viernes 27 de noviembre de 2020

Esperando un discurso que aclare el panorama - Por Rodolfo Cavagnaro
Opinión

Esperando un discurso que aclare el panorama - Por Rodolfo Cavagnaro

El nuevo gobierno intentará aportar un paquete de medidas para reactivar la economía pero deberá cuidar el frente fiscal.

  • domingo, 8 de diciembre de 2019
Esperando un discurso que aclare el panorama - Por Rodolfo Cavagnaro

Cuando el próximo martes asuma sus funciones como presidente, Alberto Fernández dará un discurso ante el Congreso en el cual deberían develarse los lineamentos básicos de su gobierno. Una vez que asuman los ministros se podrán conocer las primeras decisiones que, seguramente, incluirán medidas de corto plazo y otras de mediano plazo.

De acuerdo a los trascendidos (rumores con cierta certidumbre), el próximo gobierno haría dos anuncios. Uno de ellos, estaría referido a comenzar las negociaciones con los acreedores por los plazos de la deuda. En los primeros cinco meses de 2020 hay vencimientos por U$S 30.000 millones, de los cuales sólo U$S 5.000 millones corresponden a bonos regidos por ley extranjera mientras que el resto son regidos por ley argentina.

Los que se rigen por la ley nacional podrían ser canjeados por un decreto, aunque hay que tratar de ser cuidadosos con los términos porque, además de la refinanciación, habría que dejar abierta la puerta a nuevas financiaciones. Los extranjeros podrían negociarse con quitas de intereses, con mayores plazos y hasta con quitas de capital.

Los precios actuales de los bonos estiman mermas del 40%.

Según opinan en el entorno presidencial, el encargado de negociar la deuda sería el economista Martín Guzmán, quien estaría planeando proponer a los acreedores una quita del 50% de los intereses en los próximos tres años, pero sin quitas de capital. Esto permitiría al Tesoro ahorrar unos  U$S 12.000 millones en ese período.

La segunda decisión sería la de aumentar los ingresos de las personas que están en la base de la pirámide, para lo cual se piensa en un aumento de una suma fija de $ 7.000 para los trabajadores formales. También está previsto un incremento en las jubilaciones mínimas en un 20% pero estas medidas obligarían a tomar otras decisiones para evitar un desborde fiscal. Es que este porcentaje (bajo para cada jubilado) implicaría un salto de 1,8 punto en el déficit fiscal.

Con estas decisiones, el gobierno confía generar un  impacto positivo en la confianza de los consumidores como para reactivar el consumo interno. Estas decisiones irían acompañadas por otras vinculadas a bajar las tasas de interés de forma muy importante. También sería complementario con un Acuerdo Económico y Social, que implicaría contener precios y salarios ajustados a una pauta de inflación buscada entre 35 y 40%. También el dólar seguiría este ritmo, aunque se mantendría el cepo cambiario para evitar desbordes con la mayor oferta monetaria.

El cuidado del frente fiscal

Dada la falta de crédito, el gobierno deberá emitir moneda por varias vías. Una de ellas será la de comprar divisas, para acrecentar reservas, mediante la actualización del tipo de cambio, para ayudar a crecer a los exportadores. Otra vía será para financiar una parte de los mayores gastos y la otra para hacer frente a los vencimientos de bonos reperfilados en pesos en los primeros meses de 2020.

De todos modos, y dado que la prioridad del gobierno es reactivar la economía en los primeros 100 días de gobierno, deberá adoptar una serie de medidas que implican costos fiscales que, a su vez, tratará de compensar con subas impositivas. Según referencias internas hay un plan de inicio que implicaría volcar unos $ 100.000 millones a la calle, compuesto por los aumentos a los jubilados y AUH, la tarjeta alimentaria (que mantendría la excepción al IVA en alimentos básicos). También se quieren mantener los planes Ahora 12 y Ahora 18 con tasas subsidiadas y habrá una ayuda a los trabajadores públicos y privados que cobren menos que el salario mínimo vital y móvil.

Están planificados ciertos beneficios fiscales y previsionales para las Pyme, aunque se eliminarían las rebajas programadas para el resto de las empresas, así como la reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 30%. Está previsto compensar, al menos en parte, con un aumento del impuesto a los bienes personales, con mayor fuerza a los activos físicos o financieros radicados en el exterior. También se aumentarían retenciones a las exportaciones pero se desconoce el alcance y la magnitud.

El nuevo presidente es, quizás, el más ortodoxo del equipo de gobierno ya que sabe muy bien lo que es cuidar la caja. Esa experiencia la vivió con Néstor Kirchner, que era un obsesivo por el superávit fiscal, aunque el mismo lo alcanzó sin bajar el gasto sino aumentando impuestos. Muchas de estas medidas no pueden ser permanentes y deberían considerarse de forma transitoria ya que, de lo contrario, generarían un mayor número de distorsiones que luego se volverían contraproducentes y atentarían contra el Acuerdo Económico y Social.

Por ahora la idea es que los sindicatos moderen sus pretensiones dentro del margen de la estimación oficial de la inflación, pero tiene un dilema difícil de resolver, que es el de los jubilados. El sector pasivo, merced a la fórmula de actualización, tiene ajustes trimestrales basados en 70% de inflación y 30% de ajustes salariales, que se aplica con dos semestres de demora.

Esto significaría que jubilaciones, pensiones y AUH se actualizarían un 55% en todo el año y eso complicaría la meta de inflación y la meta fiscal de tener superávit. Para modificarla, deberían mandar otra fórmula que genere menos actualización, para ser aprobada por el Congreso. Muchas dudas y muchos objetivos difíciles de cumplir que necesitan la confianza del mercado y de los consumidores.


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