Paco, a la conquista del desierto mendocino

Por Carlos Salvador La Rosa - clarosa@losandes.com.ar

Paco Pérez asumió la gobernación de Mendoza con la dolorosa certeza que deberá sobrellevar toda su gestión bajo el signo de la escasez y el déficit, por lo que las realizaciones concretas serán pocas, casi todas las que logre obtener del Gobierno Nacional, el cual también estará signado por la escasez y el déficit.

Las ventajas de la escasez. Para enfrentar las dificultades económicas, el Gobierno Nacional ha decidido hacer lo que hace siempre: ir por más, que traducido significa centralizar peor aún el poder político y echarle la culpa de la crisis a todo el mundo menos a sí mismo. Sabe que ya no le sobrará dinero como hasta ahora, pero por un tiempo sí le sobrará capital político luego del aluvión de votos de octubre; entonces, gastará parte de lo que le sobra para recuperar parte de lo que le falta. Total, para las elecciones falta mucho y con un poder político ultraconcentrado, mañana se podrá recuperar la popularidad que se pierda hoy ajustando.

Paco Pérez no pretende hacer lo mismo porque las condiciones en Mendoza son muy diferentes; acá la oposición no ha sido pulverizada, en particular la UCR, que perdió unas elecciones que podría haber ganado si se hubiera producido una reforma política como la de Santa Fe o Córdoba; entonces, a Pérez no le sobra capital político para el ajuste económico, sino que necesita construirlo. Para eso, su primera actitud es la de conversar con todos en vez de encerrarse.

Viendo ambas realidades, la nacional y la provincial, se podría pensar que Cristina corre con más ventaja en su ámbito que Pérez en el suyo, ya que las diferencias de poder entre ambos son abismales. Es cierto, pero hay algo que podría correr a favor de Paco: que los Kirchner son hijos de la abundancia mientras que Mendoza es hija de la escasez.

A poco de asumir en Santa Cruz, Néstor Kirchner recibió de Menem multimillonarios recursos por regalías petroleras y una década después, cuando llegó a la Presidencia de la Nación, comenzó el mayor ciclo histórico de crecimiento del precio de las materias primas de los últimos cien años. Debió el kirchnerismo soportar una sola crisis, la de 2008, y fue la única vez que perdió un comicio. Por eso de aquí en más, Cristina deberá probar -y probarse- si es capaz de conducir la escasez tan bien como ella y su marido condujeron la abundancia, a juzgar por sus contundentes triunfos electorales.

En cambio, los últimos gobiernos mendocinos, en general, no han sabido administrar bien la abundancia pero saben potenciarse mejor cuando predomina la escasez. El modo en que el PJ local respondió a fines de los ’80 al caos de la hiperinflación o la UCR local en 2001 a la implosión nacional, hablan de una capacidad de las élites mendocinas para sacar lo mejor de sí en los peores momentos, del mismo modo que en los tiempos en que el dinero sobra se lo suele dilapidar pródigamente en gastos comunes.

Es que los oasis tan duramente construidos suelen unificar sus fuerzas cuando las asechanzas de la naturaleza, las crisis económicas y las amenazas externas hacen peligrar sus avances sobre el desierto. No obstante, en los nuevos tiempos que corren, esa supervivencia defensiva está mostrando signos de agotamiento, porque alcanza para mantenernos pero no para crecer, lo cual, a la postre, es una forma de retroceder.

Por lo tanto, para aprovechar las paradójicas ventajas que suele ofrecer la escasez en Mendoza, Paco Pérez deberá proveerse de lo que nos viene faltando desde hace mucho tiempo: una estrategia global de crecimiento, que nos sirva tanto para los tiempos buenos como para los malos.

Constitución y reelección. La reforma constitucional de 1916 fue, quizá, el último gran programa estratégico que se dio la élite política mendocina. En ella se preservaban y fortalecían las instituciones republicanas y el federalismo contra el caudillismo y el centralismo, pero también -más allá de esa meritoria renovación institucional- se fijó un planteo de crecimiento socioeconómico que se apoyaba en dos pilares: la defensa del agua y la promoción de la educación.

Con el tiempo, agotada la influencia innovadora de esa reforma, las instituciones se mantuvieron por inercia, pero los planteos socioeconómicos se fueron alejando de la conducción del Estado para quedar cada vez más en manos privadas, quienes fueron -y son- las que en los hechos definen hoy hacia donde crecerá Mendoza, el uso de sus recursos naturales, de su suelo o de sus servicios públicos, las formas de producción, etc.

