Luego de reintegrarse a sus actividades, la presidenta Cristina Fernández ha venido dando discursos y haciendo anuncios de nuevas medidas, todas en un tono triunfalista, por los resultados del pasado, y casi reivindicativa, con las nuevas decisiones anunciadas, calificadas por ella misma como "sintonía fina".
En esto de grandes anuncios, para festejar los éxitos del modelo, se le han escapado algunos detalles. Por ejemplo, hace una semana anunció que el crecimiento de diciembre había sido del 6,7% y afirmaba que era la primera vez que se perforaba el piso del 7% y que el crecimiento era menor al mes anterior.
Sin embargo, el último martes anunció un récord de recaudación para el mes de diciembre. Quizás haya que esperar los datos de recaudación de enero para tener una idea más acabada de la situación.
La realidad es que el Gobierno tomó una serie de previsiones ante las expectativas de un año complicado por la crisis internacional, esperando una desaceleración de la economía. Para ello dispuso la eliminación de subsidios a los servicios públicos y otras actividades, generando un ahorro calculado de unos 30.000 millones de pesos.
Dado que la mayoría de las decisiones, como la quita de subsidios, impactarán en los consumidores en forma clara a partir de marzo, es difícil prever cuál será la reacción de los mismos y cuál será la conducta de los empresarios fijando precios al ver crecer sus costos.
Hasta ahora, la economía se ha comportado como si nada pasara y los consumidores no parecen haberle dado importancia. Las medidas policiales tomadas para evitar que la gente compre dólares limitaron la demanda formal, aunque recalentó un poco el mercado informal, donde la moneda norteamericana llegó a venderse a 5 pesos en diciembre, pero luego bajó a $ 4,60, para estabilizarse ahora en $ 4,80.
Pero estas restricciones no registraron ninguna corrida, como tampoco lo había sido la demanda de dólares, y la gente no salió corriendo de los bancos. Es más, en enero los depósitos de particulares crecieron 8.500 millones de pesos y las reservas del BCRA, compras mediante, aumentaron en casi 800 millones de dólares.
Todo muestra, hasta ahora, un panorama tranquilo y la idea del Gobierno es seguir empujando la demanda interna.
En este contexto, el importante anuncio de aumento semestral de las jubilaciones, implicará una inyección adicional de 2.000 millones mensuales de pesos al mercado. Dado el monto que cobran la mayoría de los pasivos, es dable suponer que todo el incremento irá dedicado a pagar aumentos de tarifas y algo más de consumo.
Jugadores marcados
En sus discursos, la Presidenta ha comenzado a delinear sutiles mensajes cargados de eufemismos dirigidos a distintos actores de la economía. Los principales destinatarios han sido empresarios y sindicalistas.
A los empresarios les marcó la cancha quitándoles subsidios, pero también les dejó varias advertencias. Uno fue el caso de las petroleras, a quienes acusó de venderles gasoil con sobreprecios a las empresas de transporte y que dio a un globo de ensayo ejecutado por el diario oficialista Página/12, donde se anunció que es intención del Gobierno reestatizar YPF, sin que medie ninguna aclaración o desmentida,
El otro mensaje vino de la mano del cumplimiento de las obligaciones laborales y de lo que será un control de la competitividad. Es posible que comiencen a imponer a las empresas obligaciones de inversión para evitar que aumenten los precios.
A los sindicalistas, por su parte, les dijo que no impondrá ningún techo a la negociación salarial por venir, pero también les fijó límites lo suficientemente imprecisos como para dar lugar a un gran margen de intervención por parte del Estado. Es que explicó que los aumentos tienen que estar relacionados con la rentabilidad de la empresa y con la competitividad de la misma.
De todos modos, el sector empresario se ve favorecido, en parte, por el virtual cierre o limitación de las importaciones de una gran cantidad de productos, lo que le evita competencia externa. En otros casos, complicará a muchos sectores productivos, a los cuales les limitó la importación de bienes intermedios.
Incluso, aclaró (en un tiro por elevación a Hugo Moyano) que no permitirá que se sigan dando aumentos basados en subsidios del Estado y dio el ejemplo de los camioneros, que han tenido grandes aumentos salariales, pero ayudados porque el Estado les dio a los empresarios la posibilidad de no pagar las cargas patronales de tipo previsional.
El mismo caso rige para los choferes de colectivos, cuyos aumentos de los últimos tres años fueron absorbidos con subsidios del Estado.
Todos estos anuncios se han hecho en el marco de la "sintonía fina" planteada por la Presidenta que, por lo que se ve, está destinada a ir eliminando la maraña de subsidios que se fueron generando aprovechando una situación fiscal de bonanza, que este año no repetirá.
No obstante, el Gobierno seguirá lanzando plata al mercado por todas las vías siguiendo con sus objetivos de reactivar el mercado, pero también de tener mayor control y más intervención en la economía, dándose el gusto de complicarles la vida a sus enemigos. Quizás en ese marco es que ha estatizado las transmisiones de automovilismo por televisión.
Por ahora, los argentinos hablan de los aumentos por venir, pero hemos tenido una temporada de vacaciones récord, que le permite al Gobierno creer que los ajustes no tendrán costos políticos y que hay márgenes para seguir avanzando. Los límites los veremos en el tiempo; mientras tanto, seguimos disfrutando de los datos del año pasado.
Las distintas marcas mendocinas pueden llegar a producir entre 1.500 y 40 mil litros por año. Hay firmas que colocan sus productos en Buenos Aires y también fuera del país; otras sólo tienen dos puntos de venta.
Hay, en principio, más acuerdos que divergencias sobre flexibilizar sanciones, pero el límite a la implantación de tintoreras promete endurecer el debate. Algunas posiciones.
