Fracking: el problema mayor son los funcionarios - Por Eduardo Sosa

Fracking: el problema mayor son los funcionarios - Por Eduardo Sosa
Fracking: el problema mayor son los funcionarios - Por Eduardo Sosa

Se autorizó esta técnica esquivando el derecho de acceder a la participación ciudadana y sin consultar a los expertos.

El reciente decreto que reglamenta la fractura hidráulica es el corolario de un proceso ilegal pergeñado desde la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial (SAyOT).

Esta dependencia, a escondidas, autorizó esta técnica en menos de una semana esquivando el derecho de acceder a la información ambiental y la participación ciudadana, sin consultar a los expertos ni realizar investigación alguna, obviando por supuesto el procedimiento de evaluación ambiental que exige la legislación que dispone el Estado.

Con esta táctica del hecho consumado, esta administración -de la que formé parte como jefe de Gabinete y de la cual me aparté para preservar mi integridad ética- provocó un retroceso democrático e institucional nunca antes visto.

Algunos funcionarios argumentarán que la fractura hidráulica se realiza en Mendoza desde hace 50 años. Esto es una verdad parcial dicha en forma malintencionada. La fractura hidráulica de aquellas épocas no utilizaba las sustancias tóxicas que hoy se inyectan en el subsuelo, ni se realizaba sobre formaciones con escasa o nula permeabilidad como las actuales, por lo tanto los efectos sobre el ambiente son mucho más poderosos que los de antaño. Mencionarán la fortaleza de los controles, lo cual también es una falacia. La Secretaría de Ambiente ha perdido presupuesto y personal a lo largo de los últimos diez años. Desde 2009 a la fecha se ha visto privada casi el 9% del personal, mientras que el presupuesto cayó desde el 0,97% del presupuesto total durante la gestión de Francisco “Paco” Pérez (que tampoco hizo mucho por cuidar el ambiente) a los 0,49% actuales de esta gestión que encabeza Alfredo Cornejo. Con menos dinero, menos personal y mayores responsabilidades cada año, es imposible pensar en controles serios y efectivos.

Por otra parte, el sistema de control está pensado para que, en caso de un derrame, sea la empresa involucrada la que deba comunicar el incidente, y el órgano de control se entera solo si la empresa decide denunciarlo. A buen entendedor pocas palabras...

Respecto del decreto reglamentario, se arroga facultades que no le son propias, y además de flexibilizar los requisitos ambientales para las áreas ya concesionadas, no regula el aspecto más importante y controvertido de esta materia, que es el tipo de sustancias que se permitirá inyectar en el subsuelo. En síntesis, es un buen decreto, pero para las empresas interesadas y los inversores.

Hay decenas de investigaciones científicas referidas a la peligrosidad de las sustancias inyectadas, la sismicidad inducida, la dificultad de gestionar los efluentes tóxicos, el aporte al calentamiento global, o el balance energético negativo que posee frente a otras formas de energía que están disponibles, y que concluyen unánimemente que el fracking es incompatible con el desarrollo sustentable.

Sin embargo, opino que la cuestión más trascendente es el avasallamiento a los derechos ciudadanos que ha realizado este gobierno al aprobar una técnica sin siquiera haberla estudiado debidamente, no obstante que es cuestionada en muchos países y cuyos gobiernos han declarado moratorias o directamente la han prohibido. No había gobierno en el mundo que hubiera autorizado esta técnica con tanta rapidez e imprudencia. Ahora hay uno.

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