Policiales Domingo, 6 de octubre de 2019 | Edición impresa

El caso Gil Pereg llega a un tribunal internacional

Los abogados del israelí detenido por el asesinato de su tía y su madre, han realizado una presentación en la CIDH.

Por Oscar Guillén - oguillen@losandes.com.ar

El caso del ciudadano israelí Gil Pereg (38) - detenido en Mendoza como presunto autor de la muerte de su madre y de su tía- ya tiene su capítulo internacional: sus abogados acaban de realizar una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denunciando que en la causa se han violado 9 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

 

Los abogados del estudio Legrand –Maximiliano Legrand, Lautaro Brachetta y Marcos Segovia- sostienen, entre otras cosas, que existe una injustificada demora de Poder Judicial de Mendoza para resolver la internación de Pereg en una institución psiquiátrica que pueda tratar adecuadamente al detenido que es diagnosticado, en la presentación, como “una persona que padece parafrenia, delirios, alucinaciones, posible psicosis, paranoia, fobia al agua asociada a su delirio y licantropía (Pereg afirma pertenecer al mundo de los gatos y no al de los seres “de dos patas” o sea los hombres, manifestando, por supuesto, no estar loco)”.

Archivo / Los Andes

A pesar de ello, dicen los defensores, nunca se ha tenido en cuenta la Convención Interamericana de las Personas con Discapacidad.

"Presentamos la petición en la Comisión porque entendemos que son numerosas las irregularidades del procedimiento seguido contra Gil Pereg. Es violatorio del derecho de defensa que no nos dejen incorporar testigos, que no nos dejen interrogar peritos, que no le devuelvan su dinero ni den cuenta de donde está, que lo torturen en el penal y que no tengan en cuenta que es un paciente psiquiátrico", explicó Maximiliano Legrand a Los Andes.

 

Y agregó: "Debe aplicarse la Convención de las Personas con Discapacidad. Independientemente de si es inimputable o no, hay un hecho incontrovertido y es que Pereg tiene graves padecimientos psiquiátricos de características únicas pero diagnosticadas por todos los peritos".

La presentación no sólo apunta contra el Poder Judicial de Mendoza, por no internarlo y demoras varias, sino también contra el Ministerio Publico Fiscal por impedir el contacto con los psiquiatras del penal, contra la Policía de Mendoza por el denunciado robo de 70.000 dólares y 25.000 euros, y contra el Servicio Penitenciario por torturas, según esgrime la defensa del israelí.

 

Pero la denuncia agrega también un condimento político, achacándole al gobernador Alfredo Cornejo presionar a la Justicia en causas mediáticas. “El señor Pereg es una persona con una discapacidad mental que ha quedado en medio de una campaña política del Poder Ejecutivo por el castigo a los responsables de delitos, independientemente de su situación", afirma el escrito. Y completa: "Los jueces que no se someten a sus designios en causas mediáticas, como la presente, son enjuiciados o cuestionados fuertemente por el Poder Ejecutivo de Mendoza. Mientras se resuelven todas las apelaciones, el señor Pereg carece de un recurso expedito que ponga fin al riesgo a su integridad psicofísica y a su vida. Mientras esto ocurre, personal penitenciario lo tortura, agrediendo su integridad física y psíquica”.

 

Pereg, su salud y la Justicia

Según consta en la presentación ante la CIDH, el 26 de enero de 2019 Gil Pereg fue detenido por el presunto homicidio de su madre y de su tía y recluido en aislamiento en el penal de San Felipe. Desde ese momento se realizaron una serie de pericias psiquiátricas y psicológicas que marcaron distintas patologías psiquiátricas. Incluso “personal psiquiátrico del penal San Felipe determinó la existencia de las múltiples patologías psiquiátricas”, afirma el documento.

 

Por eso, la defensa del imputado presentó un pedido de internación en un psiquiátrico, atento a que su patología no podía ser tratada mediante el encierro en una cárcel sobre la que pesan medidas provisionales tomadas por la CIDH.

Por otra parte, “la detención fue apelada por la defensa, confirmada por el Tribunal de Apelación y fue recurrida ante el Tribunal Supremo el día 8 de mayo de 2019. Al día de la fecha no ha sido resuelto el recurso”.

