Ahora Vila quiere el área por la que imputaron a Pérez

Ha tanteado al Gobierno para quedarse con Chañares Herrados, el yacimiento en el que se invirtió menos de lo comprometido y originó la causa contra el ex mandatario.

Después de la imputación al ex gobernador Francisco Pérez por los incumplimientos de la empresa Chañares Herrados SA al contrato de prórroga de la concesión del área petrolera que explota, queda la pregunta por el futuro: ¿qué hará el gobierno de Alfredo Cornejo con la concesión?

En Casa de Gobierno se afirma que emisarios de Petrolera El Trébol (Petsa) han pisado el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. En esa cartera se dice que “ha mostrado interés en quedarse con el área”.

Petsa es parte de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) que explota 40 pozos en Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado; el 49% de esa UTE es propiedad del grupo Vila-Manzano.

Una pregunta inevitable es cómo llegaría Petsa a ser la titular de la concesión en lugar de Chañares Herrados SA (Chasa). En el Gobierno quieren mantener el área produciendo para no perder regalías y puestos de trabajo, por lo que habría cierta receptividad a las pretensiones de Petsa; el escollo es que no habría otra forma que rescindir la actual concesión y llamar a licitación para otorgar una nueva.

Para entender el problema hay que volver al principio. Chasa tiene la concesión de dos áreas petroleras desde el año ‘92, Chañares Herrados y Puesto Pozo Cercado. De una de esas áreas Chasa tomó su nombre comercial.

Esa concesión vencía en 2017, pero en el gobierno de Celso Jaque, con Pérez como ministro de Infraestructura, se prorrogó la concesión hasta 2027. Los sucesivos incumplimientos de los compromisos asumidos por Chasa para lograr esa prórroga fueron el causal para la imputación del ex gobernador Pérez y de otros tres funcionarios del área energética. Hasta acá la historia conocida del yacimiento y la empresa concesionaria.

La parte menos conocida es que Chasa tiene contratos con varias empresas que explotan pozos en la zona que administra. En total hay unos 60 pozos en las dos áreas concesionadas y son cuatro empresas las que operan dentro de ella. Está EP Energy con un pozo, Maxipetrol con 5 perforaciones activas, la propia Chasa con 14 y Petrolera El Trébol con 40 pozos en producción.

El 14 de junio de 2013, Los Andes publicaba que Andes Energy, empresa del grupo Vila-Manzano, había comprado el 49% de la UTE que encabezaba Petsa y que opera en el área.

Las empresas que lograron la prórroga de sus concesiones en 2011 debían rendir cuentas del cumplimiento de sus obligaciones cada cinco años; ese quinquenio venció el 31 de diciembre pasado. El actual gobierno, al tanto de los incumplimientos de Chasa, los intimó a que hicieran un informe sobre lo actuado en estos cinco años de concesión y expliquen los incumplimientos. El plazo para que respondan esa intimación vence justamente hoy.

Es un secreto a voces de que no hay mucho agregar al incumplimiento de 177 millones de dólares en inversiones, por lo que no parece haber margen para que Chasa conserve la concesión del área. La cuestión es cómo rescindir el contrato y no detener la producción. Y en ese dilema llegó el interés de Petrolera El Trébol.

En Casa de Gobierno nadie niega que el contacto con Petsa existió y el interés es concreto. Sería una salida para no detener la producción en la zona. El gran problema es cómo sortear el límite de la licitación para entregarle un área petrolera a una UTE conformada por el grupo Vila-Manzano.

No faltan memoriosos que pronuncian el nombre Chachahuén, otra área petrolera que fue adjudicada en 2008 por Jaque a Ketsal-Kilwer, dos empresas del mismo grupo. Hasta 2011 no hubo inversiones comprobadas en el área, fecha en la que la entonces Repsol-YPF compró el 70% de esa concesión (junto a otros seis yacimientos del mismo grupo) y Chachahuén empezó a producir petróleo.

El 20% de esas siete áreas lo mantiene Vila-Manzano y un 10% fue a manos de Energía Mendocina, empresa del sanrafaelino Omar Alvarez. Fue un buen negocio para Vila-Manzano, porque sin poner un peso lograron un 20% de la producción que motorizaba Repsol-YPF.

El año pasado, los tres concesionarios de Chachahuén lograron un nuevo beneficio, por el decreto 972 firmado por Pérez; en esa norma se bajó el canon de regalías del 23% original al 18%.

El ex gobernador debe declarar hoy

Hoy, Francisco Pérez deberá presentarse ante el fiscal de Delitos Complejos Juan Manuel Bancalari. En ese momento será notificado formalmente de la imputación por incumplimiento de los deberes de funcionario público que pesa sobre él. También podría tomársele declaración testimonial.

Hay quienes afirman que la acusación por el incumplimiento en las inversiones comprometidas por Chañares Herrados Sociedad Anónima (Chasa) podría responderse con relativa facilidad, porque se entiende que para evaluar el cumplimiento no puede hacerse año por año, porque la actividad petrolera es cara y sujeta a vaivenes internacionales.

Por ese motivo es que en el mismo contrato firmado con todas las petroleras a las que se les prorrogó el área de concesión en 2011 se incluyó el plazo de cinco años para esa evaluación y el plazo se cumplió el 31 de diciembre de 2015.

Otra de las acusaciones es por la contratación del seguro de riesgo ambiental. Si bien está incluido en las condiciones que debían cumplir las concesionarias, algunos afirman que no existe tal seguro para contratar. Otros indican que hay empresas que lo ofrecen. Hay un debate que sólo se zanja no con palabras, sino con documentación.

Queda por resolver la cuestión de la solvencia. Son muchos los observadores que aseguran que Chasa estaba financieramente bien al momento de negociar la prórroga; aunque los contradice el informe de Fiscalía de Estado incluido en el expediente judicial, en el que consta que Chasa venía invirtiendo menos de comprometido desde 2007. Incluso el denunciante José Rubio jura tener balances de Chasa que probarían la insolvencia de la petrolera cuestionada.

Para lo que no hay respuesta es para la evasión del pago del impuesto a los sellos que correspondía al contrato de venta del paquete accionario. 
La obligación está prevista en uno de los decretos que regularon la negociación de las prórrogas, el 1547 de 2010, por lo que los funcionarios del área energética debían conocer la obligación e informarla a la Administración Tributaria Mendoza (ATM), aunque también cabría preguntarse si hay responsabilidad de la ATM en la evasión.

Una de las versiones es que Chañares infló activos para quedarse con la concesión en 2011 y luego vender el paquete accionario a mejor precio. Algo de cierto hay. A principios del año pasado uno de los imputados, el ex subsecretario de Hidrocarburos Pedro Sánchez, pidió a Chasa una auditoría de reservas.

Cuentan en Casa de Gobierno que esa auditoría dijo que el petróleo sin sacar de las entrañas de la tierra era la mitad de lo declarado por la empresa cuando pidió la prórroga. Entonces surge otra pregunta: por qué no se pidió una auditoría similar cuando se negociaba la extensión de 10 años de concesión.

Tenemos algo para ofrecerte

Con tu suscripción navegás sin límites, accedés a contenidos exclusivos y mucho más. ¡También podés sumar Los Andes Pass para ahorrar en cientos de comercios!

VER PROMOS DE SUSCRIPCIÓN

Temas Relacionados

COMPARTIR NOTA