El martes, los sancarlinos cortaron la ruta 40, en Pareditas. (Agencia Valle de Uco / Los Andes)
Tras reconocer que el derecho de cateo concedido a la minera Teck Cominco afecta el área de la reserva natural Laguna del Diamante, el Gobierno ofreció toda la información necesaria al municipio de San Carlos para que elabore su oposición legal a la medida.
Incluso, el secretario de Medio Ambiente, Pablo Gudiño dijo que, de prosperar el aval dado por el Consejo de Minería a la firma canadiense, será su cartera la que tendrá que salir a exigir "que se respeten las leyes de áreas protegidas".
"Veo muy difícil que se pueda explorar alguna vez en esa zona, pues está amparada por varias leyes", expuso el funcionario de Jaque, una vez terminada la reunión que mantuvo ayer con el intendente Jorge Difonso. El sancarlino había pedido la audiencia la semana pasada, después de que se publicara en el Boletín Oficial el edicto que anunciaba la concesión de la mina de oro y cobre (bautizada 'San Carlos') a la empresa de Canadá.
La respuesta gubernamental llegó recién el martes, cuando más de 400 vecinos autoconvocados de ese departamento cortaron la ruta 40 pidiendo que se retirara ese derecho concedido. Ése fue el único punto del petitorio elaborado por los vecinos y presentado ayer por Difonso en la audiencia -de casi una hora- que mantuvo con Gudiño, el ministro de Gobierno, Félix González, y la directora de Minería, Adriana Blesa.
"Fue muy clarificante la reunión. Nos explicaron que los estudios para pedir este cateo se iniciaron en 2000, antes de que fuera sancionada la ley de ampliación de la reserva Laguna del Diamante (2005). Con la actual legislación provincial, cualquier actividad minera en la zona es un delito", argumentó Difonso.
El jefe comunal anunció que antes de que venzan los plazos oficiales -durante diciembre- presentarán las acciones legales para oponerse al edicto.
De todos modos, y "para transparentar el proceso", los funcionarios provinciales entregaron a Difonso una copia certificada del expediente, a fin de que la comuna o cualquier entidad que lo desee cuente con la información pública y fidedigna para presentar su oposición formal.
Gudiño volvió a descartar que se haya otorgado un permiso para explorar o explotar esa mina de oro y cobre. "Sólo se trata de un derecho provisorio frente a un potencial yacimiento. Ahora se abre una etapa en la que los que se oponen pueden presentar sus acciones de amparo ante el Consejo de Minería", aclaró.
Este organismo funciona como cuerpo colegiado (con participación legislativa, ejecutiva y de distintos sectores) que aprueba los permisos y la Dirección de Minería los controla. Será el Consejo quien decidirá si da lugar a las oposiciones y retira el derecho concedido a Teck Cominco o se mantiene firme en su postura inicial.
El municipio sabe que su arma más eficaz radica en hacer valer las leyes que protegen estas áreas de montaña y glaciares reconocidas como reservas hídricas.
"Ése es un punto de distribución de agua para todo Mendoza. Cualquier accidente puede ser irreversible. Allí nace el arroyo El Gorro que alimenta a la Laguna y al Río Diamante, que riega al oasis Sur. También están las cabeceras de algunos de los afluentes del Río Tunuyán, que baña todo el Valle de Uco y la zona Este, -embalse Carrizal de por medio-", había explicado durante el corte del martes, David Funes, un vocero de los autoconvocados.
Desde la secretaría de Medio Ambiente provincial, también reconocen la legislación que protege la zona y el propio Gudiño dice que la harán valer si las acciones del municipio caen. De todos modos, lo que precupa a los sancarlinos es el accionar del Ejército Argentino que ya ha presentado varias acciones de amparo ante la Justicia Nacional cuestionando la constitucionalidad de la ley 6.045 de áreas protegidas, entre otras.
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