Aborto: por qué el Estado se ahorraría plata si fuera legal

Aborto: por qué el Estado se ahorraría plata si fuera legal
Aborto: por qué el Estado se ahorraría plata si fuera legal

Se presentaron dos informes basados en el gasto que insume la atención de las complicaciones de la interrupción clandestina del embarazo.

Varios senadores pusieron el grito en el cielo por los supuestos mayores costos que debería afrontar el Estado con la legalización del aborto.

Inclusive, defendieron la decisión de la vicepresidenta Gabriela Michetti de mandar el proyecto a la comisión de Presupuesto (finalmente revocada).

Sin embargo, la iniciativa aprobada en Diputados no afecta las arcas nacionales, porque son las provincias las encargadas de la salud pública en el país.

Pero hasta el momento no sólo no hay datos ciertos sobre ese supuesto aumento del gasto sino que, por el contrario, dos informes revelan que las provincias y la Nación se ahorrarían dinero si el aborto fuera legal.

Uno de estos informes pertenece a la Asociación de Economía de la Salud (AES), fundada en 1991 e integrada por economistas, y fue expuesto en el plenario de las comisiones del Senado, por Sonia Tarragona. El otro informe fue elaborado por el equipo de asesores de la senadora justicialista por Chubut, Nancy González.

Los costos ocultos

El ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, ya ha señalado que "los costos del aborto se dan con las complicaciones" por mujeres internadas por interrupciones del embarazo mal realizadas, pero que con el aborto legalizado "esos costos bajan dramáticamente".

Al respecto Los Andes pudo saber que el Ministerio de Salud tiene ya listo un informe sobre el costo que supondría para la salud pública la legalización del aborto. Rubinstein lo expondrá el martes próximo, cuando visite el Senado para brindar su posición sobre el asunto.

Según el estudio de la AES, el ahorro para el sistema de salud de avanzar hacia la legalización estará entre los 3.558 millones de pesos y 4.394 millones de pesos por año, en el supuesto de que se registraran 300.000 abortos.

El ahorro crecería a entre 6.096 millones de pesos y 7323 millones de pesos si los abortos llegaran a 500.000 por año.

Actualmente, según el informe expuesto por Tarragona, el sistema de salud gasta entre 2,4 y 8,4 veces más que lo que gastaría si el aborto fuera legal.

Por otra parte, si se introdujera competencia en el mercado de medicamentos o si se produjera misoprostol (droga que produce el aborto) de manera pública, se podrían ahorrar entre 500 y 835 millones de pesos adicionales por año.

Al respecto, Rubinstein había afirmado que la forma más segura de aborto es el aborto farmacológico de misoprostol combinado con mifepristona, una droga que no está todavía aprobada en la Argentina pero que "se tendrá que aprobar", según dijo.

Esta combinación, según el ministro, produce aborto en el 95% de los casos dentro de las 10 semanas de embarazo, con lo que casi no se necesita consulta hospitalaria.

Para AES el ahorro sería aún mayor "si se incluyeran en los costos actuales los desembolsos de bolsillo destinados a contratar las prácticas en el circuito clandestino". Se dice que un aborto cuesta entre 30.000 y 40.000 pesos.

A su vez, el informe del equipo de la senadora González, del Frente para la Victoria, indica que "es falaz" que el proyecto de legalizción "pueda generar problemas de solvencia para el sistema de salud pública", ya que"representaría un uso más justo y eficiente de los recursos".

Según el informe, si se suman los abortos que ya se practican y que por complicaciones terminan en el hospital, más los abortos no punibles tratados con distintos métodos, se estima un costo de 1077 millones de pesos por año. El 79% corresponden a atención de mujeres por abortos clandestinos.

Con la legalización, el Estado se ahorraría entre un 43% y un 55% de los fondos que actualmente se destinan a la atención de abortos en el sistema de salud pública. "La práctica del aborto clandestino representa un negocio para algunos y un enorme costo para el Estado", dice el estudio.

Tarde picante

La metodología que eligió el Senado genera intercambios ásperos entre invitados y senadores, porque apenas terminan de exponer pueden ser consultados por los legisladores.

Ayer fue el caso del periodista del diario La Nación Mariano Obarrio, militante de la causa antiabortista, quien se cruzó con las senadoras Beatriz Mirkin (PJ-Tucumán) y  Pamela Verasay (UCR-Mendoza), quien sobre el final intentó formularle una pregunta pero desistió debido a las reiteradas interrupciones del cronista. "No me llame ni genocida ni asesina", le recriminó Mirkin.

También se vivió un momento de tensión cuando la senadora antiabortista Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) le preguntó al abogado Diego Morales, expositor del CELS, si esa organización había recibido financiamiento de la Planned Parenthood, organización estadounidense sin fines de lucro que ofrece servicios reproductivos.

Mirkin después tomó la palabra y  dijo que le resultaba "sumamente desagradable como senadora de la Nación" que a los invitados se les hicieran preguntas "que no tienen que ver con el tema. No se me ocurrió preguntarle al señor de la Iglesia Católica que vino el otro día si está financiado por el Estado, porque efectivamente está financiado por el Estado".

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