Desde Greco a Moneta y sus continuadores, el Estado mendocino viene resistiendo a duras penas el intento de ciertos sectores corporativos empresariales por imponer ellos, en base a sus intereses, la dirección estratégica del crecimiento provincial, en gran medida porque su élite política separó lo institucional de lo productivo, con lo cual la fortaleza institucional sólo sirve para validar legalmente la apropiación de lo público por lo privado o, en el mejor de los casos, para controlar sus excesos, pero jamás para indicarles los grandes lineamientos generales que todo Estado bien plantado debe establecer.

Por eso, en nuestra opinión, el debate constitucional permanece y permanecerá alejado de su posibilidad de concretarse no sólo por los impedimentos jurídicos, sino básicamente porque ninguna reforma institucional puede hacerse si no la acompaña una reforma productiva, salvo que lo único que se quiera es debatir sobre las reelecciones, única razón de ser de prácticamente la totalidad de las reformas constitucionales producidas en la Nación y las distintas provincias desde 1983 a la fecha. En ese sentido, a juzgar por la experiencia, las trabas institucionales locales para reformar y las dudas o indiferencias populares hacia la reforma, son -por buenas o malas razones- anticuerpos positivos contra el caudillismo.
 
Constitución y minería. El gobierno de Pérez se inicia con dos debates, la reforma institucional y el tema minero. Dos debates que separados sólo serán fuente de nuevas decepciones y mayores conflictos, mientras que unidos pueden, quizá, producir algo nuevo.

Está visto que en todo el país, pero particularmente en las zonas andinas, existe un conflicto creciente entre los pueblos y sus gobiernos frente a la cuestión minera. Pueden ser opinables las razones de las protestas, pero no los temores que las motivan. En la memoria histórica popular resuenan no sólo justificadas precauciones ambientales ante la nueva “fiebre del oro”, sino también el recuerdo de aquellas cercanas privatizaciones a precio vil en las que el Estado entregaba no sólo la concesión, sino -de hecho- la propiedad y también el control de la actividad privatizada, creando zonas liberadas de su influencia, o peor, generando un Estado enteramente dependiente de los nuevos dueños particulares de los bienes públicos.

En los ’90 la entrega patrimonial se produjo mediante lo que se dio en llamar el Estado desertor cuya tara no consistía en ceder a privados la administración de servicios públicos sino en que junto a la concesión se entregaba el control y, aún peor, las estrategias de crecimiento del sector.

Hoy, a diferencia de los ’90, no tenemos un Estado desertor sino activo y con discurso desarrollista, pero con muchas prácticas extractivistas, persuadido de que para subsidiar las industrias locales es necesario recurrir a las rentas sojeras, petroleras y mineras. Por lo cual, que esas rentas estén en manos de privados hoy y eventualmente del Estado mañana, no es lo más preocupante para nuestras provincias. Lo grave es que esa lógica extractivista conduce más a pensar en los dineros puntuales y actuales que se pueden obtener de la explotación de tales actividades primarias que en una complejización productiva de las mismas.

Desde esta visión, el interés que el “proyecto nacional” pueda tener en las actividades extractivas se da de bruces con los intereses de los pueblos del interior, particularmente los andinos, que requieren incrementar y diversificar su potencial productivo para efectivamente despegar, pero no a costa de la mera extracción de sus riquezas y los enormes riesgos que ello supone, sin previamente contemplar una estrategia integral de crecimiento para ellos.

Mendoza, en particular, por su mayor diversidad productiva, es vital en este debate y por eso quizá haya llegado su oportunidad: la de destrabar el debate constitucional (que jamás se logrará mientras sólo se limite a las cuestiones institucionales), incorporando al mismo las políticas acerca del agua, del suelo, de la minería, el petróleo y demás recursos naturales... en fin, como en 1916 perfilar una nueva Mendoza productiva a través de un plan estratégico inscripto en nuestra Carta Magna, donde nuestras mejores mentes propongan cómo proteger y proyectar nuestros recursos y que el pueblo lo refrende con su voto.

El desierto está allí, esperando, para ponerse al servicio de todos los mendocinos si alguien es capaz de liderar su conquista. Caso contrario, son muchos los que esperan para hacerlo suyo en contra de nosotros. Pérez tiene hoy la última, o la primera, palabra.