miércoles 12 de agosto de 2020

Tras un mes de cierre, vuelven las oficinas de conciliación laboral
Política

Tras un mes de cierre, vuelven las oficinas de conciliación laboral

Por la crisis, en el Gobierno prevén que aumentarán los conflictos entre empleados y empleadores.

Tras un mes de cierre, vuelven las oficinas de conciliación laboral

En medio de la cuarentena, el Gobierno provincial dispuso la habilitación de las Oficinas de Conciliación Laboral (OCL), que se encontraban suspendidas por la pandemia del coronavirus. De esta manera, son casi 300 los trámites laborales que se reiniciarán o comenzarán en las OCL esta semana, en cuanto se reglamente el protocolo de actuaciones en base a audiencias por videoconferencia.

A partir de un decreto que salió publicado en el Boletín Oficial firmado por el gobernador Rodolfo Suárez, se dispuso la vuelta al ruedo de este proceso de suma importancia, puesto que es una instancia obligatoria antes de llegar a la Justicia.

Con una economía profundamente deprimida que tiene a miles de empresas en riesgo de quebrar, o suspender y echar a sus empleados, el Poder Ejecutivo y también el Judicial creen que esto hará aumentar la cantidad de litigios entre los empleados y sus empleadores, por lo que es una de las causas por las que reactivarán las OCL. Pero además, la necesidad recae en aquellos trabajadores que están aguardando una posible resolución de su caso, que le implique algún tipo de remuneración.

Se espera que entre hoy y mañana, el subsecretario de Trabajo Carlos Segura, firme el protocolo para cumplir con todas las medidas previstas que plantea este aislamiento social, preventivo y obligatorio, con audiencias iniciales y finales mediante videoconferencias en las que participarán magistrados, las partes y hasta eventualmente testigos. 

El decreto de Suárez permite el funcionamiento, dado que la normativa anterior establecía que las OCL debía funcionar en días hábiles judiciales, que en la cuarentena no existen. En diálogo con Los Andes, el funcionario sostuvo que, hasta el comienzo de la cuarentena (20 de marzo), había en proceso 220 trámites en las OCL de Mendoza, que serán retomados apenas se termine de reglamentar el protocolo. En tanto, a partir de esa fecha, han ingresado 74 denuncias más que no habían tenido avances hasta ahora, y que comenzarán a movilizarse. 

"Los 220 trámites están en un cuarto intermedio, ya que en la audiencia inicial no se logró ni el acuerdo ni un fracaso. Estos son los prioritarios para nosotros y vamos a ponerlos rápidamente en funcionamiento", destacó.

En tanto, se estudiará cada caso particularmente, si hay problemas para que los actores tengan los medios tecnológicos para participar de las audiencias virtuales. "Será el abogado defensor del trabajador el encargado de ser el facilitador para que su cliente acceda. En caso que no se pueda, se buscarán otras alternativas", añadió el subsecretario.

Por otro lado, otro punto que se está estudiando es que "muchos reclamos son por relaciones no registradas", y que es probable que si hay algún tipo de acuerdo económico, el trabajador no esté bancarizado. De esta manera, Segura comentó que se están realizando reuniones con el Banco Nación "para instrumentar cuentas ad hoc para que puedan percibir sin costo alguno las posibles indemnizaciones o las cuotas de pagos, según resuelvan".

Necesidades

Entre las fundamentaciones que esgrimió el Poder Ejecutivo mendocino en el decreto 553/20, una de ellas marca que, de las actividades exceptuadas en el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por Alberto Fernández, están “las de aquellas personas que deban atender una situación de fuerza mayor”.

A partir de eso, el Ejecutivo manifestó que es importante "adoptar las medidas que garanticen la seguridad básica del ingreso, en particular para las personas que hayan perdido sus puestos de trabajo o medios de vida a causa de la crisis", por lo que, agilizando el trabajo de las OCL, en varios casos se podría lograr un acuerdo económico en virtud del trabajador.

En esta instancia se resuelven el 86% de los casos

El ministro de la Suprema Corte Dalmiro Garay, sostuvo que "la litigiosidad ha bajado sensiblemente en el fuero laboral a causa de las OCL" durante el último tiempo. 
De hecho, según marca la edición de Los Andes del 27 de enero de este 2020, en un año se logró la conciliación de casi 50% de los litigios laborales en Mendoza; y que las OCL resolvieron casi 86% de denuncias desde su creación a fines de 2017.

En este sentido, Garay señaló también que se espera que aumenten los conflictos laborales por los fuertes problemas económicos de la cuarentena, ya sea por despidos o diferencias en los salarios, y por eso también la necesidad de seguir manteniendo activa las oficinas de conciliación.

No obstante, aclaró que en estas tres semanas desde que se habilitaron las transferencias de bienes de capital, como fondos de indemnización, pagos de las ART, entre otros, "ya se han liberado 70 millones de pesos. Por eso es importante que no se paralice el trabajo en el fuero laboral", aseguró Garay.

Desde el Colegio de Abogados, el vicepresidente Pablo Bittar se mostró satisfecho con la reapertura: "que estén funcionando las oficinas son un pequeño respiro para el fuero laboral. Si bien es verdad que la Justicia avanza de a poco, hemos estado fuera de órbita con la cuarentena porque no teníamos un expediente digital listo".

Claves

Las OCL fueron creadas en 2017 para resolver las denuncias que se realizan en la Subsecretaría de Trabajo. Es una instancia de negociación previa al juicio. Las OCL son conducidas por abogados particulares seleccionados por la Subsecretaría de Justicia.

Son 43 oficinas en toda la provincia. Los abogados cobran 7.868 pesos en honorarios por cada caso por el que llegan a acuerdo entre empleados y empleadores.

Las causas se distribuyen por sorteo. La primera audiencia de conciliación debe hacerse en los siguientes 10 días. El tiempo promedio de resolución es de 40 días. Se resuelve el 86% de los casos ingresados a las OCL.

Desde el inicio de la cuarentena, las OCL habían estado cerradas, por lo que no había resolución en conflictos que podrían implicar un ingreso a los trabajadores.