Política Jueves, 16 de mayo de 2019 | Edición impresa

El Gobierno dice que la Corte y el PJ pactaron salvar a Cristina

Denuncian un pacto de impunidad para que CFK no compita por la presidencia y el peronismo pueda unificarse.

Por Javier Álvarez - Corresponsalía Buenos Aires

La decisión de la Corte Suprema que beneficia judicialmente a Cristina Kirchner generó un cimbronazo político: el Gobierno denunció un “pacto de impunidad” entre el máximo tribunal y el peronismo para dejar tranquila a la senadora y que se baje de la carrera electoral.

Hay varias hipótesis en un mar de especulaciones políticas e histeria electoral. Pero al Gobierno nadie lo convencerá de otra cosa: el peronismo y el kirchnerismo buscan aliviar a Cristina a cambio del “renunciamiento histórico” de la senadora.  

Ocurre que el “peronismo racional” que hoy encarna Argentina Federal se niega a conformar un frente único con el PJ y Unidad Ciudadana. Y en Cambiemos estiman que esto podría revertirse si Cristina pone los votos, pero se corre y deja que lideren los gobernadores. El actual escenario de tres tercios es el que le da más chances al presidente de Mauricio Macri de ser reelecto. En cambio, si el peronismo se unifica, el fundador del PRO quedaría en desventaja, con una economía que lejos de ayudarlo lo hunde.  

 

Temblor judicial

Todo se desató cuando el martes la Corte Suprema solicitó de manera “urgente” al Tribunal Oral Federal 2 el expediente de la causa conocida como “Vialidad”, en la que se acusa a la senadora del direccionamiento de la obra pública a Lázaro Báez en Santa Cruz, y cuyo inicio del juicio oral estaba previsto para el martes 21 de mayo. La Corte quiere revisar si el juez de instrucción Julián Ercolini cometió errores procesales y evaluar si corresponde hacer lugar a los nueve recursos extraordinarios de las defensas de la senadora y otros imputados.  

Pero lo que despierta sospechas en Cambiemos es que el pedido llegó sólo una semana antes del inicio del juicio, cuando la causa había sido elevada a esta instancia quince meses atrás, en marzo de 2018.  

 

La disposición del máximo tribunal demorará el inicio del proceso oral contra la expresidenta y el resto de los acusados, entre los que figuran Lázaro y Martín Báez; Julio De Vido y José López, entre otros.

Ayer el fiscal general del caso, Diego Luciani, pidió que la Corte devuelva el expediente antes del martes y que en última instancia revise la causa con el archivo digitalizado de la causa. Esto fue respaldado por Eduardo Casal, Procurador General de la Nación.  

Fuentes de la Corte consultadas por este medio rechazan las acusaciones y descartan la más remota “intención política”. Hablan de resolver, previo al juicio, cuestiones que hacen al derecho de defensa y que, de no tratarse, podrían acarrear su nulidad.

La preocupación en la Casa Rosada es total. El propio Macri pidió ayer que “no haya impunidad”. También lo hicieron el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano. La diputada y cofundadora de Cambiemos, Elisa Carrió, disparó con todo.  

 

Esta decisión de la Corte fue la que más reacción generó en la Casa Rosada en 40 meses. No había ocurrido ni con los fondos para las provincias ni con las jubilaciones ni con las tarifas, aún cuando eso podría haber comprometido toda la política económica oficial. “Es un fallo muy inusual. Tiene un condimento político muy grande”, afirmó Garavano. Y Peña agregó: “No quedad duda de que hay una intencionalidad política, no digo jueces sino en sectores que no quieren que Cristina Kirchner vaya a juicio”.  

La Oficina Anticorrupción (OA), que actúa como querellante en la causa, le exigió al Tribunal Oral Federal 2 que no posponga el inicio de ese juicio. Laura Alonso, titular de la oficina, sostuvo: “En una escandalosa resolución en busca de impunidad para la ex Presidenta”.  

En el gobierno le apuntan directamente al ex jefe de Gabinete y actual armador político de Cristina, Alberto Fernández. Alonso y Carrió abonaron esta teoría que lo posiciona al ex funcionario como artífice de la búsqueda de “absolución” de Cristina a través de la nulidad de la causa. 

 

“La Corte Suprema actuó a derecho”

Para el abogado y profesor universitario, Andrés Gil Domínguez, el hecho de que Corte Suprema de Justicia hiciera lugar a la queja interpuesta por Cristina Fernández “no implica que no va a ser juzgada sino que lo será con el derecho de defensa plenamente garantizado”.

Respecto a la solicitud de la Corte para que se le remitan “los autos principales”, Gil Domínguez sostuvo: “Aunque no es común, es una facultad que la Corte Suprema ejerce cuando constata que es existe una situación de gravedad institucional que afecta a toda la comunidad”.  

“En el caso ‘Vialidad’, la Corte solicitó los autos principales ante la interposición de una queja por parte de la defensa de Cristina Fernández”.

 

“Disuaden a los jueces que juzgan corrupción”

“Creo que esta decisión va a disuadir a los jueces que están juzgando la corrupción, a seguir adelante con la sustanciación de las causas a su cargo, al no sentirse respaldados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, opinó el constitucionalista Daniel Sabsay.

“Cómo no reaccionar frente a una decisión que pareciera operar en contra de la lucha contra la corrupción y que podría asegurarle impunidad a la exPresidenta de la República”, agregó Sabsay, quien expresó su opinión en Radio Mitre, el canal TN y en la red social Twitter. “Esta decisión no tiene precedentes. Se utiliza una ‘extraña herramienta’. La Corte toma una causa de oficio, sin que exista una sentencia definitiva”.
 

 

La UCR condenó la demora en el juicio

El Comité Nacional de la UCR manifestó ayer su “profunda preocupación” sobre la dilación de los procesos judiciales que investigan a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia, que postergó el comienzo del  juicio oral elevado hace un año y medio, es “sorprendentemente inusual”, según se quejó el partido político.

En un comunicado de prensa, el centenario partido señaló que “la demora y la lentitud de los procesos judiciales es una reconocida manera de consagrar la injusticia y garantizar la impunidad”.

 

De acuerdo con lo que expresa el radicalismo, “hay pruebas evidentes, 16 imputados y más de 70 cajas de documentación que pueden demostrar que la ex Presidenta blanqueó dinero de obras públicas a través de sus hoteles”.

“Es imperioso que eso sea juzgado con celeridad y, naturalmente, con todas las garantías para la defensa”, aseveró el Comité Nacional de la UCR.

Además, expresó que los argentinos necesitan una “señal inequívoca” de toda la clase dirigente de que la corrupción ya no puede quedar impune.  

“Es imprescindible que toda la ciudadanía comprenda que lo que robaron los políticos corruptos tiene mucho que ver con los padecimientos económicos y sociales que vivimos los argentinos”, añadió.