Las relaciones familiares en el nuevo Código

El nuevo Código Civil y Comercial contiene importantes modificaciones respecto a las relaciones de familia que impactan favorablemente en la vida de los ciudadanos.

Sin embargo algunas de ellas, como el deber de fidelidad y el divorcio incausado, han sido frecuentemente mencionados con alguna connotación negativa.

El anteproyecto de los juristas, las modificaciones del Poder Ejecutivo Nacional y los cambios introducidos en el Dictamen de mayoría de la Comisión Bicameral, receptan la tendencia de la constitucionalización del derecho privado.

En el caso del derecho de familia están especialmente reflejados los principios de la no discriminación, la igualdad sin distinción de género, la autonomía de la voluntad, y la solidaridad familiar. El Código toma muchas soluciones de la jurisprudencia a situaciones que viene planteando la realidad.

Además, sistematiza la ley de matrimonio igualitario y de técnicas de fertilización asistida con las demás regulaciones, dotando de coherencia las tensiones que se produjeron con la sanción las mismas.

En el caso de la ley de matrimonio igualitario, la tensión estaba dada respecto del nombre para parejas del mismo sexo y la distinción respecto de las parejas heterosexuales. En relación a la ley de fertilización asistida la tensión surgía al no regular las fuentes de filiación, no integrando la voluntad procreacional.

Esto generaba inconvenientes respecto de aquellos casos de técnicas de reproducción humana asistida (TRHA) donde los gametos masculinos o femeninos eran donados. Otro punto relevante y muy positivo es el lenguaje.

Está escrito de una manera simple, moderna y acorde a los principios que pregona, apartándose del elitismo del lenguaje técnico y de ciertas categorías negativas.

En esta línea, se reconocen los diferentes tipos de familia, entendiendo que las definiciones jurídicas como puede ser el de matrimonio, son construcciones culturales y sociales, incluso pedagógicas, que nos ayudan a captar y comprender la realidad pero que justamente deben dar cuenta de esa realidad.

En particular, el deber de fidelidad se establece como un deber moral que queda reservado a la esfera íntima de los cónyuges pero sin efectos jurídicos. Esta modificación está en consonancia con el principio de autonomía de la voluntad de las partes.

De esta manera, se termina con la intromisión por parte del Estado en la privacidad de las personas generando una industria del juicio que no beneficia a ningún miembro de la familia y ante todo perjudica a los hijos –si existen. Esto no importa dejar desprotegido al más débil.

Todo lo contrario. El deber de asistencia recobra fuerza en sus dos aspectos material y moral, protegiendo siempre al que se encuentre en una situación de desigualdad o vulnerabilidad y permitiendo también el juego de la autonomía de la voluntad, cuando procede.

Tampoco significa vaciar de contenido a la familia matrimonial desde la regulación estatal, sino que incluye tanto aquellos que tienen una visión religiosa del matrimonio como a aquellos que quieren que su unión goce de un reconocimiento estatal y esté sometida a un determinado régimen legal.

Es una regulación plural y que dados sus costos de ingreso y salida generan incentivos a someterse a él, sin que por ello esta forma familiar matrimonial sea más valiosa que otras. Son diferentes opciones que los ciudadanos hacen en cómo construir su proyecto de vida personal y familiar.

Respecto del divorcio, el Código termina con el divorcio sanción dando lugar solo al divorcio incausado en sede judicial, sin establecer plazos para ejercer este derecho. Esta regulación es el resultado de la observación empírica en la cual, las causales del divorcio sumaban conflictos y precariedad en las relaciones familiares y no aportaban solución alguna.

Los fracasos matrimoniales no tienen por qué ser sancionados por el derecho. Las causas que lo provocan pueden ser múltiples y variadas y no hay razones objetivas por las cuales el Estado debe entrometerse en estos aspectos.

Sí, en cambio, el Estado debe tratar de asegurar que los daños que esa situación genera o las situaciones de desigualdad sean reparadas y proteger a los más vulnerables tratando de asegurar el cumplimiento de las obligaciones asumidas.

En relación al plazo, se ha mencionado la idea del matrimonio con puerta giratoria, entro para casarme y por la misma salgo para divorciarme. El plazo no modificaba la decisión de divorciarse.

Entonces, lo que establece el Código es una instancia de reflexión y civilidad en el íntimo seno familiar, requiriendo la elaboración de una propuesta para determinar los efectos del divorcio, la que debe ser sometida a la decisión judicial.

Por último, no puedo dejar de mencionar uno de los cambios introducidos por el dictamen: el comienzo de la existencia de la persona humana. El artículo 19 del anteproyecto de los juristas establecía: “La existencia de la persona humana comienza con la concepción; o con la implantación del embrión en ella en los casos de técnicas de reproducción humana asistida”

La redacción final borró la segunda parte. Esto influirá de manera negativa en la TRHA generando inseguridad jurídica en la práctica. Primero, mientras exista esa “laguna” y no se dicte la legislación especial -que prevé el Código- no se resuelve cuál es la situación de los embriones no implantados productos de TRHA.

Segundo, los jueces podrían interpretar que los embriones no implantados tienen el status jurídico de personas. Es importante recordar que ni siquiera Vélez Sársfield le asignó un status jurídico al feto igual al de la persona, porque el sistema civil desde siempre dejó sus derechos supeditados al efectivo nacimiento con vida.

Entonces, ¿qué protección se le pretende otorgar al embrión no implantado? Esta modificación importa un retroceso en el conjunto de normas que regulan el derecho de familia y vulnera derechos fundamentales de las mujeres.

Más allá de la polémica en torno a su aprobación, el Código contiene importantes avances en las relaciones familiares. Existen también graves problemas como, por ejemplo, la redacción del artículo 19. Es un Código perfectible, y será tarea de los legisladores, grupos de interés y operadores jurídicos seguir trabajando en esa dirección.

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