Policiales Domingo, 15 de diciembre de 2019 | Edición impresa

El asesinato en el barrio La Gloria reflota el debate por bajar la edad de imputabilidad

El diputado nacional Luis Petri adelantó que el año próximo presentará un nuevo proyecto para un régimen penal juvenil.

Por Ignacio Zavala Tello - izavala@losandes.com.ar

El asesinato a tiros de un estudiante de 14 años para robarle el celular, ocurrido el último viernes en el barrio La Gloria de Godoy Cruz, sacudió a la provincia. No sólo por las circunstancias y por la edad de la víctima sino porque uno de los dos aprehendidos por el hecho es un adolescente que también tiene 14 años. El sangriento episodio volvió a poner en el centro la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad de los menores en conflicto con la ley.

 

A las 11 de la mañana del viernes Cristian Merlo Ávila bajó del micro del que regresaba de la escuela Álvarez Condarco y caminó unos 40 metros hacia el Oeste para llegar a su casa, ubicada en la manzana “N” del barrio La Gloria. Pero fue interceptado por dos vecinos, de 14 y 24 años, quienes le exigieron que les entregara el celular. Al parecer, el chico les dio sólo la carcasa del aparato y trató de huir pero fue ejecutado de dos disparos en el pecho. 

 

Menos de una hora después del crimen, los sospechosos fueron aprehendidos en un “aguantadero” ubicado en la misma manzana en que vivía la víctima y les secuestraron una pistola calibre 22.

A principios de año, el oficialismo, en ese entonces en manos de Cambiemos, intentó presentar un proyecto que preveía que la edad de imputabilidad debía fijarse en los 15 años, en lugar de los 16 como rige en la legislación vigente. Luego de enriquecerse con aportes en mesas de trabajo desde marzo de 2017, el anteproyecto se presentó a los diputados pero nunca ingresó al Congreso.

 

La iniciativa del nuevo régimen penal juvenil contemplaba que los adolescentes mayores a 15 y menores de 18 años que cometieran delitos considerados graves fueran reprimidos con una pena máxima de 15 años. Pero también establecía un criterio de gradualidad de las penas de acuerdo a la edad del imputado. Así, sólo los adolescentes de 15 años  serían imputables por los delitos graves, como homicidio, abuso sexual y robo agravado; entre los 16 y los 18 años serían imputables cuando no hubieran cometido un delito con pena máxima de prisión igual o menor a tres años y podían ir a la cárcel pero sólo una sentencia igual o mayor a 10 años. 

 

El proyecto, que nunca llegó al recinto legislativo, también proponía un programa de asistencia y acompañamiento de los menores a través de equipos interdisciplinarios para impedir que desarrollaran una carrera delictiva y alojarlos en complejos penitenciarios diferenciados de los adultos.

Quien es un férreo defensor de la idea de que la imputabilidad debe fijarse en los 14 años es el diputado nacional por Mendoza, Luis Petri. “Estos episodios demuestran que es absolutamente indispensable rediscutir un régimen de responsabilidad penal juvenil, que debe atender a la edad en que el joven empieza a comprender la criminalidad de los hechos. Si es consciente y lo asume, es necesario que sea juzgado”, aseguró el abogado radical en diálogo con Los Andes.

 

Agregó: “Tenemos una norma de la dictadura (la Ley 22.278 del Régimen Penal de Minoridad) que es una vergüenza, que no tiene políticas de prevención y donde el juez tiene un poder arbitrario para disponer si somete al menor a proceso. Lo más grave de todo, cuando se niega la posibilidad de discutir desde qué edad es imputable, es que se baja el telón de la impunidad para las víctimas. De comprobarse que quien mató a este chico (Merlo Ávila) es menor, la familia no va a poder hacer justicia”.

Nuevo proyecto

Petri adelantó a este diario que cuando comiencen las sesiones ordinarias del Congreso el próximo año presentará su propio proyecto sobre el régimen penal juvenil. “Mi proyecto implica la baja de imputabilidad a los 14 años por delitos graves como homicidios. Es necesario discutir una Justicia diferenciada; no puede acotarse la discusión a la baja de imputabilidad solamente”, analizó el legislador mendocino.

 

“No se encienden las alarmás tempranas en el Estado para impedir que los menores continúen escalando en la carrera delictual. Hay que establecer el régimen y todo un sistema de protección a los menores en conflicto con la ley para prevenir. No tiene que ser abordado desde el punto de vista penal sino socioeducativo”, añadió.

