Política Lunes, 26 de septiembre de 2016 | Edición impresa

Polémica por un cepo en la Justicia

El Ministerio Público Fiscal está en debate legislativo. Uno de los cambios apunta a regular la información que brindan los fiscales. Fopea y el Sindicato de Prensa están en alerta.

Por Daniel Peralta - dperalta@losandes.com.ar

Una polémica que viene cocinándose desde hace casi un mes y que enfrenta a periodistas con el procurador general de Corte Alejandro Gullé. Hay un artículo en un proyecto de ley que los más exaltados llaman “mordaza informativa”.

Se trata del proyecto de ley con el que se pretende modificar el funcionamiento del Ministerio Público y esa ley se trataría esta semana, por eso la inquietud crece.

En la mañana de hoy el Sindicato de Prensa de Mendoza pedirá audiencia a las comisiones de Labor Parlamentaria de Diputados y Senadores para pedir que se mantenga la redacción vigente de la ley 8.008, de Ministerio Público Fiscal, y de esa manera impedir la institucionalización de la mordaza. Por la tarde, será el turno del Foro de Periodismo Argentino (Fopea), que llevará el mismo reclamo al procurador Gullé.

Fopea está gestionando una audiencia con el propio gobernador Alfredo Cornejo, para solicitarle se desestime el apartado del proyecto de ley referido a la información que deben dar los fiscales de Mendoza. Además, desde Mendoza ya se planteó el caso en el “Programa de Monitoreo de Libertad de Expresión en la Argentina” una de los institutos de Fopea.

El Ministerio Público Fiscal es el organismo que nuclea a todos los fiscales de la provincia y que encabeza Gullé. A partir de la implementación del sistema acusatorio en los procesos penales, los fiscales son quienes llevan adelante la investigación de los crímenes y la acusación en juicio oral; entonces no se trata de un organismo más.

La ley que regula el funcionamiento de ese organismo es la 8.008. El artículo 7 de esa ley ordena a los fiscales dar información: “Los integrantes del Ministerio Público deberán dar información del ámbito de su competencia, salvo cuando ello afecte la privacidad o la seguridad de las personas, o los asuntos públicos que requieran reserva, o comprometan la eficacia y el trámite de las investigaciones en curso”.

Desde el Gobierno y con la venia del procurador Gullé se planteó modificar ese artículo. A ese párrafo se le agrega una oración más: “La información se proporcionará a través de las dependencias habilitadas al efecto por la Procuración General”. Esa oración es la que ha generado la discordia.

Fuentes vinculadas a la Procuración General de la Corte dicen que la intención es terminar con los “fiscales estrella”; incluso el propio procurador Gullé dijo al momento de asumir que crearía una oficina de Prensa para canalizar las relaciones con los periodistas.

Gullé asumió el jueves 1 de setiembre. Los que agotan los pasillos de Tribunales hablan de una reunión al día siguiente entre el flamante procurador y algunos fiscales. Allí se dijo que los fiscales no debían hablar con la prensa.

Y desde entonces empezó a ensayarse el cepo informativo, a pesar de que el proyecto de ley aún no estaba aprobado. Y entonces se teme que cuando la modificación de la norma institucionalice el cepo, será imposible volver atrás.

La oficina de Prensa de la Suprema Corte es la que viene cumpliendo funciones también en la Procuración para tapar los baches informativos, pero no es la tarea habitual, ni la estructura suficiente para informar sobre las tareas de la Corte y además los casos policiales. Y las carencias se notan.

Entre los periodistas no faltan quienes creen ver alguna intencionalidad política en la mordaza: menos casos policiales en los medios es una forma de regular la sensación de inseguridad y así lo expresa el comunicado distribuido el sábado por el Sindicato de Prensa: “Rechazamos limitar la información oficial, pasible de recortes y manipulaciones funcionales a las necesidades oficiales, más aún, en la actualidad, cuando de cuestiones de seguridad se trata”. 

Es el Sindicato de Prensa el que habla de “ley mordaz” e indica que “la embestida es contra el libre ejercicio del periodismo y fundamentalmente contra el derecho de la sociedad a estar informada de todo lo que le concierne saber”.

La polémica en torno al artículo 7 del proyecto  arrancó días atrás, cuando el Frente para la Victoria se negó a tratar la iniciativa del Ejecutivo en el recinto, justamente por ese apartado. La diputada Carina Segovia decía que “nos preocupa el manejo que pueda hacerse de la información”. Del otro lado, el radical Jorge Albarracín decía “no creemos que haya filtros. Esto es para ordenar”.

Ese fue el inicio de la pelea pública. Hasta ese momento apenas habían charlas informales entre periodistas preocupados por el cerco informativo y funcionarios.

Dos entidades, dos estrategias

El Sindicato de Prensa salió con los tapones de punta este fin de semana. Fopea apuesta a no quemar naves y a sentarse con los dos protagonistas principales de la historia, el procurador general de la Corte Alejandro Gullé y en última instancia el gobernador Alfredo Cornejo. Gullé es el jefe de los fiscales, pero el que puso la firma en el proyecto de ley remitido a la Legislatura fue Cornejo.

El debate de fondo es el acceso a la información pública, un reclamo permanente de las entidades periodísticas. Algo de eso dice el comunicado del Sindicato de Prensa, desde dónde se acusa al Gobierno provincial de avanzar en sentido contrario “a un objetivo de mayor transparencia en el manejo de la información pública”.

Desde Fopea se recuerda que en 2011 llegó a Mendoza el entonces vicepresidente de esa organización Fabio Ladetto, para firmar un convenio con la Suprema Corte de Mendoza, los firmantes fueron Alejandro Pérez Hualde, Mario Adaro y Jorge Nanclares.

Ese convenio tenía por objetivo promover acciones conjuntas vinculadas con la comunicación. Pero la Corte no es el Ministerio Público Fiscal.