultades y ventajas que supone no tener el Presupuesto votado por la Legislatura. Ahora se vuelve a hablarse de lo mismo. Las dificultades administrativas son varias porque se requieren recaudos legales más ajustados para ejecutar el gasto, las partidas de las que se dispone son menores por efecto de la inflación, pero también por el mismo fenómeno en la dinámica de los precios, se incrementa la recaudación y esos ingresos del Estado caen en una zona gris que permite incrementar partidas sin más límite que la disponibilidad.

 

¿Qué pasa cuando no se vota el Presupuesto? En el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución, se establece que, en caso de que la Legislatura no apruebe una pauta de gastos al 31 de diciembre, “continuará el vigente con sus partidas originarias”. Esto significa que se vuelve a utilizar la pauta de gastos del año anterior; en este caso la de 2019.

El asesor contable del bloque de senadores del PJ, Nicolás Aroma, apunta al principal problema de vivir sin presupuesto: “Un plan de gobierno se plasma en el Presupuesto”, dice el contador del PJ. Con eso se refiere a que la decisión política de priorizar determinado gasto por sobre otras opciones se define en esa ley que debe votar la Legislatura. Por eso se la conoce como la ley de leyes, porque da pistas acerca de hacia dónde va una administración.

 

El presupuesto también supone límites y se transforma en una herramienta de control. Se asignan los recursos a partidas específicas y así es posible seguir el desarrollo del gasto; por ejemplo, se sabe que hay determinada cantidad de dinero para sueldos estatales y se puede seguir mes a mes cuánto se paga de ese monto total y si alcanzará para todo el año o si hay que reasignar dinero de otro lado o si sobrará y se puede usar en otra cosa.

El ministro de Hacienda, Miguel Lisandro Nieri, rescata el aspecto institucional que significa tener votado el presupuesto, y también las limitaciones de moverse con las partidas del año pasado.

 

La limitación se nota sólo al ver los números gruesos presentados en diciembre por el ministro Nieri en la Legislatura.

Para 2020, el Gobierno estima que recibirá en todo concepto recursos por algo más de 181 mil millones de pesos y los gastos totales llegarán a $ 191 mil millones. El déficit fiscal estimado será de alrededor 9.900 millones de pesos. Pide autorización para pagar amortización de la deuda por 6.467 millones: esto significa que pide crédito para pagar créditos anteriores, es decir no se incrementa el capital adeudado, lo que se conoce como “roll over”. Asegura tener remanentes de ejercicios anteriores por $ 4.900 millones.

 

En 2019 los números gruesos eran bastante menores, fruto de la inflación. Se calcularon 118 mil millones de pesos en ingresos totales y algo más de $ 120 mil millones en egresos totales. El rojo estimado era de $ 2.200 millones. El gobierno pedía 3.695 millones para hacer roll over que la Legislatura (léase la oposición) no autorizó, así como tampoco otra deuda pública.

La diferencia en los montos es un dato acerca de la limitación que implica funcionar en 2020 con las partidas de 2019.

 

La diferencia entre los gastos estimados para los dos años es de 71 mil millones de pesos. Eso significa que durante su primer año, Suárez deberá trabajar con una pauta de gastos mucho menor a la que debería funcionar. La partida de sueldos de 2019 autorizada por la Legislatura fue de 58.700 millones de pesos. La estimada para 2020 y no autorizada por la Casa de las Leyes asciende a 95.281 millones. Suárez dispondrá en la partida sueldos de 58.581 millones menos.

La situación es difícil pero tiene arreglo. En todas las leyes de presupuesto se autoriza el movimiento de recursos de partidas. Se pueden mover de un lado a otro, pero los pasos administrativos suelen ser engorrosos. 

 

Para autorizar esos movimientos se requiere de un decreto del gobernador y para eso hace falta iniciar un expediente, que recorre diversas oficinas públicas hasta llegar al escritorio de Suárez para que firme la ampliación. Y así deberá ser cada vez que haya que pagar algo y la partida prevista haya sido consumida en su totalidad.

Hay otra limitación y es la de los fondos fijos que se votan cada año. Por ejemplo, para este año el Gobierno disponía un aporte para el funcionamiento operativo de Aysam por 140 millones de pesos; también 400 millones para el programa plurianual vitivinícola (el conocido como fondo anticíclico creado por la Legislatura en febrero del año pasado); también los fondos para el funcionamiento del canal Acequia (21 millones), o para la Sociedad de Transporte Mendoza (STM) iban $ 15 millones para elementos del Metrotranvía.

