Política Miércoles, 22 de mayo de 2019 | Edición impresa

Causa "Vialidad": la estructura de los negociados por la que se los enjuicia

La concentración económica de obras en Santa Cruz y su direccionamiento en favor de Báez son el eje de la acusación.

Por Redacción LA

La acusación que el secretario del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) comenzó a leer consta de 600 páginas y corresponde al escrito de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Los fiscales entendieron que la investigación no se encuentra “en soledad”, sino que se trata de la “causa madre” de un grupo de investigaciones que involucran a la ex Presidenta, como Hotesur SA, Los Sauces SA y otros expedientes, como también aquel en el que Cristóbal López es investigado por no pagar a la AFIP 8.000 millones de pesos del impuesto a los combustibles.

Desde el Gobierno anterior y diversos “organismos estatales vinculados a la obra pública, se “montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por más de 46.000 millones de pesos”.

 

La fiscalía sostuvo que se configuró un esquema “de beneficios exclusivos” para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las “gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner”. A los ex presidentes se los apunta como los responsables de “diseñar la maniobra” y de “erigir a su amigo personal” como contratista del Estado.

La “operación criminal” fue, según los fiscales, el medio que utilizaron los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner, para “pervertir su función” y utilizar el Estado para “enriquecerse a costa del trabajo de la comunidad”.

 

Todo contó con cuatro etapas: la inmersión del amigo y socio presidencial en el negocio de la construcción vial, la exportación de una estructura provincial montada con gente de confianza a un nivel nacional (en el ministerio de Planificación Federal), la mayor concentración económica de obra pública vial de nuestro país en el sur, y el direccionamiento de la adjudicación de la obra pública y el diseño de un esquema de “beneficios exclusivos y permanentes en favor de Báez en detrimento de las arcas del Estado”.

 

Los “jefes” de la asociación ilícita fueron -según la imputación- el matrimonio Kirchner, y en el rol de organizadores participaron Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner como parte del ministerio de Planificación Federal. También, el ex Administrador de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, el “amigo personal y socio comercial de los ex Presidentes, Lázaro Báez a quien beneficiaron espuriamente”, entre otras personas. La justicia determinó que hubo una etapa posterior al “apoderamiento de fondos públicos destinados a la obra pública” y fue el destinado “al reciclaje de las ganancias ilícitas derivadas del anterior y de otros hechos ilícitos”. Desde una faceta privada, los ex Presidentes buscaron “convertir en lícitos fondos de origen ilícitos”. Esto fue posible gracias al “esquema de reciclaje” que se utilizó para “instrumentar maniobras de lavado de activos a partir de la actividad hotelera y el alquiler de propiedades”.