Opinión Lunes, 9 de septiembre de 2019 | Edición impresa

Esperamos que el árbol no tape el bosque - Por Aldo Luis Biondolillo

Por Aldo Luis Biondolillo - Profesor Invitador FCE/UnCuyo. Empresario Vitivinícola

El título de esta nota es la frase con la que el licenciado Alfredo Aciar cerró el anuncio de compra de 100 millones de litros de vino por parte del Gobierno provincial. Fue el disparador para  reflexionar sobre su significado e implicancias al momento de definir el rol del Estado en la economía, la oportunidad de la medida anunciada y su costo fiscal frente a otras medidas alternativas.

¿Cuál es el bosque? 

El contexto económico general dentro del cual tiene lugar la profunda crisis actual del sector, es el marco adecuado que nos ayudará a enumerar un listado no exhaustivo de los problemas más acuciantes que determinan la falta de rentabilidad y ahogo financiero que vive el productor y que bien puede asemejarse al bosque imaginado:

1. La falta de una política comercial a nivel nacional que priorice los tratados de libre comercio con los actuales países consumidores de vino y países emergentes.

2. Carencia de una política macroeconómica que atienda las necesidades de las economías regionales, entre ellas las de nuestra vitivinicultura.

3. Las mega devaluaciones practicadas y la inflación descontrolada que no se ha logrado encauzar. La aplicación de retenciones a las exportaciones vitivinícolas terminan restando competitividad al sector al incrementar los altos costos dolarizados de los insumos secos.

4. La exagerada presión impositiva, sumada a las altas tasas de interés, incompatibles con la nula rentabilidad del productor, provocan una asfixia económico-financiera de las pymes vitivinícolas y desincentivan las nuevas inversiones en el sector.

5. Los incrementos desmedidos en las tarifas eléctricas y el costo del combustible, además del encarecimiento del transporte y la logística de exportación, agravan la  pérdida de competitividad.

6. La insostenible situación del productor que “siempre pierde”, como expresó el diputado Ricardo Mansur en el suplemento Fincas de Los Andes.

7. La falta de una política sectorial con un Estado presente que priorice a la vitivinicultura y diseñe medidas anticipatorias, las que de haber sido aplicadas oportunamente podrían haber evitado el daño socio-económico causado por la retracción de la demanda de uvas, que afectó a miles de viñateros, quienes al no poder vender su producción aún con rentabilidad negativa, se vieron forzados a elaborar a maquila en condiciones desventajosas comparadas con las de vendimias anteriores.

¿Cuál es el árbol? 

Es el productor frágil y vulnerable que espera la intervención de un Estado presente que actúe en el momento oportuno, anticipándose a las consecuencias de las consabidas crisis recurrentes de precio y que no lo deje solo a expensas de un mercado imperfecto caracterizado por importantes asimetrías entre el poder de compra y de venta de sus actores. De esta manera, el Estado podría evitar que el mercado haga leña del árbol caído y ponga un freno a que el estatus quo termine desbastando el bosque.

El papel del Estado en la vitivinicultura

La teoría económica del bienestar introduce elementos de juicio de valor subjetivos, que responden a criterios éticos, ideológicos o políticos sobre lo que puede considerarse deseable o perjudicial para la sociedad, que facilitan la búsqueda de la máxima eficiencia económica no ya desde el interés individual, sino desde el punto de vista del bienestar colectivo. En síntesis, provee las bases para juzgar los logros del mercado y de los hacedores de la política pública en la asignación o distribución de los recursos y bienes, estableciendo además criterios para la intervención del Estado. 

Concomitantemente la teoría de las Finanzas Públicas, nos brinda herramientas para analizar y evaluar la efectividad de la política pública y su normativa establece que es función del Estado proveer los bienes públicos que el sector privado no puede abastecer, corregir las falencias del mercado en presencia de externalidades o de distorsiones estructurales que impiden el adecuado funcionamiento del mecanismo de formación de los precios, complementándolo cuando sus resultados no logren alcanzar los objetivos de equidad indispensable para un desarrollo económico física y socialmente sustentables.

Sin duda, estas herramientas que nos ayudan a definir dónde, cuándo y cómo debe intervenir el Estado para superar las fallas del mercado que atentan contra el fin último de alcanzar el máximo bienestar colectivo. 

Trasladando estos conceptos a la vitivinicultura podemos decir que el sector necesita de un Estado que anticipándose a los efectos de las recurrentes crisis por falta de rentabilidad del productor, diseñe políticas  activas e intervenga en el momento oportuno para garantizar una total transparencia en el mecanismo de formación del precio de la uva y del vino de traslado y satisfaga plenamente el cumplimiento del objetivo de equidad que demanda una vitivinicultura moderna, próspera, con rentabilidad para el productor, competitiva a nivel global y socialmente inclusiva a nivel local.

Por ejemplo, si el sector privado ejerciendo su legítimo derecho, decide no participar en el mercado de uvas y restringe el acceso del productor a los servicios de elaboración por cuenta de terceros, es un deber del Estado buscar alternativas de intervención que suplan la falta de interés de compra de la demanda. Esto marca en el tiempo un primer momento de intervención y que si el Estado no actúa, tendrá que actuar tardíamente en el mercado de vinos de traslado.

Es en esta segunda instancia de intervención donde el gobierno de la provincia decide la compra de 100 millones de litros de vino y es en este escenario en el que se debe evaluar dicha medida en términos del objetivo buscado, la oportunidad del anuncio, el precio ofrecido, el costo fiscal de la operatoria frente a otras medidas alternativas y el futuro destino del vino comprado por el gobierno.