Fincas Sábado, 10 de agosto de 2019 | Edición impresa

Agroquímicos: la venta bajo receta está sin reglamentar en la provincia

En octubre de 2018 se publicó en el Boletín Oficial la nueva disposición impulsada por el Iscamen.

Por Mauricio Videla - mvidela@losandes.com.ar

En octubre de 2018 se publicó, en el Boletín oficial de la provincia, la Resolución 769 /18 del Iscamen; norma que prohíbe la comercialización de productos agroquímicos peligrosos sin una “receta agronómica” expedida por un ingeniero agrónomo. Sin embargo, la normativa, que busca dar cumplimiento a la ley 5.665 sancionada en 1993, aún no entró en vigencia por falta de reglamentación. 

A nivel país, 16 provincias trabajan amparadas en el plan nacional de manejo de envases de productos fitosanitarios; estatuto vigente a pleno desde 2017. Lo cierto es que la realidad muestra que hay mucho camino por delante para Mendoza en este sentido. 

En el orden local, en tanto, a principios de noviembre, en un comunicado difundido por el organismo de control sanitario en su web, se detalló que la implementación de la Resolución 769 se prorrogaría hasta enero de 2019. Las causas aducidas fueron la necesidad de una adecuación “para una correcta utilización y aplicación de los productos fitosanitarios” y “la matriculación de los ingenieros”.

 

Mientras que en el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA), y el Centro de Ingenieros Agrónomos de Mendoza (CIAM) evaluaban los alcances de esta disposición; la presidente del CIAM la Ing. Agr. Adriana Carrión en una carta al lector publicada por diario Los Andes (el 30 de octubre de 2018) saludó la aplicación de la norma, aunque advirtió sobre la necesidad de modificaciones.  

Contemplando el desarrollo de la tecnología y los hábitos relacionados al cuidado del medio ambiente y su relación con las buenas prácticas agrícolas (BPA), en su opinión Carrión detalla ante “la aparición de nuevos productos fitosanitarios (...), la necesidad perentoria de introducirle modificaciones conducentes a su actualización (...) a la realidad productiva de Mendoza”.

Zona vigilada

Desde los organismos del Estado se admitieron algunas charlas  con los funcionarios del Iscamen previas a la publicación de la Resolución 769. Profesionales que -desde sus programas de extensión- también se constituyen como piezas clave a la hora de pensar en la fase de ejecución de la ley 5.665.

El coordinador del Programa de Agroquímicos del Iscamen, Oscar Astorga, le había confiado a Los Andes sobre la promulgación de la normativa que: “la receta es un gran paso en el ordenamiento no solo desde una mirada de las BPA, sino desde el control ya que se identifica quién compra, qué compra y dónde lo usa; este punto basado en que el productor debe tener el RUT (Registro único territorial), para ser adquirido”.

“Desde hace tiempo se habla de buenas prácticas agrarias; (...) que permitan la protección del medio ambiente, de la salud del aplicador y del consumidor. La receta agronómica forma parte de estas acciones”, detalló el funcionario.

 

Han pasado nueve meses desde que se difundió el dictamen firmado por el presidente del Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza, Alejandro Molero. Desde entonces la norma -que extrema el control sobre la comercialización de los productos de banda roja- no ha logrado aplicación.

Realidad concreta

La aplicación del protocolo 769 exige la firma de un profesional matriculado en el Colegio de Ingenieros y Geólogos de Mendoza (Copig). La entidad nucléa en la actualidad a 250 profesionales en condiciones de formular las “recetas” de agroquímicos.  

En la provincia, según datos relevados por Iscamen,  el universo agrícola está formado por 22.000 productores, de los cuales el 70% atiende unidades de menos de 10 hectáreas. Por su parte, el Registro Provincial de Empresas de Agroquímicos están registradas 114 firmas; quienes venden los 218.809 kilos/litros de agroquímicos utilizados (el 60% son productos inorgánicos y el 40% de síntesis).

Frente a esta escenario, el por qué no entró en vigor el estatuto impulsado por el Iscamen plantea diferentes razones: la primera la falta de reglamentación, la segunda la falta de profesionales matriculados que puedan extender la receta, y la tercera -en importancia- el rol que deben ocupar las empresas de comercialización de los distintos productos. 

Bajo la lupa

“Creo que la explicación de la falta de reglamentación está en todas las aristas. Por eso hicimos el sistema de registro informático. Tengo la esperanza que el tema pronto se cierre en la Legislatura”, sostiene Oscar Astorga. 

El coordinador del Programa de Agroquímicos del Iscamen detalla que se ha trabajado en un registro informático para poder cuantificar el movimiento de agroquimicos.

Durante el último año, en nuestros cuatro oasis se comercializaron 25.320 kg/lit de productos químicos de banda roja.

En Buenos Aires se implementó la receta digital desde mayo de 2016 y su uso sigue en crecimiento. En Mendoza, en tanto, existen 250 profesionales en condiciones de formular las “recetas agronómicas”. Según fuentes del sector esto represetna el 7% de profesionales que ejercen la profesión.   

 

La Resolución 769 actualizó lo dispuesto en la ley 5.665; puntualmente los artículos 12 y 13, que hablan de la prohibición de la venta libre de productos tóxicos y la necesidad de contar con recomendación de un ingeniero agrónomo.

Puntos de comparación 

“En este tiempo se han mantenido reuniones a nivel legislativo para abordar el tema, uno de ellos y fundamental es la “gratuidad” de la receta para los productores en general”, sostiene Astroga.

 Desde su concepción, la Resolución 769 contempla que la receta no tenga ningún costo para el profesional, su descarga es gratuita desde la oficina virtual. La receta no está relacionada con la siembra, solo detalla quienes son los que intervienen en la compraventa de un producto y algunas recomendaciones técnicas. 

“Mediante el sistema y la posesión del RUT por los productores se puede identificar quién compra, qué compra, cuánto compra y donde lo usa. Con esta información se puede analizar cuales son las zonas y los riesgos en relación a los agroquímicos utilizados”, señaló el funcionario del Iscamen.

Voces de campo

El ingeniero agrónomo Martín Betancurd, que trabaja en diferentes emprendimientos del Valle de Uco, amplió el panorama y habló sobre la necesidad de poder contar con un colegio profesional. 

“En cuanto a la aplicación de la receta aún no hay nada, también existe un conflicto de interés porque las agroquimicas no puede ‘recetar’ lo que ellas venden; no podrían asesorar objetivamente”, indicó a Los Andes Betancurd.

Más allá del campo de aplicación de la disposición; en el mes de setiembre de 2018, el Diputado Marcelo Aparicio presentó el proyecto de ley en la Legislatura para la “Creación del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Mendoza”. Los profesionales afrontan necesidades puertas adentro.  

“Estamos trabajando para que se apruebe la creación del Colegio especifico, el ámbito en donde podamos tratar la problemática de nuestro sector. Estamos trabajando para resguardar la calidad profesional, el 90% de los ingenieros agrónomos no están registrados”.