Sup. Economía Domingo, 29 de noviembre de 2015 | Edición impresa

Los temas que deberá enfrentar Cornejo

Las entidades gremiales empresarias apuestan a un cambio rápido en los primeros meses del nuevo gobierno. Los pedidos al gobernador electo. Dinero y consenso entre las demandas.

Por Por María Soledad Gonzalez - sgonzalez@losandes.com.ar

La vitivinicultura está sumida en una gran crisis. Con precios deprimidos y un mercado en el que las operaciones son cada vez menores, los desafíos que deberá afrontar la nueva administración provincial serán importantes. Fondos para financiar la cosecha, la firma del acuerdo Mendoza-San Juan y la constitución de una mesa amplia, se estima será la agenda inmediata en esta materia para el gobernador que asume.

El 2015 ha tenido indicadores deplorables para la actividad en general. A saber: este año el precio del blanco escurrido en el mercado de traslado se mostró todo el año con valores promedio inferiores a los registrados en 2014 y 2013. Los despachos al mercado interno cayeron entre enero y setiembre 1,03% y las exportaciones para el mismo período 4,4% en valor; sin embargo, los envíos en volumen aumentaron, por lo que Argentina vende más pero a un precio menor. 

Con una larga transición en el gobierno provincial, algunas entidades se adelantaron y ya hicieron sus pedidos al gobernador Alfredo Cornejo. Es que aun cuando la participación del valor agregado por la uva y el vino en la primera década del siglo XXI llega a poco más del 8% del PBG (Producto Bruto Geográfico), la industria tiene todavía su peso específico. 

Para Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina, el próximo gobierno deberá poner en marcha un plan que mejore los precios del vino y de la uva; “son los puntos que se firmaron con el presidente electo en los que hay que trabajar”. 

Desde la Unión Vitivinícola Argentina estiman que en el corto plazo este nuevo gobierno deberá eliminar los excedentes con fondos de la Nación. En segundo lugar deberá buscar financiamiento para levantar la cosecha. En tercer lugar, restablecer el apoyo a la institucionalidad, de tal manera que el sector salde sus diferencias en las mesas establecidas y no traslade al gobierno sus diferencias para que este las resuelva; “hay que acercar consensos no conflictos”, graficaron desde la UVA.

Además Sergio Villanueva, gerente de la entidad, indicó que “hay que ratificar en concepto de autorregulación a través del acuerdo Mendoza - San Juan. Ratificando lo actuado sobre la diversificación a mosto, exportaciones efectivamente realizadas, alcohol y productos no vínicos, según lo definido y aplicado en el año 2014”.

En cambio, desde el Este, Mauro Sosa, gerente del Centro de Viñateros y Bodegueros, aseguró que “para el corto plazo, dada la proximidad de cosecha y que necesita conocer las reglas del juego con antelación (no más allá del 15 de diciembre), el tema central en este orden es la política de diversificación de la producción de uvas”. 

Agregó: “El objetivo es renovar expectativas y plantear otro horizonte de negocios. Para ello hemos solicitado derogar la ley 6.216/94 y 6.543/94 que ratifican el Tratado Mendoza - San Juan, celebrado entre ambas provincias el 17 de noviembre de 1994. El esquema de diversificación regional de la producción de uvas que proponemos, conceptualmente, es que pueda ser cumplido mediante diversas opciones de elaboración de productos que no tengan como destino de comercialización el mercado interno o bien se destinen a usos no vínicos”.

Así entonces, “el porcentaje de diversificación que se acuerde podrá cumplirse elaborándose el total y/o parcial de dichas uvas con destino a: mostos, y/o a caldos para destilación, vinagre, base vino de otros productos, usos no vínicos, y/o a vinos con único destino a exportación mediante indisponibilidad controlada y fiscalizada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura”.
Pina añadió que “siempre hemos dicho que el acuerdo Mendoza - San Juan, hay que revisarlo. Creo que quizás se puede reemplazar con otro tipo de acuerdo, pero esto hay que conversarlo, son charlas que se pueden dar”. 

Daniel Rodríguez, de la Asociación de Viñateros de Mendoza, aseguró que hay que solucionar los problemas de excedentes de la vitivinicultura. Para ello solicitó que se regule la implantación de tintoreras y uvas de baja calidad enológica. Y aclaró: “El acuerdo Mendoza-San Juan es la única herramienta que tenemos para regular los excedentes, creo que hay que revisarlo, no destruirlo”. 

Cuadro de situación

Para Sergio Villanueva, gerente de la Unión Vitivinícola Argentina, el mandatario provincial electo arranca con una industria en crisis pero con posibilidades de despegar. “Cornejo se encuentra con una vitivinicultura compleja, pero con posibilidades de reencontrar rápidamente sus equilibrios sin obviar que los cambios del mercado no se pueden ignorar, y que como bien surge de los talleres de la Coviar hay cambios que no tienen que ver con la coyuntura y que son más profundos y estructurales”, estimó.

Tanto el futuro presidente Mauricio Macri como su equipo durante esta última semana han asegurado que su promesa de campaña de eliminar las retenciones a las economías regionales se cumplirá. Con esto llegaría un alivio de unos 50 millones de dólares para la industria vitivinícola. Con  esta quita en lo inmediato la vitivinicultura sumaría 5% más de rentabilidad a la exportación.

“Variables como el tipo de cambio o la eliminación de retenciones sin duda mejorarán las expectativas de mediano plazo, dado que más del 50% de nuestra uvas, vía mosto, uva en fresco o vino van hacia mercados externos. Pero hoy el tema crucial es la eliminación inmediata de los excedentes de 200 millones de litros; sin un precio razonable, no se sale de la crisis”, aseguró Villanueva.

Sosa cree que el cuadro de situación es diferente: “La vitivinicultura está en crisis hace años. Tanto como el tiempo que llevamos advirtiéndolo, digamos entre 6 y 8 años. Por eso, el próximo gobierno de Mendoza, también el de San Juan, enfrentarán el desafío de aplicar medidas que le salgan al cruce. Para ello dependerán en parte de las medidas macroeconómicas nacionales, es decir, detener la inflación, ofrecer mayor competitividad a las economías regionales y aliviar la presión tributaria”. 

Demanda al Estado provincial en puerta

Sin haber cobrado el resarcimiento que ofrecía el Fondo Solidario Agrícola y otros subsidios, desde Aproem Gabriela Lizana afirmó que “nuestra entidad judicializará todo lo que el Estado le debe al productor en concepto de subsidios no pagados y  lo adeudado por el Fondo Solidario Agrícola”. Por lo tanto, esto es otro aspecto que el próximo gobierno deberá resolver.
Según los últimos datos a los que tuvo acceso Los Andes, en Mendoza, unos 450 productores, la gran mayoría concentrados en la zona

Este, llevan más de tres meses esperando que se les pague la compensación del Fondo Solidario Agrícola por los accidentes climáticos que sufrieron el año pasado. La suma significaría unos 11,5 millones de pesos que la Nación adeuda en concepto de Fondo Solidario Agrícola.

Para Lizana, “la situación actual de la vitivinicultura refleja crisis en varios frentes: institucional, debido a las fuertes críticas que se hacen a la Coviar por su actitud frente a los cambios estructurales que deberían haberse hecho de una manera proactiva y no se hicieron. Y además, por el poco interés en el sector más débil de la cadena, el productor y elaborador chico y mediano, junto con el cuestionamiento al INV en cuanto a la necesidad de normalización o adecuación a nuevos escenarios”.