Una discusión social que también se da en el Gobierno

En Mendoza las empresas mineras han reactivado la vía judicial, luego de que la Legislatura rechazara el proyecto San Jorge (a pedido del actual gobernador) y el propio mandatario, Francisco Pérez, confirmara al asumir y ratificara en los últimos días desde Estados Unidos que el tema de la minería metalífera "está fuera de agenda" porque "no es el eje productivo de Mendoza".
 
Y que "socialmente no es el momento de discutir la minería (metalífera) porque Mendoza es eminentemente petrolera" (ver página 3).

Durante la semana, el mandatario tuvo que desautorizar a través del coordinador de gabinete, Eduardo Bauzá, al subsecretario de Hidrocarburos, Walter Vázquez, quien había anunciado inminentes pronunciamientos mineros. Y ordenó que permaneciera en silencio, el director de Minería, Carlos Molina.

Es que al momento de su asunción este funcionario había anunciado la pronta reactivación de "veinte de los mil proyectos mineros no metalíferos de la provincia" y se había pronunciado por desarrollar "las tres categorías de minería" con lo que había incluido la explotación metalífera.

En cambio, el que insistió con reactivar la actividad minera mendocina fue el intendente de Guaymallén y futuro presidente del PJ Alejandro Abraham: "No se puede prohibir una actividad lícita", manifestó.

A su turno la senadora nacional de la UCR, Laura Montero, dijo que "la posición no es la negación taxativa de alguna actividad, sino cumplir la ley, asegurar que la minería no provoque ningún impacto ambiental indeseable, que no afecte el recurso hídrico de la provincia, ni las actividades productivas, ni el bienestar de la gente".

Durante la semana, el tema ambiental llevó al propio Gobernador a discutir con la ambientalista Elena Ríos, que terminó detenida tras ser acusada de haberlo insultado.

Mientras tanto la provincia recibió las visitas del ministro de Planeamiento, Julio De Vido y el secretario de Minería, Jorge Mayoral, en una presencia no demasiado explicada que generó todo tipo de versiones sobre encuentros silenciosos con empresarios mineros y funcionarios provinciales de esa área.

Por su parte, la Cámara de Minería fustigó a Pérez: "Estas recientes declaraciones (del gobernador mendocino) nos obligan a hacer conocer a distintos organismos internacionales de crédito e inversión que en la provincia Mendoza no existe seguridad jurídica para la radicación de inversiones por falta de apego a la ley y la discrecionalidad y el oportunismo de quienes tienen la obligación de aplicarla".

"Sin agua pura, no hay vendimia", manifestó tras su elección Yasmina Abraham, la flamante reina de San Carlos. Un día antes, 500 tupungatinos se reunieron en la explanada municipal para manifestar su oposición a la minería contaminante.
 
Y el intendente Jorge Difonso se pronunció por "la protección del área 'Portillo de Piuquenes', que ya cuenta con el aval de la dirección de Recursos Renovables de la Provincia, y que llevaría las mil hectáreas protegidas actualmente en el Manzano Histórico a 343 mil hectáreas desde la Laguna del Diamante hasta el parque Tupungato".

En una actividad en la que cada vez queda más claro que se necesita de una "licencia social" para poder realizarse, en Mendoza -con sus discusiones internas- los departamentos de Las Heras y Malargüe defienden abiertamente la minería metalífera mientras que los de San Carlos y General Alvear la combaten con todas sus fuerzas.