El 44% del precio final del vino es por cargas impositivas

El “ahogo” que produce la presión fiscal de la Argentina en las economías regionales es un punto en el cual los diversos sectores han hecho hincapié en el último tiempo, ya que deteriora aún más la rentabilidad y competitividad de las empresas.

Además, lo que preocupa en el sector vitivinícola son los nuevos proyectos que andan dando vueltas. Uno de ellos es el proyecto para modificar la “Ley de Deportes” -que ya se presentó en la Cámara de Diputados- que tiene como objetivo “universalizar el deporte” y crear un Ente Nacional de Desarrollo Deportivo (Enaded) -que contempla la creación de la “Asignación Universal por Hijo en el Deporte” con fondos que vendrían       -entre otros- del vino. De llevarse a cabo, todos los embotellados deberían pagar $ 0,45 por cualquier tipo de envase. De este modo, según estimaciones, el sector aportaría cerca de $ 600 millones.

Mientras, el segundo proyecto -el cual aún no está presentado en el Parlamento- es el que impulsa el presidente del INV, Guillermo García en conjunto con los diputados nacionales. Se trata de la ley por el fondo de Estabilización de Stock, el cual pretende administrar entre 200 y 900 millones de pesos, para intervenir y subir el precio del vino. Sobre este último, aún no está definido de donde se recaudarían los fondos, ya que por un lado se estima que estaría financiado por la percepción del IVA que AFIP cobra a los contribuyentes.

Presión fiscal

En el sector vitivinícola, la torta en la recaudación de los principales tributos responden a: 16% derechos de exportación, 27% impuesto a las ganancias, 32% aporte y contribuciones y 25% impuesto valor agregado.

Según un informe presentado por ACOVI en conjunto con MasConsulting, el 44% del precio de venta final en el mercado interno de bebidas se explica por el sistema tributario, previsional y de seguridad social de los tres niveles de Gobierno (nacional, provincial y municipal). Dentro de ese porcentaje, los que mayor presión tienen son el IVA que concentra el 17%, seguido de seguridad social con el 8% e ingresos brutos con el 7%.
Considerando la recaudación según el tamaño de las empresas contribuyentes se obtiene que el 53,3% son microempresas, 27,8% son pequeñas, 14,6% medianas y el 4,2% son grandes. Representando las ventas de estas últimas el 69,6% del total de ventas del sector y el impuesto ingresado el 76,1% del total. Por otra parte, las microempresas representaron el 1,4% del total de ventas.

Por su parte, Alfredo Aciar, economista de la Fundación Ideal agregó: “Según mis estimaciones, respecto de la presión fiscal sobre el sector (recaudación), ronda el 25%”. Es decir, por cada 100 pesos que un consumidor se gasta en vino, unos 25 pesos van a parar al fisco (por supuesto que la mayor parte de ello va a la Nación)”.

Frente a la presión impositiva que tiene el vino, Susana Balbo, propietaria de Dominio del Plata y que actualmente se encuentra de licencia de su cargo como presidente de Wines of Argentina, ya que se postula como diputada nacional de Cambia Mendoza, señaló que “en los últimos años el sector productivo de Mendoza soporta un constante aumento de presión fiscal, originado por el incremento de los impuestos provinciales y el impacto que tiene la inflación sobre ganancias”.

Asimismo, Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina añadió que la carga impositiva no tiene precedentes. “Ante la falta de caja, los Gobiernos buscan recaudar a través de un mecanismo impositivo macabro que destruye la rentabilidad de las empresas, el cual se ha visto reflejado en el récord de recaudación”, remarcó el dirigente. Pina acentuó que tanto el país como Mendoza merecen una reforma tributaria importante.

No obstante, Carlos Iannizzotto, gerente de Acovi, señaló que a pesar de que en Argentina la presión tributaria tuvo un crecimiento sostenido en la última década, “no parece ser “el problema” del sector, ya que está por debajo de lo que tiene el conjunto de la economía y del rubro bebidas”.

Tanto Balbo como Pina, indicaron que el problema es que la carga fiscal no es lo único que tienen que afrontar las economías regionales, ya que a lo mencionado anteriormente se le suma a la pérdida de competitividad producto de un dólar anclado y una inflación que no se detiene.