viernes 14 de agosto de 2020

Opinión

Una frazada corta de los dos lados

El Gobierno enfrenta al desafío de solucionar el problema económico estructural heredado que lo pone en disyuntivas, como una manta que lo obliga a dejar afuera los pies o la cabeza.

  • lunes, 1 de agosto de 2016

Por Fernando Iglesias - Periodista. Especial para  Los Andes

Si algún error ha cometido el Gobierno es el de no haber comunicado con énfasis suficiente la magnitud del desastre heredado; la velocidad con la cual la Argentina de 2015 se aproximaba -con una asombrosa ciclicidad que denuncia que nuestra única regularidad es la del caos- al mismo abismo que había visitado en 1975 (Rodrigazo), 1989-90 (hiperinflación), y 2001-02 (colapso de la Convertibilidad). Tampoco es que no lo hayan dicho. Es que los argentinos somos una sociedad en la que todos gritan, y en la que “el estado del estado” anunciado por Cambiemos pasó como un susurro que nadie escuchó.

Ahora es tarde. Es tarde porque las sociedades humanas están compuestas por seres humanos, y los seres humanos nos acostumbramos rápidamente a la dicha pero con mucha dificultad a lo peor. Motivo por el cual Maquiavelo recomendaba al Príncipe hacer el mal velozmente y de una sola vez, y administrar el bien con cuentagotas.

Por eso una buena política de comunicación debe ser como una buena política económica: contracíclica; y la del PRO no lo fue. Ahorrar cuando las cosas van bien para poder gastar cuando la euforia se desinfle, ser ortodoxos monetaristas en la cresta de la ola y keynesianos distribucionistas cuando nos caemos de la cresta es el ABC de todo economista racional.

Bajar la euforia durante los cien días de luna de miel de la que goza todo presidente y ahorrar recursos y preparar argumentos para cuando se termine no es maquiavélico sino sentido común. Y el PRO no lo hizo; acaso empalagado por las mieles de la altísima imagen presidencial o imbuido de la mística de las buenas ondas o temeroso de desinflar el globo prematuramente o preocupado por el impacto del pesimismo comunicacional sobre una economía suficientemente tambaleante.

En cambio, el mensaje que la gente recibió fue procíclico: aumentó el entusiasmo en momentos en que hubiera sido inteligente moderarlo y dejó al Gobierno sin un recurso imprescindible para los malos tiempos, que inevitablemente llegan: el de haber insistido suficientemente en que la Argentina iba derechito hacia otra nueva crisis de los trece años, y en la misma ruta que Venezuela.

Las encuestas registran aún hoy una imagen del Gobierno y del Presidente muy buenas, pero sería tonto no entender que las desprolijidades con la tarifas del gas han sido, probablemente, un punto de inflexión. El propio gobierno lo ha percibido, según creo; y por eso en ninguno de los últimos discursos de Macri falta una referencia -breve y educada, estilo PRO- al desbarajuste que le dejaron y a lo que Cristina se llevó.

En todo caso, la pregunta pertinente es: ¿cuán grave es la grave herencia recibida? ¿Tuvo la decadencia del Modelo de Acumulación con Matriz Diversificada e Inclusión Social algún punto de comparación con la de la crisis final del anterior Modelo? ¿Es comparable la situación de diciembre de 2015 con la de mediados de 2001, poco antes del estallido de la Convertibilidad?

Veamos los números, que no son una opinión. Cuando explotó la convertibilidad a fines de 2001, el déficit fiscal era del 7% del PBI. A fines de 2015, después del impresionante ascenso desde el 3,8% que precedió al cepo cambiario, el déficit primario había vuelto a la fatídica cifra de diciembre de 2001: 7% del PBI. Se trata de valores sólo superados en 1975, en pleno Rodrigazo de Isabel Perón; seis años después, cuando se cayó la tablita de Martínez de Hoz y terminamos mandando adolescentes a pelear con el segundo ejército del mundo, y en 1989, inmediatamente antes de la primera hiperinflación.

