lunes 21 de septiembre de 2020

Política

Apoyo al Gobierno nacional por cambiar la Ley de Medios

Tres entidades nacionales ligadas a los medios audiovisuales salieron a apoyar la decisión del gobierno de Mauricio Macri de modificar la ley aprobada durante el primer gobierno de Cristina Kirchner. Las tres coincidieron también en que esos cambios favorecerán las inversiones y el desarrollo del sector.

ATA (Asociación de Telerradiodifusoras Argentinas), que nuclea a los canales de televisión abierta y privada del país, aseguró que la modificación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual otorga a la industria “horizontes de explotación acordes con los niveles de inversión que el cambio tecnológico impone”

Asimismo, elogió el proyecto para “ordenar y transparentar” la distribución de la pauta publicitaria oficial.

ARPA (Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas), que nuclea a las radios privadas legales de todo el país, por su parte,  recordó que “en reiteradas oportunidades” hizo pública “u oposición fundada a muchas de las disposiciones de la ley de medios N° 26.522 y de su reglamentación”.

“El contenido de las modificaciones que ha impuesto el decreto 267/2015, recoge favorablemente algunos de esos reclamos, que hacen a la continuidad de las empresas y de las fuentes de trabajo que ellas generan”, dice el comunicado.

Y agrega: “No podemos ignorar el incumplimiento en materia del debido control del espectro radioeléctrico , que hoy esta en peores condiciones que al momento de la sanción de la Ley de Medios. Esto ha sido un grave perjuicio para los radiodifusores que se ajustaron a los marcos legales vigentes”.

Por último, la ATVC (Asociación Argentina de TV por Cable), que nuclea a los todos cableoperadores argentinos, manifestó que “la derogación de muchas de las irracionales asimetrías que regulaban el sector redundará en más inversiones y por ende en mejor calidad de servicios para los usuarios del país todo”.

Aunque mirando hacia adelante, sostienen que en el futuro “será necesaria una reglamentación que contenga parámetros de protección específicos para las pymes del cable, que constituyen el principal motor de la federalización del servicio”.