 

En los primeros días de marzo, se presentó un habeas corpus correctivo en favor de Pereg para que se tomaran medidas de tratamiento adecuadas con respecto a su patología, luego de que se publicaran videos tomados por penitenciarios en donde Pereg estaba en su celda semidesnudo y hacía ruidos de gato.

Además, frente al deterioro psicofísico del detenido, se requirió su internación en un establecimiento adecuado. El juez de primera instancia rechazó la acción pero ordenó que personal de la penitenciaría tomara las medidas de resguardo pertinentes sin especificar cuáles. Pero días más tarde “personal penitenciario bañó a Pereg, aún teniendo conocimiento de que el mismo tenía fobia al agua y que el contacto con la misma le producía un sufrimiento asociado a su patología”.

 

Esto se comunicó al juez de habeas corpus pero fue rechazado. El rechazo se apeló, solicitándose nuevamente la internación pero el Tribunal de Apelación rechazó el planteo, aduciendo que no tenía competencia.

El 25 de septiembre, los penitenciarios volvieron a bañar al fóbico Pereg, quien amenazó con suicidarse y, ante la negativa a vestirse, “se lo golpeó hasta quebrar su mano derecha”, según la defensa. Esto motivó un nuevo hábeas corpus que volvió a ser rechazado, considerándose que internarlo no era un remedio idóneo.

 

“A pesar de los apremios sufridos, no se tomó ninguna medida clara y concreta para salvaguardar su integridad o tutelar sus derechos como persona con una discapacidad mental”, dicen los defensores.

¿Dónde están los euros y dólares?

En cuanto al presunto dinero que le habrían robado a Pereg, se afirma que el 25 de enero pasado el extranjero fue detenido por 6 policías, en su casa de Guaymallén y que le “sustrajeron” un morral con 70 mil dólares y lo tiraron por arriba del portón. En el acta de detención no se nombra el morral, ni el dinero. El mismo Pereg señala a un tal “David, de pelo largo” como uno de los policías que lo detuvo.

“Debe tenerse en cuenta que se realizó en numerosas oportunidades la solicitud de compulsa para la investigación de la presente causa obteniendo un pronunciamiento negativo por parte de la Fiscal Instructora Claudia Ríos”, señala de denuncia internacional.

Luego se hace mención a un segundo hecho, donde se le secuestró a Pereg 15.625 dólares, 25.180 euros; 7.803 pesos argentinos y  una suma menor de moneda israelí y neozelandesa. Según el escrito, la fiscal Ríos, durante una audiencia grabada tradujo el dinero a pesos, diciendo que había unos 700 mil pesos –y solo 147 euros-, algo  “lejos de los más de dos millones que deberían encontrarse en el expediente”. “Se advierte entonces, de las constancias de autos la existencia del delito de hurto de la suma de euros ut supra referida”.

Derechos vulnerados

Los 9 derechos de Pereg que se han vulnerado, según la presentacion de la defensa.

1) Derecho a la vida: Pereg amenaza constantemente con suicidarse producto de que es inestable y tiene brotes psicóticos.

 

2) Derecho a la integridad personal: la detención y las vejaciones por parte de personal penitenciario vulneran este derecho.

3) Derecho al recurso: se ha sancionado a la defensa por presentar medios de prueba y por no ceder ante los infundados rechazos por parte de la Fiscalía.

4) Derecho a la defensa en juicio: el imputado carece de los medios económicos y mentales para enfrentar un juicio en su contra.

 

5) Derecho a no ser discriminado como discapacitado mental: desconocimiento de las autoridades de la calidad de persona con discapacidad hace que el trato sea discriminatorio.

6) Acceso a la justicia: denegatoria de un recurso adecuado y eficaz para tutelar el derecho Pereg a ser internado en un establecimiento adecuado.

7) derecho de propiedad: vulnerado a través de hurtos y robos por parte de personal policial.

8) Se ejercieron actos de tortura contra Pereg, vulnerando la Convención Interamericana en contra de la Tortura.

 

9) Plazo razonable: no hay una resolución de los pedidos de internación hechos por la defensa ya que el Tribunal Superior no ha emitido respuesta habiendo transcurrido más de cuatro meses de la misma.