Cualquier diferencia respecto de la situación de 2001 es peyorativa. El gobierno actual no sólo enfrenta el problema de bajar el déficit sino a la imposibilidad absoluta de hacerlo subiendo impuestos, como sí podría haberse hecho eventualmente en 2001, cuando la presión tributaria era del 21% del PBI y no de casi el 40% como ahora. Estamos hablando de una carga impositiva superior a las de Holanda y Alemania, por ejemplo, y el doble de la de Chile, el país de mejor desempeño económico de la región, donde apenas supera el 20%.

Asoma aquí el problema estructural que enfrenta este gobierno, y que consiste en que la economía que dejaron los Kirchner es una frazada corta de los dos lados, que deja al descubierto al mismo tiempo la cabeza y los pies. Hay que bajar el déficit fiscal al mismo tiempo que se bajan los impuestos y sin poder disminuir el gasto social, a menos que se quiera una catástrofe sociopolítica, y sin bajar la inversión estatal, a menos que se quiera que el estancamiento se transforme en recesión. Los datos, en este sentido, tampoco son mejores que en 2001.

A mediados de 1997, el PBI nacional era de u$s 281.770 millones. Cuatro años después, a mediados de 2001, había subido a u$s 284.796 millones, un modesto incremento del 1.01%. A fines de 2011, el PBI era de u$s 708.468 millones. Cuatro años después, diciembre de 2015, había bajado a u$s 703.247 millones, una disminución muy leve, pero disminución.

En otras palabras, el estancamiento de la economía era similar, por lo menos, a mediados de 2001 y a fines de 2015. Nada casualmente, el tipo de cambio real multilateral a fines de 2015 era casi exactamente el mismo de la Convertibilidad previo a la devaluación del real.

Así, con un atraso cambiario y un déficit similares a los de mediados de 2001 y cuatro años de estancamiento recesivo, nada cuesta imaginar lo que hubiera sucedido si el gobierno de Cambiemos hubiera decidido seguir con el cepo cambiario como De la Rúa hizo con la Convertibilidad.

Algo similar vale respecto a la situación social, ya que los valores de desocupación y pobreza, bien medidos, también se parecen. Donde mayor diferencia se registra es en el nivel de desocupación: 16% a mediados de 2001 contra 6-7% a lo largo de 2015. Pero si se mira el problema del empleo del lado del empleo, y no de la desocupación, la situación es bien distinta.

Trabajaba en mayo de 2001 el 42,8% de la población, contra el 44% medio de 2015. ¿Cómo es posible que los valores de empleo y de pobreza en 2001 y 2015 hayan sido tan parecidos mientras que la desocupación era más del doble en 2001? Simple. Porque el índice de desocupación no mide la cantidad de gente sin trabajo sino la cantidad de gente sin trabajo que busca trabajo, y el kirchnerismo no lo bajó creando trabajo sino haciendo que la gente dejara de buscarlo a fuerza de planes.

Tampoco combatió la pobreza creando trabajo digno y bien remunerado sino en negro y de pésima calidad, encubriendo la desocupación con planes sociales y empleo público. Por eso, a fines de 2015 estaba en situación de pobreza el 29% de la población, cifra no muy distante del 36% de mayo de 2001.

Otras variables confirman la similitud de ambas situaciones. Lejos de cumplirse la famosa reindustrialización, la participación de la industria manufacturera sólo creció desde el 15,4% de la crisis de 2001 al 17,3% de 2015; una variación menor y en contradicción con el modelo supuestamente productivo si consideramos el aumento de casi el 50% en la participación del sector financiero en el PBI, que pasó del 2,6% en 2001 al 3,8% en 2015.

La acumulación de reservas que había sido la gran estrategia del kirchnerismo contra la dependencia del FMI no funcionó. En 2015 se perdieron u$s 7.694 millones de las reservas del Banco Central, cifra cercana a la pérdida de u$s 9.863 millones durante el sálvese quien pueda del 2001.  Así, a fines del mandato de Cristina quedaban en el BCRA unos u$s 25.000 millones, poco más que los u$s 18.000 millones de diciembre de 2001 y bastante menos si se los calcula en relación al PBI.

