Opinión Sábado, 4 de enero de 2020 | Edición impresa

El conflicto mendocino por el agua de 1887 - Por Luciana Sabina

Durante siglos la población local se abasteció de agua a través de las acequias, alimentadas por el río Mendoza.

Por Luciana Sabina - Historiadora lucianasabinaok@gmail.com

Sin lugar a dudas durante las últimas semanas Mendoza giró en torno al tema del agua. Como sabemos, la polémica se desató al modificarse la Ley 7.722 permitiendo la explotación minera mediante químicos. Esto generó una fuerte ebullición popular que hizo retroceder al Gobierno y a la Legislatura.

Lejos estamos de buscar analizar lo sucedido y sus consecuencias, para dar la razón a unos u otros. Algo que ya hicieron hasta el hartazgo partidarios de ambas posturas. Queremos usar esta realidad como excusa para bucear en el tiempo, llegando a 1887 cuando gran parte de los mendocinos criticó el accionar gubernativo en torno al agua. 

Durante siglos en nuestra provincia la población se abasteció del preciado elemento a través de las acequias, alimentadas por el río Mendoza. Desde Luján de Cuyo llegaba a Godoy Cruz, de allí a Ciudad, para posteriormente pasar por Guaymallén y finalmente Las Heras. Cada hogar poseía entonces un pozo donde el fundamental líquido reposaba para clarificarse y ser consumido posteriormente.  

No es difícil imaginar que dicha situación distó mucho de ser salubre. El agua, señaló diario Los Andes en 1886, “desde que se saca del río a siete leguas de distancia hasta que entra en el pozo que la destina al servicio ordinario, recibe en su curso toda clase de inmundicias, porque parece que hay una tendencia dominante en la población de este país a echar todo lo sucio al agua corriente, sin preocuparse un instante en el perjuicio que le hace al que la ocupa más abajo” (Los Andes, 22 de diciembre de 1886).

Permanentemente la población infectaba el agua que consumía, en muchas oportunidades los canales pasaban por propiedades privadas dónde al Estado le era imposible intervenir para evitar la contaminación. Con este panorama la llegada del cólera en 1886 tuvo consecuencias catastróficas.  

Debemos aclarar que en la década de 1880 recién estaba construyéndose el sistema de cañerías en nuestra provincia. A medida que este avanzó se colocaron surtidores en las calles para el uso público y gratuito. Quienes tenemos más de 35 años alcanzamos a ver algunos, aunque ya como llamativos vestigios de otra Mendoza. El agua que se obtenía de allí sí era potable desde luego, pero pocas zonas contaban con dicho beneficio al estallar la epidemia.

Las familias que podían costear una instalación privada accedieron al sistema rápidamente y tuvieron líquido corriente en sus hogares. La cuota era fija, debía pagarse en la Municipalidad y llegaba por trimestre. Podía hacerse un pago anual de manera adelantada obteniendo así un descuento del 9%. Estos ciudadanos fueron los menos afectados por la epidemia, al igual que quienes hervían el agua que tomaban de las canales u acequias antes de consumirla. Pero no todos siguieron aquella recomendación. Por eso en un acto desesperado por combatir la enfermedad, a principios de enero de 1887, el Gobierno provincial dejó sin agua a los departamentos de Ciudad y Las Heras.

En este lapso, las familias debían acercarse a la municipalidad correspondiente en busca de una ración líquida: dos baldes de agua por hogar, sin importar la cantidad de gente que lo habitaba. La otra opción era viajar en busca de surtidores públicos. Este matutino amonestó la medida dedicando un extenso texto en el que señalaba la falta de consideración con las familias que “no pueden tener caballo y carro para hacerlo o pueden carecer del dinero necesario para hacerla traer en cantidad bastante” (Los Andes, 1 de enero de 1886). 

En pleno verano no fue la opción más inteligente y llovieron numerosas críticas. La situación no perduró. Fue fundamental el accionar de la prensa, ya que por entonces la gente no se agolpaba en las calles para reclamar.