 

¿Pozo ciego?

De lado de los recursos, ya están aprobadas las leyes de avalúo e impositiva 2020. El valor que las propiedades tienen para el Estado subió un 34%, por lo que este año sube lo que se recauda del impuesto inmobiliario por el mismo monto. 

El incremento es menor a lo que subió la inflación el año pasado, por lo que podría decirse que el contribuyente le ganará al índice de precios, pero igual es un incremento que, podría suponerse, le llevará más recursos al Estado.

 

Lo mismo sucede con Ingresos Brutos. No hubo modificaciones respecto de las alícuotas vigentes el año pasado, pero la inflación sí modifica los precios sobre los que se calcula el impuesto y eso también supondría un incremento en lo que recauda el Estado.

Eso estimula a las imaginaciones más febriles de la oposición. Habrá recursos recaudados en 2020, con partidas estimadas para 2019. Pasaron 12 meses y una inflación de 54%. El Gobierno estimó ingresos por 175 mil millones de pesos en el proyecto de ley que duerme en la Legislatura (entre impuestos provinciales y coparticipación).

 

Desde el Gobierno ponen paños fríos respecto de la recaudación: “En general, los gastos acompañaron la inflación. Algunos medicamentos siguen al dólar, otros insumos crecieron menos que la inflación. Nuestros recursos crecieron nominalmente, pero no acompañaron a la inflación. Crecieron alrededor del 43%, menos que la inflación” dijo Nieri. El impuesto que más cayó fue Sellos: “Cayó la venta de autos e inmuebles, y afectó la recaudación. Ingresos Brutos perdió en términos reales, pero fue el que más creció”, dijo el ministro. 

Deuda, empleo y millones de dólares para varios años

Ninguno de los consultados tiene claro cuándo se podrá votar el Presupuesto 2020. El acuerdo parece lejano, porque el PJ quiere vetar los pedidos de endeudamiento que ha realizado Rodolfo Suárez en el proyecto que mandó a la Legislatura en diciembre.

 

El más “optimista” parece ser el presidente del bloque de diputados del PJ, Germán Gómez. “No pasa nada si no hay Presupuesto. El peronismo estuvo dos años así. Sin embargo, va a haber presupuesto. Hemos estado hablando en el receso y vamos a seguir hablando. Es bueno que el Gobierno haya convocado a los intendentes”.

A pesar de ese optimismo, fechas no hay. El peronismo busca que en Mendoza suceda lo mismo que a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires. Gómez habla de un sinceramiento de los números. El contador Nicolás Aroma habla de plan de sostenibilidad de la deuda: “Las otras provincias ponen la herencia sobre la mesa, intentan aplazar pagos para primero crecer y luego pagar. En Mendoza quieren emparchar con deuda el problema financiero”.

 

El centro del problema es la deuda. Rodolfo Suárez ha pedido $ 6.467 millones en concepto de “roll over” y 300 millones de dólares para obra pública.

El ministro de Hacienda, Nieri, señala que “Kicillof tiene problemas pero no le falta la herramienta del roll over. El gobierno nacional está colocando deuda para rolear; acá el PJ no nos deja”.

Desde la oposición señalan que el artículo 40 del proyecto dice en el párrafo final que “la presente autorización conservará su vigencia hasta tanto sea efectivamente utilizada, o hasta tanto sea derogada o modificada por Leyes posteriores”. Es decir, que Suárez podría tomar los U$S 300 millones más allá de 2020. “Es una autorización plurianual” dicen.

 

Nieri responde que la construcción ha sido una de las principales actividades. “La obra pública ha sido la que ha movido la actividad y ha generado empleo. Esa deuda permitirá que se puedan iniciar otras. Hay una oportunidad de hacer algo por el empleo, algo que en campaña todos reclaman”.

Claves

No es la primera vez. En 2014 Francisco Pérez no tuvo ley de presupuesto hasta fines de julio y en 2015 nunca se aprobó la ley de leyes. 

Cómo se remplaza la ley. La Constitución de la provincia autoriza a usar la pauta de gastos del año anterior. En este caso, Suárez debe usar la de 2019. 

El drama inflacionario. Las partidas presupuestarias del año pasado se calcularon para precios de servicios e insumos, así como para sueldos mucho menores que los actuales. También los recursos estimados no son los mismos de un año a otro.