Rechazos y reparos

En la vereda de enfrente se ubica el abogado penalista y docente universitario Fernando Peñaloza. “No estoy para nada de acuerdo con la idea de la baja de la edad de imputabilidad. No tiene ningún sentido la punibilidad o la aplicación de la pena, por más grave que sea el delito, en una persona que no ha tenido su pleno desarrollo para comprender los hechos que ha cometido. Es un niño hasta los 18 años”, advirtió.

 

“La propuesta es una respuesta efectista que no aborda ningún tipo de solución a la problemática. ¿Qué se va a hacer con esa persona, encerrarla con perpetua cuando todavía no se terminó de desarrollar?”, cuestionó el letrado. 

Para Peñaloza es clave que la mayoría de estos episodios “se dan en un contexto de marginalidad, con personas que no han podido gozar de plenos derechos y que son vulneradas”. “La respuesta rápida no se adapta a la realidad argentina. Hay muchas deudas previas que resolver”, concluyó.

 

En la misma sintonía opinó el abogado penalista Guillermo Yornet y puso el foco en otra cuestión: los tratados internacionales sobre derechos infantiles a los que adhiere Argentina. La Convención sobre los Derechos del Niño establece que debe haber un régimen distinto para los menores y no tener penas perpetuas, con la finalidad de la reinserción social. Pero no pone un límite en cuanto a la edad en que se puede penar a una persona. 

“Este tipo de iniciativas buscan caer bien a la población pero no van a lo profundo y no aportan ninguna solución. Estoy en contra de criminalizar a los menores que viven en condiciones de marginalidad y violencia. Como sociedad, tener un pabellón lleno de gente joven, es algo frustrante”, apuntó Yornet.

 

Pero Petri argumenta que un nuevo régimen “no criminaliza a estos menores”. “La Convención de los Derechos del Niño dice a los Estados que la edad debe estar establecida por ley para que no sea arbitrario y no dependa del criterio de un juez. El menor tiene derecho a ser oído y tener un proceso penal justo y una Justicia diferenciada”, aclaró el legislador por Mendoza.

El proyecto de Petri encontró respaldo en el ex ministro de Seguridad provincial, Gianni Venier. “Casi todos los países tienen la imputabilidad mucho más baja que en Argentina. Nuestro país está atrás en ese punto de vista. Es un debate profundo, adecuado a los países donde nos queremos reflejar pero debe hacerse con compromiso y sumando ideas y acciones”, apuntó el también abogado. 

 

“Los que se oponen de lleno no hacen absolutamente nada y siguen viendo cómo los menores son usados por los mayores para delinquir y se les arruina la vida. Ese modelo de pensamiento tuvimos durante 12 años en el sistema penitenciario y teníamos las peores tasas de reincidencia y readaptación. Lo más fácil es decir que no y parecer cool. Decir que no a la punición es una banalidad exclusivamente argentina”, disparó el ex funcionario de Alfredo Cornejo.

La propuesta del diputado Petri parece atender al reclamo de algunos sectores de la sociedad pero no es bien recibida en el ambiente judicial local. De ahí que las voces en contra del proyecto se multipliquen entre los abogados consultados por Los Andes.

 

Quizás quienes con más fuerza se oponen a este tipo de iniciativa son los letrados que conforman la   ONG de derechos humanos Xumek. Su presidente, Lucas Lecour, apuntó al retraso con que llega el Estado para abordar la problemática. “Esto no se resuelve bajando la edad de imputabilidad. Habría que preguntarles a esos pibes que delinquen cuándo estuvo el Estado presente porque, al parecer, sólo llega cuando ya cometieron un delito”, advirtió.

 

“Es muy sencillo para el Estado culpar y tratar de meter preso a un menor pero la tarea como responsable de garantizar una infancia digna debería ser anterior a la comisión de un delito. El asesinato de este chico en el barrio La Gloria es penoso y respeto el dolor de esa familia pero estadísticamente no es significativo el índice de delitos que cometen pibes por debajo de la edad de imputabilidad para justificar una reforma”, agregó Lecour.

Para el abogado consultado se deberían reforzar los mecanismos de prevención para impedir que los jóvenes lleguen al delito. “No vamos a prevenir más muertes por meter a este pibe preso. Si no intervenimos para que no haya más pibes cometiendo delitos, no vamos a resolver nunca el problema”, reflexionó.

 

Y concluyó: “Me duele la muerte de este chico pero también me duele que haya pibes que maten por un celular, cuando deberían estar en un club con amigos jugando a la pelota y no portando un arma”.