Economía Viernes, 31 de mayo de 2019 | Edición impresa

El 40% de los estatales tienen descuentos por servicios

Más de 39.000 trabajadores tienen retenciones activas en sus sueldos y cerca de 300 superan el límite establecido.

Por Barbara Del Pópolo - bdelpopolo@losandes.com.ar

En 2018 el Gobierno provincial le puso un tope al porcentaje que farmacias, mutuales y otros organismos podían descontar directamente del salario de un empleado por la prestación de un servicio o la venta de un producto. Hasta septiembre del año pasado el tope era el 50% del haber y a la fecha, es el 20%. Este método de pago es usado por cuatro de cada diez estatales.

Según explicó Ulpiano Suárez, subsecretario de Gestión Pública, a septiembre de 2018, antes de que entrara en vigencia el Decreto N° 1208 de ese año (la normativa que bajó el tope), había 39.146 empleados con descuentos (40% del total de  97.772 trabajadores) y en la actualidad son 38.015 los empleados con descuentos activos, es decir el 39% de 96.888.

La disminución porcentual de un año a otro es poca, pero de acuerdo con el funcionario, lo que tuvo un impacto positivo fue que se bajara el tope de afectación salarial permitida del 50% al 20%. Mientras que en 2018 el total de los empleados con descuentos activos que superaban el tope del 20% ascendía a 844, actualmente son 271 los empleados estatales que están en esa situación.

 

El decreto buscaba “preservar el carácter alimentario que tiene el salario del empleado” y adecua la normativa provincial a la nacional. Es que antes de la modificación se encontraron empleados con hasta 92 descuentos activos. 

Actualmente las más de 900 empresas que están inscriptas para ofrecer sus productos o servicios a cambio de pagos pueden presentar el pedido de descuento al Estado sobre el salario del empleado que haya adquirido un bien o contratado un servicio, pero el pago se les efectuará siempre y cuando este no afecte más del 20% del salario del mismo. En caso de que no sea posible realizar el descuento, el pago quedará pendiente hasta que se libere el sueldo del empleado y pueda ingresar un nuevo descuento.

 

Según explicó Suárez, desde la modificación del decreto “disminuyó la cantidad de trabajadores con descuentos por encima del 20%, y dicha disminución implica un total de 6 millones de pesos mensuales menos con respecto a 2018, cuando se descontaba el 4% del total de los haberes liquidados. A la fecha, se descuenta un 2,6% del total”.

Empresas en regla

Las firmas que tienen permiso para solicitar descuentos directamente del salario de los empleados públicos deben estar registradas y con su situación frente a la Administración Tributaria Mendoza (ATM) completamente en regla. Si bien el tope de descuento que rige hoy es del 20% del total del salario de los trabajadores, la Ley Nº 21.526 restringe el total de descuentos afectables por seguros no obligatorios al 5%, y por prestaciones de farmacia al 10%. Además aclara que el 50% que se permitía antes resulta “inconstitucional”.

De acuerdo con el mismo decreto, las empresas o “titulares del servicio” no podrán ceder, transferir ni permitir el uso de los mismos a terceros por ningún concepto. “Toda vez que el Código de Descuento se otorga teniendo en cuenta la calidad de su titular, el mismo es personal e intransferible”, se explica.

Las empresas pueden perder los Códigos de Descuentos que se les otorgaron y que les permiten establecer un sistema de cobros directamente del salario del empleador, siempre que “se detectare la comisión de faltas de carácter grave”. 

 

Se considerarán faltas de carácter grave las siguientes: la carga defectuosa de descuentos en el sistema que genere perjuicios al personal de la Administración Pública Provincial dependiente del Poder Ejecutivo, no reintegrar en tiempo oportuno y en forma total los importes que pudieran haber sido descontados erróneamente al personal de la Administración Pública Provincial dependiente del Poder Ejecutivo una vez detectado el error, no cumplir con las resoluciones dictadas por la Contaduría General de la Provincia referidas a los descuentos efectuados a agentes y funcionarios concursados o fallidos, obstaculizar o impedir las inspecciones y auditorías dispuestas por la autoridad de aplicación y toda otra falta que según lo establecido en los artículos de este decreto sea considerada grave”.