Control policial y seguridad

Edición Impresa: lunes, 01 de abril de 2013
Control policial y seguridad

Por Leopoldo Manuel Orquín - Ex-ministro de Justicia y Seguridad

Desde sus orígenes medievales, las llamadas corporaciones tuvieron por fin inmediato y explícito la defensa de los intereses de sus miembros. Así ha sido, aun cuando estas corporaciones tengan entre sus objetivos la defensa de intereses colectivos, pues cuando lo hacen, lo hacen en el tiempo libre que les queda luego de la satisfacción de sus propias necesidades.

Si dentro del Estado, uno de sus poderes o un organismo dentro de alguno de sus poderes se autodirige, se autocapacita, se autoadministra y se autocontrola, se convierte, aun sin quererlo, en una suerte de corporación en el peor sentido que a esta palabra le podamos dar.

Caído el régimen militar en el año 1983, las Policías del país dejaron de ser conducidas por el sistema castrense y el resurgimiento del sistema democrático no logró generar, salvo excepciones, mecanismos de conducción y control de las fuerzas policiales que, respetando a rajatabla los derechos de todos los habitantes, lograra el objetivo de preservar y mejorar las condiciones de seguridad en la sociedad.

El tema es vasto y apasionante, pero hoy nos ocuparemos por razones de espacio solo de uno de sus aspectos, como es el tema del control policial.

Desde un punto de vista estrictamente técnico, podemos dividirlo en control interno y externo.

El control interno es el que se ejerce fundamentalmente dentro de la estructura jerárquica policial con la aplicación de sanciones a los subordinados que incumplen con el deber o incurren en alguna inconducta. Resulta obvio decir que éste es el sistema de control que prefiere el sistema policial, pues al ser ejercido por policías, existe la posibilidad de una mayor tolerancia.

Pero es el otro control, el externo, el que queremos resaltar en esta nota, pues es el único que puede impedir que la policía se convierta en una corporación.

Mendoza es una provincia que ha avanzado mucho en este sentido, pues en el resto del país, salvo alguna excepción, se ha continuado con la obsoleta técnica del control interno exclusivamente.

Recordemos que Mendoza empezó a recorrer el camino del control externo a la policía recién en el año 1998 durante el Gobierno del Dr. Arturo Lafalla, luego de una revuelta policial que exhibió con toda crudeza la indisciplina reinante.

Los partidos políticos de Mendoza respondieron unánimemente al llamado del Gobernador y acordaron una política de Estado que se tradujo en la creación del Ministerio de Justicia y Seguridad, de la Comisión Bicameral de Seguridad, del Instituto Universitario de Seguridad Pública y de la Inspección General de Seguridad; organismo este último dirigido por representante de los Partidos Políticos.

Todo esto permitió por primera vez en la historia de la provincia comenzar con un proceso de control externo de la institución policial, proceso que entendemos no ha concluido y debe ser perfeccionado.

En ese sentido, pensamos que para su perfeccionamiento, la IGS, que tiene a su cargo el control de la legalidad y de la calidad del accionar policial y penitenciario, debe ser dotada de elementos suficientes para que su capacidad de inspeccionar las dependencias policiales y penitenciarias sea cotidiana y permanente, y de ser posible con personal civil debidamente capacitado.
 
Asimismo entendemos que sus Resoluciones deben tener carácter vinculante y no ser simplemente una solicitud fundada ante las autoridades del Ministerio. Esto sin desconocer los avances, sobre todo edilicios, que la IGS ha logrado en los últimos tiempos.

Proponemos también la participación popular en el sistema de evaluación sobre el accionar de los comisarios. Aunque esta participación fue insinuada en la Ley 6.721 a través de la creación de los Foros Vecinales y de los Consejos Departamentales, estos no tuvieron demasiada acogida en el sentimiento popular y cuando lo tuvieron no funcionaron adecuadamente.

Por ello entendemos que la necesaria participación popular debería canalizarse en nuevas formas e incorporar a través de encuestas anuales, no solo de victimización sino también de opinión, la evaluación de la población respecto del cumplimiento, por parte de los comisarios, de los objetivos y metas que deben ser propuestos por el Ministerio de Seguridad.

Resulta obvio que para que esto funcione las metas y objetivos a cumplir por parte de los comisarios deben ser profusamente publicitados anualmente y además deberá proveérselos de los elemento necesarios para el cumplimiento de los objetivos fijados, sin fragmentar ni diluir responsabilidades.

Cumplido esto deberá adoptarse la encuesta como herramienta exploratoria y no vinculante, la que podrá ser utilizada sin necesidad de aprobación legislativa pero con el rigor metodológico necesario al fin propuesto.

Es necesario tonificar los mecanismos de control para jerarquizar la tarea policial. No es lo mismo quien trabaja con esmero y responsabilidad y quien no. La contracara de la sanción es el estímulo y el reconocimiento institucional y social. Así se evita la resignación y la falta de motivación y se recrea el espíritu de servicio y la vocación.

Reitero una vez más que el control sobre la calidad y legalidad del accionar policial es de vital importancia. Nuestra provincia se encuentra en el camino de salida de la droga hacia el Pacífico. Las tentaciones de todo tipo a las que nuestro personal policial va a ser expuesto, van a crecer cada vez más.

Hasta hace poco, veíamos horrorizados lo que ocurría en el Gran Buenos Aires. Después, la noticia fue Rosario. Ahora nos enteramos que la situación en Junín de Buenos Aires, ciudad que está sobre la ruta 7 y a 800 kms. es peligrosísima y prácticamente inmanejable.

No deberíamos perder un minuto más en establecer el originario vigor de la política de Estado y avanzar en el sentido propuesto.
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