¿Desendeudamiento? Ninguno. Al final del mandato de Cristina la deuda pública ascendía a u$s 202.600 millones, un 43% del Producto Bruto Interno; cifra similar al 45% del año 2000 y al 53% de 2001. Para no hablar de los 460.000 juicios laborales que había ordenado pagar la Corte Suprema y que el gobierno de Cambiemos está intentando honrar ahora, ni de los aproximadamente u$s 150.000 millones de inversiones necesarias para volver al autoabastecimiento energético ni de los miles de millones imprescindibles para reconstruir la infraestructura que no reparamos ni ampliamos mientras votábamos el modelo de consumo sin inversión nac&pop.

Increíblemente para muchos, varios índices eran mejores a mediados de 2001 que a fines de 2015. Por ejemplo: el crédito hipotecario, fundamental para garantizar el acceso a la vivienda, era del 6% del PBI contra el 1% de 2015; fecha para la cual llevábamos dos años de subsidios a la energía por un costo cercano a los u$s 20.000 millones anuales.

Hablando de inversiones, la Inversión Extranjera Directa (IED) había arrojado un saldo récord de u$s 79.504 millones en 2001. En 2015, el saldo fue de apenas u$s 91.737 millones; diferencia inferior al acumulado inflacionario de catorce años.

Aún peor, la balanza de pagos registró en 2015 un déficit de u$s 15.944 millones, contra u$s 3.780 en 2001. No se trató de un fenómeno financiero: el saldo de cuenta de bienes y servicios, que había sido positivo por u$s 3.522 millones en el sangriento 2001 de la apertura indiscriminada, fue deficitario por u$s 4.312 millones en el paraíso productivo nac&pop.

No es todo. La Argentina de mediados de 2001 tenía seis millones de habitantes menos pero producía un 30% más de petróleo crudo y un 18% más de gas natural; y faenaba 982.000 cabezas de ganado vacuno contra las 964.000 de 2015.

En cuanto a sus condiciones de vida, el Índice para el desarrollo humano del PNUD, el indicador mundialmente más confiable al respecto, basado en datos sobre economía, salud y educación, mostraba a la Argentina de la crisis de 2001 en el 34º lugar en el mundo, contra el 40º lugar que ocupaba en el último informe, con datos de 2014.

Después de doce años en que el dinero entró al país en toneladas, el peronismo kirchnerista dejó el tendal. Como dijo Juan José Campanella: “Que la corrupción no nos tape la gestión. La gestión fue peor”.

Como consecuencia, la economía argentina es hoy una frazada corta de los dos lados que obliga al Gobierno a tomar decisiones impopulares sin disponer de otra opción. Bajar las retenciones y aumentar el déficit o no bajarlas y continuar en recesión. Subir tarifas y disminuir el consumo o no subirlas y aumentar la inflación. Bajar el déficit dejando a miles en la calle o no bajarlo y que se demore indefinidamente la reactivación.

Después de la exitosa salida del cepo y del default, nada le sale fácil al equipo económico, y es porque nada lo es. Fácil es aplicar un megajuste y rezar para que la situación social no explote, pero no hay margen político para hacerlo ni tampoco es justo duplicar la pobreza como se hizo en 2002.

No está de más cerrar esta nota insistiendo en aquel monumental ajuste, en la amputación sin anestesia ni desinfección de instrumentos con que el peronismo duhaldista sacó a la patria de la recesión: 75% de devaluación en un día, 40% de inflación sin paritarias y con salarios congelados, pesificación asimétrica para estafar a los ahorristas y salvar a los bancos, salto del 38% al 57% en la cantidad de argentinos pobres.

Tal fue y tal es la sensibilidad social de los muchachos populistas que circulan lagrimeando en sus pañuelos en las pantallas televisivas de hoy.