miércoles 12 de agosto de 2020

Apoyo a la economía del conocimiento
Editorial

Apoyo a la economía del conocimiento

Se ha prestado poca atención a la aprobación por el Congreso Nacional de la Ley de Economía del Conocimiento.

Apoyo a la economía del conocimiento

La aprobación por parte del Congreso Naciónal de  la denominada ley de economía del conocimiento, alcanzó un consenso político poco frecuente en los últimos tiempos de severos enfrentamientos políticos en nuestro país. A tal punto que la aprobación en el Senado de la Nación se hizo por unanimidad de los presentes.

Se trata de la extensión de los beneficios que establece la Ley 25.922 de la promoción del software, sancionada en el 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner cuya duración era de diez años pero luego fue prorrogada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y cuya vigencia finaliza a finales de este año.

Como puede observarse, se trata de las tan mentadas y reclamadas políticas de Estado y cuyos beneficiarios y funcionarios evalúan como un éxito verdaderamente notable.
La ley de incentivo a la promoción del software establecía un principio tan elemental y sencillo como éste: "Gozarán de estabilidad fiscal por 10 años". Luego determinaba que la "libre importación de productos informáticos quedan excluidos de cualquier tipo de restricción presente o futura para el giro de divisas que correspondan al pago de importaciones de hardware y demás componentes de uso informático que sean necesarios para la producción de software".

Esta norma tan clara nos lleva a dos reflexiones. La primera, histórica, y es que durante el gobierno de Raúl Alfonsín se estableció una norma exactamente inversa a la anterior, se prohibió la importación de productos de hardware, que debían ser producidos por la industria nacional a la que estimulaba, y sin esos elementos era imposible desarrollar el software que era lo que podía hacer el talento argentino. No hace falta señalar que aquella decisión nos atrasó décadas en esta actividad económica. La segunda, si la libre importación para este sector económico es tan beneficiosa, ¿por qué no la extendemos a toda a la economía?, eso que se llama sencillamente apertura económica y de ese modo terminamos con el malsano proteccionismo aislacionista.

La nueva ley prorroga los beneficios fiscales por otros 10 años, llegando los mismos hasta el año 2030. Dichos beneficios son amplios y en la compleja trama de nuestro sistema tributario solo el especialista puede desmadejarlo por completo. Pero digamos que comprenden reducción de las cargas patronales sobre el trabajo, reducción del impuesto a las ganancias, no aplicación de retenciones y/o percepción del IVA, certificado de crédito fiscal equivalente a 1,6 del monto de esas contribuciones aplicables al pago de otros tributos nacionales.

Hay amplio consenso sobre los beneficios que produjo la ley del software que hizo que las empresas del rubro fueran competitivas a nivel mundial. Los datos así lo demuestran.
En el 2004 las empresas del software empleaban a 15.000 personas, hoy existen unas 5.000 compañías, en su inmensa mayoría pymes, que cuentan con 100.000 empleos registrados directos, de calidad y con un salario mayor al promedio. Y se exporta por 2.000 millones de dólares.

La nueva ley extiende los beneficios a múltiples sectores de actividad que utilizan intensivamente capital humano y tecnología de alto valor agregado, vale decir, la aplicación del conocimiento como  base de la producción.

Y aquí figuran sectores tales como producción audio visual, biotecnología, ingeniería genética, robótica, industria aeroespacial y satelital, impresión 3D, nanotecnología, ingeniería nuclear, internet de las cosas, industria 4.0, entre otras.

El sector de la economía del conocimiento es el que más creció en exportaciones en los últimos 10 años, pasando del 1% al 8,5% actual, lo mismo que exporta todo el sector automotriz.

Obviamente la economía del conocimiento es mucho es mucho más que software. Sumando todos los subsectores involucrados actualmente emplean de manera directa más de 430.000 personas y otro tanto de independientes, con exportaciones el año pasado superiores a los 6.000 millones de dólares; es el tercer complejo exportador de la Argentina.

El objetivo de la norma sancionada es contribuir a que estos números crezcan mucho más, fijándose como objetivo para el 2030 la creación de 215.000 empleos y 15.000 millones de exportaciones.